¡Cuidemos la democracia! Grupo ciudadano presenta acción de inconstitucionalidad a favor de la independencia judicial

En conferencia de prensa el pasado 8 de octubre, 2019 en las instlaciones de CEJIL.  El abogado Walter Antillón Montealegre; la directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil ), Marcia Aguiluz; la bioeticista Gabriela Arguedas y el periodista Héctor Ferlini Salazar ambos de la UCR.  Karla Richmond

El pasado 11 de setiembre, más de treinta personas, entre las que destacan personalidades del mundo académico, científico, cultural y de los derechos humanos, presentaron una acción de inconstitucionalidad en relación con los procedimientos para elegir los puestos vacantes de la Corte Suprema de Justicia. A la fecha, el grupo no ha recibido respuesta de la Sala IV.

El destacado abogado Walter Antillón Montealegre, uno de los firmantes, explicó que la Constitución Política le ha asignado la tarea de la elección de magistrados y magistradas a la Asamblea Legislativa, una tarea que no ha sido asumida con responsabilidad, pues se han hecho nombramientos políticos e incurrido en déficit constitucional, pues se nombra a la magistratura para que vayan a la Corte Suprema a realizar los intereses de esas cúpulas.

Por su parte la bioeticista y farmacéutica, Gabriela Arguedas, señaló que esta acción es un ejercicio ciudadano impostergable pues preocupa el silencio de la Sala Constitucional, que recibió el recurso desde el 11 del mes anterior.

Los firmantes, entre los cuales destacan docentes e investigadores de la Universidad de Costa Rica advierten que en caso de rechazo de la acción, los promoventes acudirían a instancias internacionales.

Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó que en la actualidad la entrevista que los diputados y diputadas hacen a los candidatos tiene un valor del 40% de la calificación, y es en este aspecto donde los y las candidatas a la magistratura son mal evaluados. El objetivo es que se cambien los criterios de evaluación de las entrevistas y que los diputados y diputadas justifiquen su voto en votaciones públicas y fundamentadas.

 

“Este es un ejercicio político de la ciudadanía frente a una crisis democrática, por una relación problemática de influencias que aunque sea costumbre, no significa que deba ser tolerado. La corrupción tiene efectos y es una enfermedad que no debe seguir expandiéndose” señaló la Dra. Gabriela Arguedas, UCR.

Los y las accionantes expresaron su preocupación por esta demora y llamaron a la ciudadanía a sumar carta de apoyo.

En su texto, el recurso de inconstitucionalidad presentado solicita a la Sala Constitucional, ordenar a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa que respete la Constitución Política costarricense y las obligaciones internacionales sobre este tipo de procesos, incluyendo el plazo para la designación, en la que constantemente se incurre en mora. Se cuestiona además la alta discrecionalidad de las y los diputados, que no rinden cuentas por la elección que realizan.

La acción presentada también señala que, a diferencia de otros procesos de ingreso a la función pública, cuando se trata de nombrar o valorar la permanencia de las personas que integran la Corte Suprema de Justicia, las y los diputados no valoran adecuadamente los méritos profesionales y, en los últimos casos (re-elecciones), descienden al análisis de resoluciones. Ello podría tener como consecuencia el nombramiento de personas que no cuentan con las capacidades para ejercer el cargo con independencia.