José María Gutiérrez es miembro de la División Académica del Instituto Clodomiro Picado y profesor catedrático de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica.

En el contexto de las instituciones que garantizan el funcionamiento del estado social de derecho, las universidades públicas juegan un papel central. Por un lado, constituyen un mecanismo de movilidad social fundamental, el cual es apuntalado con programas de becas y de apoyo estudiantil. Como núcleos de formación de excelencia, aportan al país contingentes de profesionales en todos los campos del saber. Además, son el principal foco de generación endógena de conocimiento mediante la investigación, la cual aborda múltiples temas de relevancia para el país. Estos saberes, a su vez, se vierten a muchos sectores de la sociedad y coadyuvan, de muy diversas maneras, a su bienestar.

El impacto del trabajo de las universidades en la vida nacional es ampliamente reconocido, a juzgar por las encuestas que evidencian la alta valoración que de ellas tiene la población y por los testimonios de muchos grupos del país. Resulta entonces paradójico y preocupante que ciertos sectores políticos y empresariales, y algunos medios de comunicación, tengan en marcha una agresiva campaña de desprestigio hacia estas instituciones. ¿Por qué ese encono?

Partamos del reconocimiento de que las universidades públicas tienen aspectos que mejorar, de lo que las comunidades universitarias somos conscientes. Esto forma parte de una dinámica de crítica y autocrítica continua al interior de estas instituciones, que se nutre de relaciones dialógicas con diversos sectores nacionales.

Tenemos claro que se requiere revisar el sistema salarial universitario, para reducir inequidades, fomentar el desarrollo académico y garantizar la sostenibilidad financiera. Es necesario, además, corregir desviaciones burocráticas que limitan la creatividad y el aporte al país. Los procesos de toma de decisión deben ser más expeditos y con mayor participación de los protagonistas involucrados. Requerimos combatir la autocomplacencia y el conformismo en ciertos ámbitos; y se debe buscar formas renovadas de vínculo con la sociedad.

Pero el hecho de que las universidades públicas, como entes dinámicos y en permanente evolución, deban mejorar aspectos varios de su accionar, no debe ser motivo para generar un cuestionamiento de fondo de su esencia y su funcionamiento, que es lo que subyace en esta campaña de desprestigio. Cabe examinar con perspectiva crítica algunos de estos cuestionamientos.

(1) Se dice que las universidades no contribuyen a la reducción de las brechas sociales a través de la educación, por beneficiar principalmente a estudiantes provenientes de colegios privados y por no atender necesidades de regiones del país más allá del área metropolitana. La evidencia muestra que la gran mayoría del estudiantado de las universidades públicas proviene de colegios públicos e incluye una cuota importante de personas de los quintiles inferiores de ingreso. Además, se cuenta con programas de becas estudiantiles y de atención a las necesidades del estudiantado que coadyuvan en la democratización de la enseñanza. Se han implementado procesos de admisión que favorecen el ingreso de estudiantes de sectores vulnerables. Por otra parte, los programas de regionalización universitaria son plataformas que atienden las necesidades de las diversas regiones del país. Es paradójico que sean precisamente sectores mediáticos, políticos y empresariales conservadores, los cuales han fomentado una agenda política y económica que ha incrementado la inequidad en Costa Rica, los que hagan estas críticas a las universidades.

(2) Se ha planteado que las universidades no administran bien el presupuesto que se les asigna y que no rinden cuentas del mismo; se usa el argumento de que estas instituciones tienen grandes superávits presupuestarios. Los rectores han explicado repetidamente que mucho del superávit se relaciona con proyectos cuya ejecución va más allá de un año fiscal, por la naturaleza de los mismos. En estos casos se requiere que haya superávits para la continuidad del proyecto. Las universidades rinden informes periódicos a la Contraloría General de la República y cuentan con sistemas de información presupuestaria que están disponibles; esto lo corrobora el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense. Además, hay procedimientos internos de ejecución del gasto que se implementan con supervisión de las instancias contraloras. Las universidades públicas manejan su presupuesto de una manera responsable.

(3) Se argumenta que los salarios en las universidades son muy elevados. Efectivamente, existe un sector del personal académico que devenga un salario muy alto, lo cual genera inequidad al interior de estas instituciones y con otros sectores. Esta es una realidad que está siendo discutida en el seno de las universidades, y para lo cual se buscan soluciones; el sistema salarial universitario requiere modificaciones. Pero es falsa la generalización de que todo el personal universitario tiene salarios exagerados, como lo muestran los datos de las oficinas de recursos humanos de estas instituciones.

