Costa Rica reconoció a Juan Guaidó el mismo día de su proclamación en Caracas como "Presidente encargado de Venezuela", el pasado 23 de enero del 2019 (véase nota de prensacon tweet del Presidente de Costa Rica incluido). El 13 de febrero del 2019, la delegada designada por Juan Guaidó en Costa Rica presentó sus cartas credenciales a las autoridades costarricenses (véase nota de CRHoy). Cabe recordar que en los primeros días del año 2019, el autodenominado "Grupo de Lima", del que forma parte Costa Rica, anunció que no reconocería el segundo mandato del Presidente Nicolás Maduro a iniciarse el 10 de enero (véase nota nuestra sobre este comunicado del "Grupo de Lima" en la que se hace un breve recuento sobre lo orígenes de este peculiar grupo de Estados que surgió a mediados del 2017 luego de fracasar México en un intento por condenar a Venezuela en la Asamblea General de la OEA celebrada en Cancún).
El pasado 15 de febrero, Costa Rica anunció que otorgaría un plazo de 60 días a los representantes diplomáticos de Venezuela designados por el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro para abandonar el territorio costarricense. Precisamente en su comunicado oficial sobre lo acontecido en la sede diplomática venezolana, Costa Rica "expresa su enérgico rechazo con la actuación de la señora representante diplomática María Faría, que ha irrespetado el plazo diplomático de 60 días dado por Costa Rica a los funcionarios del gobierno del señor Nicolás Maduro para abandonar el país".
El texto integral del comunicado oficial de Costa Rica se reproduce al final de la presente nota.
Una situación al parecer inédita en el continente americano
El pasado 21 de febrero de 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel E. Ventura Robles, recibió a la señora María Faría, representante diplomática del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Por su parte, en Perú, las cartas credenciales a las autoridades peruanas fueron presentadas por los delegados designados por Juan Guaidó tan solo el 21 de febrero del 2019 (véase comunicado oficialde Perú), habiendo manifestado estos delegados no requerir de una embajada en Lima (véase cable de la agencia EFE del 6/02/2019).
De igual forma, el 21 de febrero fue la fecha escogida por Colombiapara recibir las credenciales del nuevo representante venezolano (véase nota de prensa de El Espectador): no se sabe aún cuando ni cómo procederán estos nuevos delegados a tomar posesión de la sede diplomática venezolana en Bogotá, ni si optarán por la solución de sus colegas en Lima.
Las reglas del derecho internacional aplicables a las sedes diplomáticas
Las reglas aplicables que derivan del derecho internacional público en materia de seguridad de sedes diplomáticas por parte del Estado receptor y de nombramiento de representantes diplomáticos por parte del Estado acreditante, estan reunidas en la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas (véase texto completo). La seguridad de los locales de la sede diplomática recae en el Estado receptor (Artículo 22), precisando la convención de 1961 que "Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión".
Pese a haber sido invocadas por algunos analistas costarricenses, no se encuentra en esta convención disposición alguna referente a una situación tan peculiar en la que una misma sede diplomática es pretendida por dos autoridades desde su capital, con una (al parecer) más urgida que la otra por ocuparla.
La precitada convención tampoco precisa cuáles son los plazos que deben los Estados reconocerles a los diplomáticos de un Estado que dejan sus funciones oficiales y que deben regresar a su capital.
Una "urgencia" que merece una explicación: breve tentativa
No se tiene mayor claridad sobre la inusual interpretación dada al plazo oficial otorgado por Costa Rica de 60 días por parte de los delegados de Juan Guaidó en Costa Rica, y no ha habido mayor precisión al respecto por parte de estos últimos en sus declaraciones públicas.
La urgencia con la que los representantes de Juan Guaidó quisieron asumir el control de la Embajada de Venezuela en Costa Rica posiblemente guarde alguna relación con el momento de extrema tensión que se vivió en esta tercera semana de febrero. En efecto, este insólito episodio entre Costa Rica y Venezuela se dió a pocas horas del 23 de febrero, fecha escogida por Juan Guaidó para anunciar a la comunidad internacional la entrada de la denominada "ayuda humanitaria" a Venezuela enviada desde Estados Unidos a Colombia, y considerada como una "farsa" por parte de las máximas autoridades venezolanas.
El uso de comillas por parte nuestra se debe al hecho que en derecho internacional público, la ayuda humanitaria responde a varios criterios: la misma Cruz Roja colombiana se negó a participar a la entrega de esta denominada "ayuda humanitaria" al no cumplir con varios principios angulares en materia de asistencia internacional humanitaria. China había advertido del riesgo de confrontación que supone esta "ayuda humanitaria" no solicitada, ni autorizada por el Presidente Nicolás Maduro (véase cable de prensa de RCN); al tiempo que la Unión Europea (UE) desplegó una intensa actividad diplomática en aras de acompañar a Venezuela en una salida negociada a la crisis institucional que se ha agudizado desde el mes de enero del 2019 (véase nuestra breve nota titulada "La declaración del Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela adoptada en Montevideo: una breve puesta en contexto").
