Estudiantes logran un acuerdo histórico para participar con los rectores universitarios en la negociación del FEES

Durante la reunión en Casa Presidencial, las representaciones de las federaciones estudiantiles reafirmaron el rol fundamental del alumnado en los procesos de negociación y toma de decisiones. Foto: Anel Kenjekeeva.

La anulación del desvío de ₡35 000 millones para gasto de capital y el acuerdo de no crear ninguna nueva clasificación de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no fueron los únicos logros alcanzados tras la marcha multitudinaria convocada por el movimiento estudiantil el martes 22 de octubre.

A raíz de la convocatoria, los jóvenes también lograron un acuerdo histórico con el Consejo Nacional de Rectores (Conare): ser parte de la Comisión de Enlace, ente encargado de negociar el monto del FEES, en el cual no existía ninguna representación estudiantil.

“Lo ocurrido en los últimos días dio cabida a la importancia de la representación estudiantil en espacios para la toma de decisiones, tanto a lo interno como a lo externo de las universidades públicas. Por ejemplo, en la Comisión de Enlace. Es importante indicar que se han generado varias críticas a la forma en cómo se invierte el dinero en las universidades públicas. Por eso, nosotros como movimiento estudiantil nos comprometemos a ser críticos sobre la forma en cómo se invierten los recursos a nivel interno, en el marco de la autonomía, para crear una sociedad más democrática y justa”, manifestó Andrea Chacón Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).

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Con este nuevo acuerdo, se modificará el convenio que coordina la educación superior pública costarricense. Así, los representantes estudiantiles de las diversas universidades públicas podrán tener una voz, aún más activa, cuando se realicen las negociaciones.

“El involucramiento de los estudiantes en la Comisión de Enlace es una decisión que responde a un propósito de décadas articulado por las representaciones estudiantiles. El Gobierno de la República ha expresado su concordancia con la respuesta emanada por Conare. También, se compromete a realizar las gestiones pertinentes para garantizar la adecuada operación planificada por las universidades públicas en el ejercicio de su independencia funcional en ejercicio del autogobierno y la autoadministración”, dijo el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Henning Jensen Pennington.

Para que el acuerdo se concrete aún falta que el presidente de la República, Carlos Alvarado, emita el decreto ejecutivo destinado a modificar oficialmente la forma en cómo se integra la Comisión de Enlace. Dicho cambio entrará a regir una vez que sea ratificado por los consejos universitarios de las universidades públicas.

Acuerdos claves

Otra de las decisiones tomadas el 22 de octubre fue reclasificar los gastos considerados como corrientes para contabilizarlos como gastos de capital. Lo anterior permite que, a lo interno de las universidades, un total de ¢35 000 millones pasen de la línea de gasto de capital a la línea de gastos operativos, lo cual mejora el uso de los recursos.

De igual forma, se habló sobre la posibilidad de que el FEES se negocie de manera quinquenal —en la medida que la situación financiera del país lo permita, a fin de asegurar el pleno disfrute del derecho a la educación— y que las únicas clasificaciones permitidas serán aquellas aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas. Esto en el marco del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), en el cual se incluye el componente de gasto de capital.

Los acuerdos establecidos permitirán que las universidades públicas realicen sus labores normales y puedan responder a los compromisos adquiridos con la población estudiantil. Entre ellos, proporcionar becas, contratar docentes, fortalecer la oferta de cursos, así como robustecer el funcionamiento de las sedes, recintos, docencia, acción social e investigación.

La marcha salió del pretil de la Sede Rodrigo Facio rumbo a Casa Presidencial. La movilización se denominó "Somos U públicas" y fue convocada por el movimiento estudiantil.

La manifestación se generó luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara el desvío de ¢70 000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a inversión de capital, lo cual imposibilitaba usar ese dinero en otros rubros como becas, investigaciones y proyectos de acción social.