M. Sc. Alejandro Alvarado, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, UCR. Karla Richmond

Prácticamente, desde el inicio de su mandato, el Gobierno de Carlos Alvarado ha debido enfrentar reiteradas oleadas de protesta social como consecuencia de una serie de políticas y proyectos impulsados durante su gestiónⁱ. Las mismas han tenido como protagonistas a distintos actores, desde las organizaciones sindicales hasta los sectores de estudiantes y de transportistas pasando por las organizaciones feministas, entre otros.

A dichas protestas, el gobierno ha contestado mediante la combinación de estrategias de contención que han incluido la negación y postergación de las demandas, la represión de las protestas y la negociación. En el caso de está última estrategia, su uso se ha limitado casi que únicamente a momentos en los que los conflictos han llegado a un punto de confrontación tal que ponen en riesgo, el normal funcionamiento de la economía nacional o la prestación de servicios públicos, como la salud o la educación.

Este artículo pretende contribuir a las discusiones sobre la coyuntura social y política nacional, mediante la exposición de datos referidos a la protesta social generados en el marco del proyecto PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR). Específicamente, se ofrecen datos registrados para el tercer trimestre del 2019 (julio-setiembre) relacionados con los repertorios de protesta, los actores demandantes, las demandas y los actores demandados.

Costa Rica: la protesta social en el tercer trimestre del 2019

Durante el tercer trimestre del 2019, se registraron un total de 272 acciones de protesta en todo el país. En comparación con los dos trimestres anteriores, el tercero se colocó en el segundo lugar en términos de la frecuencia de acciones de protesta, siendo superado por el segundo trimestre (mayo-junio) en el que se registraron 299 protestas. Por su parte, como es usual, el primer trimestre (enero-marzo) fue el de menor cantidad con 100 protestas (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Costa Rica: Distribución de las acciones de protesta según el primer, segundo y tercer trimestre del 2019. Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica, IIS-UCR.

En términos geográficos, San José fue la provincia con la mayor cantidad de protestas con un total de 73, seguido de Alajuela con 30 y Puntarenas con 21 (ver protestas.iis.ucr.ac.cr).

El mes de julio fue el de mayor cantidad de protestas, sumando un total de 138. Las acciones de estudiantes iniciadas en junio y continuadas en julio, desembocaron en la salida de Edgar Mora como ministro de Educación. Asimismo, el sector de transportistas tomó las calles para denunciar los posibles efectos que la entrada del cobro del Impuesto de Valor Agregado (IVA), implementado como parte de la Ley N.º 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tendría sobre el sectorⁱⁱ.

Por su parte, las organizaciones sindicales del sector salud se declararon en huelga contra la misma ley, pero en este caso por las implicaciones de los títulos relacionados con el gasto público. En agosto, este mismo tema generó que dichas organizaciones retomaran las calles.

En cuanto a los repertorios de protesta, la declaración pública, el bloqueo y la concentración fueron los tipos más usados durante el período (ver tabla 1). Tal como ha sido la tendencia desde el inicio del gobierno de Alvarado, la calle ha sido un escenario central para dirimir los conflictos entre los diferentes actores políticos, registrándose un incremento de los repertorios contenciosos, principalmente el bloqueo que fue el formato más usado en julio y el segundo más recurrido en agosto y setiembre.

Tabla 1. Costa Rica: repertorios de protesta para los meses de julio, agosto y setiembre de 2019

^1/ El dato refiere a la cantidad de días huelgas registrados, no a la cantidad de huelgas. Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica, IIS-UCR.

En el caso de los actores demandantes, destacaron dos: las personas trabajadoras, sobre todo del sector público, y estudiantes de secundaria que, en conjunto, fueron protagonistas en el 79% de todas las acciones de protesta ocurridas en el trimestre.

Durante este trimestre también fueron reiteradas las declaraciones públicas de los sectores empresariales, en la mayoría de los casos representados en la UCCAEP, contra las acciones de protesta de las organizaciones sindicales y los acuerdos entre estas y el ejecutivo en el caso de la huelga en la CCSS. También para apoyar el proyecto de Ley N.º 21049 y las propuestas hechas por algunos diputados en temas como la suspensión en el pago de salarios. Incluso en julio, la UCCAEP solicitó, mediante una carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Trabajo, la disolución de la ANEP por su participación en bloqueos. Sobre este último tema, diferentes cámaras empresariales como la CADEXCO, la CNAA y la CICR, entra otras, reclamaron cero tolerancia contra los cortes de calle ocurridos en julio (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019a). Lo mismo ocurrió en agosto pero contra los acuerdos firmados el 12 de ese mes para poner fin a la hulega en el sector de la salud (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019b).

