Las universidades públicas siempre actúan de acuerdo con la Ley

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), reafirmó que las universidades públicas siempre han estado apegadas a las diferentes normativas nacionales, sometidas a la fiscalización y aprobación de los presupuestos por parte de las entidades correspondientes.

El CONARE y las Universidades Públicas desde el año 2015 iniciaron un estudio actuarial, con proyecciones al año 2050, justamente con el objetivo de analizar y tomar medidas sobre sus ingresos y egresos.  Esta acción fue iniciada incluso antes de que el Gobierno anunciara que el país se encontraba inmerso en una crisis fiscal, reafirmando el compromiso con la mejora constante y el autoanálisis que realizan las universidades estatales. 

Los estudios actuariales han sido la base con la cual las Universidades han planificado una serie de mejoras en su accionar financiero. Algunas de las acciones son:  disminución de incentivos, reajuste salarial no mayor a la inflación, restricción de creación de plazas administrativas, la revisión del tope de auxilio de la cesantía y la incorporación de directrices de eficacia y eficiencia para la sostenibilidad financiera, delineando procesos de austeridad dentro de las instituciones.

Por otro lado, ante la afirmación de que el FEES se financia con deuda, es importante aclarar que la decisión de qué financiar con deuda y qué no, es un argumento técnico o político exclusivo del Ministerio de Hacienda.  Muestra de lo anterior es el hecho de que la Contraloría General de la República aceptó que los recursos del FEES se podrían asignar presupuestariamente con ingresos ordinarios, sin que eso afecte la deuda total del país. Ejemplo de esto, se tiene que del 2006 al 2011 el Presupuesto Nacional estuvo financiado entre un 30% y un 45% con deuda y el FEES se financió en un100% con ingresos corrientes.

Otro de los temas abordados en la Comisión Especial fue el tema de los superávits, al respecto Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de CONARE considera que existe un diferendo entre lo que la Contraloría clasifica como superávit libre, que es básicamente lo que no se ha ejecutado en un año, y los compromisos reales de inversión asumidos por las universidades y que se ejecutan en períodos mayores a un año.

“La Contralora y la Ministra de Hacienda han insistido en que los recursos de los superávits libres de las universidades sean transferidos como parte del presupuesto del FEES. Eso no es posible porque llevaría a incumplir con los compromisos contractuales de obras de infraestructura o adquisición de equipo que están en proceso”, afirmó Jensen.

Por su parte, Marcelo Prieto afirmó que ese diferendo hace que se cree una imagen falsa de que las universidades no ejecutan sus presupuestos, pero en la realidad los presupuestos libres son muy pequeños porque las Universidades tienen una alta ejecución presupuestaria. “Nosotros estaríamos de acuerdo con que el Gobierno recoja todos los superávits libres de todas las instituciones públicas, pero de todas, no solo de las universidades, una vez que se aclare y defina bien qué es o qué no es superávit libre y que es superávit comprometido”, concluyó Prieto.

Tras la propuesta de CONARE, la Comisión Legislativa que estudia el FEES concluyó que se trabajará en una revisión para definir de manera efectiva qué es o no un superávit libre, uno comprometido y uno específico.

Además, CONARE enfatizó que los procesos de planificación que realizan las universidades estatales en cumplimiento del artículo 85 de la Constitución Política, con base en el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) incluye los objetivos y estrategias, así como las metas que se aspiran alcanzar en el quinquenio y cuyo cumplimiento se evalúa con 114 indicadores.