El Consejo Nacional de Rectores (Conare) refutó las declaraciones de la Contralora, Marta Acosta, realizadas el lunes, en la Comisión Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), sobre la planificación y la rendición de cuentas de las universidades públicas.
A pesar de que es práctica usual el envío de los informes a la Contraloría General de la República, por parte del Consejo Nacional de Rectores y las Universidades Estatales, se envió a la Contralora, mediante oficio OF-CNR-20-2019, del 5 de febrero y firmado por el Presidente del Conare, Henning Jensen, los informes de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de la Educación Superior Planes 2016-2020, correspondientes a los años 2016 y 2017, además se le indicó el proceso con el cuál se realizó dicho seguimiento y monitoreo, el cual se detalla:
El proceso parte de los indicadores que fueron definidos en la formulación del Planes 2016-2020.
En el año 2016, la Comisión de Directores de Planificación designó a la Subcomisión de Indicadores para que realizara el seguimiento. Este equipo elaboró la metodología con la cual realizaría el monitoreo y seguimiento, la cual fue aprobada por la Comisión de Directores de Planificación en la sesión 04-17 del 04 de mayo de 2016.
Durante el año 2017 se inició con la recopilación y procesamiento de los datos 2016, para los indicadores establecidos, con los que se elaboró el documento “Informe ejecutivo de seguimiento y monitoreo del Planes 2016-2020, Logros 2016” que fue aprobado por la Comisión de Directores de Planificación en el mes de noviembre de 2017.
La Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), a partir de los compromisos definidos en el Acuerdo de Financiamiento de la Educación Superior del año 2016, elaboró una propuesta de indicadores y la hizo del conocimiento de la Comisión de Directores de Planificación para sus observaciones.
Una vez logrado el consenso de los indicadores, que se utilizarían para dar seguimiento a los compromisos de las universidades suscritos en el Acuerdo de Financiamiento, la Oficina de Planificación de la Educación Superior, recolectó la información correspondiente a estos indicadores y elaboró el documento “Indicadores para el seguimiento del artículo 7 del Acuerdo de financiamiento del FEES 2016”.
Para el seguimiento y monitoreo del Planes 2016-2020 correspondiente al año 2017, el informe se trabajó de la misma forma que el año anterior, con la Subcomisión de Indicadores, y la recolección de datos de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Financiamiento de la Educación Superior. OPES recolectó la información y la procesó.
Para dar cumplimiento al articulado del Acuerdo de Financiamiento para la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES), desde que fue firmado en agosto de 2015, con vigencia para el año 2016, en el que se establece que el monitoreo de los compromisos de las universidades en dicho acuerdo se realizará mediante las acciones de seguimiento del PLANES vigente, se procedió a integrar en un solo documento los indicadores originalmente incluidos en el PLANES 2016-2020 y los indicadores acordados con el Gobierno para el cumplimiento del artículo 7.
Producto del proceso anterior se elaboró el documento denominado “Informe de seguimiento del PLANES 2016-2020, Logros 2017: Incluye indicadores relacionados con la cláusula 7 del acuerdo de financiamiento FEES”.
En el sitio web http://siesue.conare.ac.cr/plan-nacional-de-educacion-superior-universitaria-estatal-planes/planes-2016-2020.html se encuentran disponibles los documentos elaborados para dar seguimiento a los avances en materia de Planes 2016-2020, de los compromisos del Acuerdo de Financiamiento de la Educación Superior, correspondientes al año 2016 y 2017.
Las universidades públicas rinden cuentas a la ciudadanía y a las instancias correspondientes brindando acceso a la información clara, suficiente, relevante y oportuna, como parte de la transparencia que es prioridad y distingue la gestión universitaria.
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Las universidades públicas son ejemplo de los procesos de transparencia, lo cual queda reflejado en el estudio anual del Índice de Transparencia en el Sector Público Costarricense (ITSP), elaborado por la Defensoría de los Habitantes, en donde ocupan altas calificaciones por la promoción de una cultura institucional orientada hacia buenas prácticas de acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos, a través de los sitios web.