(4) Algunas críticas apuntan a que las universidades no adaptan sus programas de estudio y agendas de investigación a las necesidades del país. Esto tampoco tiene un fundamento sólido. Las universidades públicas han generado nuevos programas de estudio y carreras y se han adaptado a demandas emergentes de la sociedad, aunque hay tareas pendientes en este sentido. Más aún, las agendas de investigación cubren gran variedad de problemas y necesidades del país. El problema es que algunos conciben las demandas de la sociedad únicamente en términos de las necesidades de una parte del sector empresarial. Las universidades deben responder a las necesidades de este sector, pero su función va mucho más allá, ya que requiere atender la totalidad del país, cuyas demandas son múltiples y heterogéneas. La universidad pública se debe a toda la sociedad.

(5) Se ha promovido la idea de que las universidades públicas son ineficientes con base en un análisis simplista del costo de cada estudiante que gradúan, y comparan estos valores con los de las universidades privadas. Esta visión ignora que una universidad pública no solo se encarga de graduar profesionales, sino que además genera conocimiento con la investigación y transfiere ese conocimiento mediante la acción social, en procesos dialógicos con distintos sectores de la sociedad. Además, son centros de cultura que promueven actividades dirigidas a formar profesionales humanistas y socialmente responsables. Y también desarrollan procesos permanentes de reflexión sobre desafíos del país y la región. El presupuesto universitario cubre todas estas acciones. Juzgar la eficiencia de una universidad dividiendo su presupuesto entre el número de profesionales que gradúa es no entender en qué consiste una institución pública de educación superior.

(6) Se ha cuestionado, utilizando argumentos falaces, el sentido de la autonomía universitaria. Lo que ocurrió con el ingreso de funcionarios de la Fuerza Pública a la Universidad de Costa Rica, y la reacción que esto provocó en la comunidad universitaria, ha dado pie para que determinados sectores banalicen el concepto de la autonomía. La autonomía es un principio clave del funcionamiento de las universidades públicas, ya que les otorga independencia en el cumplimiento de su esencia académica, así como el derecho a administrarse, organizarse y regularse a sí mismas. No constituye, como algunos sectores han planteado, una excusa para no rendir cuentas o para considerarse ‘repúblicas independientes’. Preocupa, por ello, la crítica superficial que se viene haciendo de un concepto que es profundo y fundamental. Y preocupa aún más que esta crítica irresponsable pueda llevar a propuestas de reformas constitucionales en lo concerniente a la autonomía.

Si esta campaña de desprestigio tiene tan poco sustento en los hechos, y se centra en argumentos frecuentemente mal intencionados, cabe preguntarse cuál es el propósito subyacente que la guía.
No se puede disociar este análisis del contexto político nacional y regional. Hay una agenda conservadora en curso que apunta, entre otros aspectos, al debilitamiento de instituciones claves del estado social de derecho, como las universidades públicas. Se centra mucho de la discusión del tema fiscal en la reducción del gasto público, sin dar el énfasis requerido al planteamiento de modelos tributarios más progresivos. Además, se promueve una visión injustamente negativa de las trabajadoras y los trabajadores públicos, como si los principales problemas del país se centraran en este sector y no en un modelo de desarrollo que conlleva inequidad, exclusión y deterioro ambiental.

La ruta hacia una sociedad más próspera e inclusiva transita, necesariamente, por la consolidación del estado social de derecho, lo cual demanda, entre muchos otros elementos, el fortalecimiento de las universidades públicas. Estamos presenciando un enfrentamiento entre visiones contrapuestas de desarrollo y bienestar. Y mal haríamos, en las comunidades universitarias y en otros sectores, en adoptar una actitud pasiva ante algunas iniciativas que están en marcha y cuyas consecuencias, de concretarse, serían nocivas. Es mucho lo que está en juego.

Se requiere discutir ampliamente estos temas en las comunidades universitarias, con participación de docentes, personal administrativo y estudiantes. La defensa de las universidades públicas pasa por la reflexión, la participación y la movilización de sus comunidades, así como por la búsqueda de alianzas con sectores diversos de la sociedad con los que compartimos una visión de país.