Laura Rodríguez Rodríguez

El pasado miércoles 20 de noviembre, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) presentó el plan de acción 2019-2022 correspondiente a la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) 2018-2030. El reto al que se le está apuntando con prioridad es la territorialización de la política pública.

Esta política pública traza una ruta para resolver un problema social y, por ello, debe ser un instrumento cuasinormativo, debe ser un marco ideal de la gobernanza para articular diversos actores a lo largo y ancho del país. Es una gesta importante hacer llegar las soluciones propuestas a todas las personas que habitan en el territorio nacional, considerando sus características sociales, económicas y políticas.

El trabajo se debe realizar en medio de un contexto conservador que genera ruido en el debate público y en la agenda política, la cual —en este caso— busca una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en cuatro ejes de trabajo: 1) cultura de los derechos para la igualdad, 2) distribución del tiempo, 3) distribución de la riqueza y 4) distribución del poder. Cada uno de ellos cuenta con sus respectivas acciones, metas, indicadores e instituciones públicas que pueden ejecutarlas.

Por ello, se debe lograr que los diversos actores (públicos, empresariales, sociedad civil) coordinen —por medio de una red de trabajo flexible y adaptable— la ruta trazada por la institucionalidad que representa la política pública. La territorialización permitirá precisamente integrar actores, visiones e intereses, así como reajustar la ejecución de acciones de acuerdo con el contexto territorial.

Este contexto territorial debe reconocer las múltiples realidades dentro del contexto nacional, no es lo mismo vivir en el Área Metropolitana que vivir en las zonas rurales y costeras. Por lo tanto, el planteamiento de acciones de la política pública deberá ser diferenciado. Con esa diferencia se deberán priorizar acciones enfocadas en el desarrollo social, económico y político, fuera del centro, que a su vez mejoren la eficacia y efectividad en la implementación de la política pública.

Ahora bien, ¿cómo se puede territorializar esta política pública? La primera forma sería con la articulación institucional público-público, donde las oficinas regionales del Inamu y las Federaciones Municipales se pongan de acuerdo para trabajar en algún tipo de reconocimiento a los gobiernos locales que prioricen y ejecuten programas o proyectos vinculados con las acciones de la política pública. Lo importante es evidenciar y visualizar las acciones que se lleven a cabo en el ámbito cantonal como nodo crítico para efectuar acciones a nivel comunal y regional.

La segunda sería por medio de alianzas público-sociedad civil organizada, donde se involucren asociaciones de desarrollo, fundaciones u otras organizaciones de base comunitaria, que puedan plantear métodos de reajuste de las acciones para ser implementadas en las comunidades por ellas mismas. Esto en un principio de cocreación y colaboración. La tercera sería por medio de una Plataforma de Territorialización, al establecer redes o mesas de trabajo con reglas claras que conformen un modelo de gobernanza que reconozca las distancias y recursos de cada territorio.

Por supuesto, existen importantes desafíos para ejecutar el plan de acción 2019-2022 de la PIEG, sobre todo para crear la Plataforma Territorial. Entre ellos, lograr tener la capacidad de adaptarse a los diversos contextos del territorio; por esto, el cómo territorializar tiene que ir de la mano con un esquema de regionalización de la política pública. Cada región tendrá el reto de priorizar las acciones que pueden tener mayor impacto positivo directo en la vida de las personas y, de paso, conseguir aliados comprometidos con ejecutar las acciones determinadas. Las formas de la participación ciudadana deberían ser replanteadas para que sea efectiva y sostenible en el tiempo.

Sin embargo, hay oportunidades que pueden ser bien aprovechadas por parte del Inamu, por ejemplo, existe un excelente trabajo previo de análisis e identificación de acciones y responsables. Las acciones planteadas son medibles, por lo tanto, deben ser sujetas a una evaluación durante sus ejecuciones para valorar ajustes producidos por el contexto territorial. Asimismo, hay debate público constante, lastimosamente prevalecen los hechos y prejuicios sobre las mujeres. Por esto, se debe plantear una estrategia mediática para balancear la agenda pública con la agenda política.

Por último, las redes sociales juegan un papel importante con actores que se pueden convertir en relevantes para sensibilizar respecto a los ejes definidos de la PIEG. Además, pareciera existir una mayor conciencia y/o sensibilidad por parte de la población joven a los temas de igualdad y equidad, lo cual hace que sea posible territorializar la política pública si se aprovechan los medios digitales.

Por ello, como población universitaria, podríamos llevar a cabo iniciativas desde las aulas, el trabajo comunal universitario y desde otras proyectos de vínculo universidad-sociedad, donde podamos estar presentes con actividades alineadas a las acciones del Plan de Acción 2019-2022 (presentado por el Inamu) y que también puedan ser aplicadas a lo interno de nuestra Universidad con el fin de ir avanzando en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Nos merecemos un país con menos desigualdades. En este sentido, apoyar la implementación de la PIEG se vuelve un deber de la ciudadanía activa y consciente para construir un mejor futuro.