El Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, detalló algunas de las 24 medidas de contención del gasto que la institución ha puesto en práctica en los últimos años para mantener la sostenibilidad financiera. Así lo expresó ante la comisión legislativa que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior FEES.
Desde el 2014 y hasta el 2020, se proyecta que la institución ahorraría con estas medidas más de ¢15 000 millones, principalmente por la disminución del porcentaje de la anualidad (que pasó del 5,5 % al 3,75 %, y que solo entre el 2019 y 2020 representa un ahorro de más de ¢11 000 millones), pero también por mayor rigor en el otorgamiento de dedicaciones exclusivas y modificaciones en la concesión de incentivos por méritos académicos (que han sumado más de ¢4000 millones del 2015 al 2018).
A estas medidas se adiciona el establecimiento de una nueva fórmula para el cálculo del reconocimiento por crecimiento del costo de vida, negociada con la nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT), que permite que los incrementos salariales se limiten al monto de inflación. También han reportado ahorros por cambios en la autorización de suplencias, la disminución de horas extra y la reducción del consumo de combustible (potenciado gracias a la compra de vehículos eléctricos o híbridos, en línea con las políticas ambientales de la institución), entre otros.
Sin embargo, datos proporcionados por la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) a solicitud del rector y los cuales fueron dados a los legisladores, indican que en el escenario supuesto, de no tomarse más medidas, podría haber un déficit en las finanzas institucionales en los próximos años.
“Hay que establecer límites al crecimiento vegetativo de los salarios. El régimen salarial debe ser revisado y tomar más decisiones en ese sentido. Tenemos que ser capaces de hacer sostenible el sistema salarial por medio de una estructura que favorezca la equidad y donde se priorice el régimen de méritos y desempeño, sobre el crecimiento por antigüedad”, subrayó Jensen.
Para evitar este panorama, desde el año 2014 la administración universitaria ha realizado las gestiones necesarias para mejorar la situación.
“Lo que se ha hecho a partir del 2014 hasta la fecha ha dado resultados positivos, no obstante la situación financiera actual es totalmente diferente y hay que tomar más medidas para controlar el gasto institucional”, aseveró Jensen Pennington.
Para que la Universidad pueda asegurar su sostenibilidad financiera, a criterio del rector, se debería denunciar nuevamente la Convención Colectiva, ya que esta tiene una vigencia de 3 años. Esto corresponderá hacerlo a la próxima persona que ocupe la Rectoría.
Además manifestó que otra medida que es necesario tomar, pero que se sale de su competencia, es ponerle un tope de tiempo a la anualidad.
Aparte de estas medidas el rector mencionó que la Universidad enfrenta una serie de retos que deben tomarse en cuenta, entre ellos destacó tener una mayor incidencia en la calidad de la educación secundaria, mediante programas y acciones afirmativas; avanzar hacia una mayor flexibilidad en los programas de estudio de manera que se pueda responder de forma ágil a los cambios científicos y tecnológicos; fomentar el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de opciones académicas de manera sistémica y estructural; y fortalecer el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer académico.
Durante la presentación, los diputados insistieron en cuestionar las motivaciones de las universidades públicas para marchar a Casa Presidencial el pasado 22 de octubre, para lo que el Dr. Jensen fue enfático en aclarar que con el redireccionamiento de 70 mil millones del FEES a gastos de capital, sí existía una amenaza real para distintos programas, entre ellos las becas, acción social e investigación, incluso con el traslado que se hizo, la UNED y el TEC podrían ver afectado su funcionamiento.
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