El mismo 22 de febrero, el jefe de la diplomacia venezolana se reunió en Nueva York con el Secretario General de Naciones Unidas sobre la ayuda humanitaria que Naciones Unidas prevé canalizar y enviar a Venezuela, de conformidad - esta vez sí - con los principios aplicables en materia de ayuda humanitaria, incluyendo el consentimiento de las autoridades del Estado beneficiado por esta ayuda (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). Nótese que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es la entidad que usualmente distribuye, en coordinación con Naciones Unidas, la ayuda humanitaria en situaciones de crisis.
El mismo 23 de febrero fue la fecha escogida por Venezuela para anunciar la ruptura de sus relaciones diplomáticas y consulares con Colombia (véase comunicado oficial titulado "Venezuela anuncia ruptura integral de relaciones diplomáticas y consulares con Colombia").
Cabe señalar que los Presidentes de Chile, Colombia y Paraguay viajaron personalmente a Cúcuta (ciudad fronteriza colombiana) para presenciar y apoyar la distribución de la denominada "ayuda humanitaria" proveniente de Estados Unidos y Chile a Venezuela este 23 de febrero: se trata de tres Jefes de Estado que posiblemente hayan aceptado lo que otros igualmente solicitados rechazaron. No se tiene claridad sobre la modalidad escogida y el papel que jugaron estos tres Jefes de Estado cuando mandos militares a cargo de las fuerzas de seguridad venezolanas se opusieron y bloquearon el acceso de la denominada "ayuda humanitaria" a territorio venezolano. El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera de Venezuela con Brasil, desde cuyo territorio también se planeaba enviar "ayuda humanitaria" a Venezuela (véase nota de prensa de la BBC del 21/2/2019).
Más allá de algunas (falsas) expectativas creadas por algunos sectores políticos y gran cantidad de medios internacionales sobre lo que podría ocurrir este 23 de febrero en Venezuela, la iniciativa de enviar y de distribuir "ayuda humanitaria" desde el territorio de Brasil y de Colombia contra la voluntad de las autoridades que mantienen el control del territorio de Venezuela (y en particular de sus fronteras) plantea algunos desafíos a algunas reglas (muy básicas) del derecho internacional público: resulta a todas luces sorprendente ver a tres Jefes de Estado en ejercicio apoyarla personalmente in situ desde la ciudad de Cúcuta.
A modo de conclusión
No cabe duda que lo ocurrido en la sede diplomática venezolana en Costa Rica durante esta semana resulta desde todo punto de vista inédito en los anales de la diplomacia costarricense. Coïncidió con un asalto en Ecuador el mismo día a la sede consular de Venezuela (véase nota de prensa El Comercio del 20/2/2019). Fue también precedido por el "hackeo" de los sitios de varias embajadas de Venezuela en América Latina hace una semana (véase nota de prensa del Clarín del 7/02/2019).
Desde la perspectiva jurídica, es muy posible que este extraño episodio en Costa Rica lleve a otros Estados a precisar de manera más clara las condiciones de salida del equipo anterior de diplomáticos venezolanos y el momento del traspaso de la legación diplomática a sus nuevos ocupantes; así como el acceso a las llaves de la sede diplomática, a la sede como tal y sus diversas dependencias, a las cuentas bancarias, a las distintas claves en materia de comunicación y a otros datos por parte de los nuevos delegados venezolanos.
El 25 de febrero, el denominado "Grupo de Lima" adoptó en la capital colombiana una nueva declaración sobre la situación en Venezuela, esta vez sin poder contar con la firma de Costa Rica, Estado que - al parecer - no envió, desde su capital San José, delegado alguno a la cita (véase texto integral de esta declaración conjunta reproducido al final de esta breve nota nuestra).
-----
Texto completo del comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, el pasado 20 de febrero del 2019
"Ministerio de Relaciones Exteriores deplora ingreso inaceptable de diplomáticos a sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica
San José, 20 de febrero de 2019. El Ministerio de Relaciones Exteriores deploró el inaceptable ingreso a la sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, por parte de personal diplomático del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó.
Para el Gobierno de Costa Rica tal procedimiento es inaceptable pues lesiona elementales normas diplomáticas de respeto y confianza de las relaciones en la comunidad internacional, y sobre todo, del derecho internacional.
En este sentido, expresa su enérgico rechazo con la actuación de la señora representante diplomática María Faría, que ha irrespetado el plazo diplomático de 60 días dado por Costa Rica a los funcionarios del gobierno del señor Nicolás Maduro para abandonar el país.
Por tal motivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta que en las próximas horas entregará una nota diplomática a la señora representante diplomática, María Faría, en relación con lo sucedido.
Comunicación Institucional
(386 CR VEN embajada)
Miércoles 20 de febrero de 2019".