Las principales demandas giraron en torno a las disputas ocasionadas por la implementación de la Ley N.º 9635 y sus efectos sobre diferentes sectores. De la misma manera, el impulso a otros proyectos de ley como el N.º 21049 para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos y el N.º 20786 de Educación Dual, sacaron a las calles a sectores estudiantiles y sindicales que, en determinados momentos, consiguieron el apoyo de otros actores como los transportistas (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019a, 2019b y 2019c).

En concordancia con lo anterior, el poder ejecutivo y el legislativo fueron los actores más interpelados durante el período, con el 61% de las protestas dirigidas en su contra.

A manera de cierre

En términos de la protesta social, el tercer trimestre del 2019 presentó una ligera baja en comparación con el segundo trimestre, que se mantiene como el período de mayor conflictualidad social del presente año. No obstante, luego del mes de junio, los meses de julio, agosto y setiembre (en ese orden) han sido los de mayor cantidad de protestas en el transcurso del año.

Las tensiones generadas por la entrada de la Ley N.º 9635 y por los proyectos N.º 21049 y N.º 20786 ocuparon el centro de las agendas de los actores demandantes, los cuales recurrieron a distintos repertorios de acción, institucionales y no-institucionales por igual, para tratar de frenar su tramitación.

En lo inmediato, la coyuntura del tercer trimestre, como la del segundo, pareciera estar marcada por la decisión de otros actores de sumarse a las protestas sostenidas por las organizaciones sindicales. Tanto el sector de estudiantes como el de transportes fueron dos actores que contribuyeron a incrementar las acciones de protesta, tras un período donde la conflictualidad social estaba siendo determinada casi que únicamente por las y los trabajadores del sector público.

Asimismo, como se mencionó en la introducción, desde el inicio de su mandato, el gobierno de Alvarado ha enfrentado un incremento sostenido de la protesta social, lo cual contrasta con la tendencia detectada durante el gobierno de su antecesor y compañero de partido, Luis Guillermo Solís, quien consiguió reducir la protesta año con año.

Pareciera que son dos los factores que están determinando esta tendencia registrada desde mayo de 2018. En primer lugar, la presencia de un entorno político cerrado para los actores demandantes, lo cual se manifiesta en el “cierre” institucional que experimentan a la hora de colocar sus demandas y en la falta de mecanismos de diálogo y negociación que los incluyan en las discusiones sobre temas prioritarios para el país como el plan fiscal o la reforma en el empleo público. Esto se ha traducido en una mayor confrontación reflejada en el incremento de las acciones callejeras como los bloqueos, las marchas y las huelgas. Indudablemente, la huelga de setiembre-diciembre de 2018 es el acontecimiento reciente que está marcando la dinámica entre los actores de la contienda política en Costa Rica, de lo cual el proyecto de Ley N.º 21049 es una manifestación. Dicho proyecto de ley, lejos de contribuir a crear espacios de interlocución entre los diferentes actores, pretende reducir los márgenes de acción de las organizaciones sindicales, en medio de un clima político-ideológico crecientemente autoritario y antisindical.

El segundo factor, íntimamente relacionado con el primero, es la configuración de un bloque hegemónico de poder compuesto por el poder ejecutivo y legislativoⁱⁱⁱ, las cámaras empresariales, bajo la dirección de la UCCAEP, y las empresas de comunicación. Dichos actores se han estructurado como un bloque cohesionado y excluyente, a la hora de impulsar los proyectos considerados estratégicos para sus intereses, como fue el caso de los proyectos N.º 20580 y 21049.

Considerando este escenario, la coyuntura inmediata no pareciera indicar un cambio en los patrones de acción de este bloque hegemónico que continúa impulsando sus proyectos, por lo que la determinación de lo que ocurra en los meses siguientes en términos de la protesta social, estará marcado en buena medida por la capacidad que tengan los actores de la protesta, particularmente las organizaciones sindicales, para articular-se con otros actores de cara a resistir los embates de lo que parece una nueva ronda de políticas neoliberales en el país.

Referencias bibliográficas

Alvarado, A.; Cortés, S. y Sáenz, R. (2019a). Cronología de la Protesta Social Julio 2019. San José: IIS-UCR. Disponible en https://protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/179

Alvarado, A.; Cortés, S. y Sáenz, R. (2019b). Cronología de la Protesta Social Agosto 2019. San José: IIS-UCR. Disponible en https://protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/180

Alvarado, A.; Cortés, S. y Sáenz, R. (2019c). Cronología de la Protesta Social Setiembre 2019. San José: IIS-UCR. Disponible en https://protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/181

i Desde luego, no todas estas fueron formuladas por Casa Presidencial ni por el partido de gobierno. No obstante, todas han contado con el apoyo expreso de Alvarado y los miembros estratégicos de su gabinete.