Universidades públicas reiteran su compromiso en la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas

La falta de oportunidades obliga a ciertos grupos sociales a optar por el exilio y la migración, procesos que conllevan más vulnerabilidad frente a fenómenos como la trata y el tráfico ilícito de personas. Imagen con fines ilustrativos. Anel Kenjekeeva

Cuatro de las cinco universidades públicas del país reiteraron su compromiso con el estudio y erradicación de la trata y el tráfico ilícito de personas, mediante la firma de un convenio interinstitucional.

El acto se dio en el marco del VI Foro Nacional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica (UCR) y congregó a académicos, funcionarios gubernamentales y sociedad civil. 

La actividad fue organizada por el Capítulo Costa Rica, del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de personas (ObservaLaTrata), iniciativa académica dedicada al estudio y a la generación de conocimiento sobre este fenómeno. 

Según la coordinadora del ObservaLaTrata Capítulo Costa Rica, Mónica Sancho Rueda, el convenio reitera el trabajo que inició en el 2013 la UCR junto con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y al cual han dado continuidad desde entonces. 

Hace 3 años se sumaron a la iniciativa la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), dando lugar a un esfuerzo interinstitucional que ya fue concretado por medio de la firma del convenio. 

La académica explicó que las cuatro universidades estatales cuentan actualmente con alguna iniciativa que profundiza en el estudio de esta problemática, desde la docencia, la investigación o la acción social. 

“Celebramos esta firma que oficializa el compromiso de las universidades estatales para continuar trabajando en la prevención, persecución y erradicación de la trata y el tráfico, como lo han venido haciendo desde hace varios años”, enfatizó Sancho. 

El rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, y autoridades de la UNA, la UNED y TEC firmaron el convenio interinstitucional que ratifica el compromiso de las universidades públicas con el estudio de la trata y el tráfico ilícito de personas. Foto: Karla Richmond.

Gobierno y academia articulan trabajo conjunto 

El VI Foro Nacional Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes contó con la participación de la directora de la Dirección General de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jauberth, quien celebró el fortalecimiento del trabajo con la academia para atender esta problemática. 

Por su parte, el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, señaló el deber de la academia por aportar conocimiento en favor de los grandes problemas sociales, dentro de los figura la trata y el tráfico de personas. 

“Propiciar espacios de encuentro y formación especializados sobre el tema e impulsar proyectos de investigación que favorezcan la generación de conocimiento nuevo para colaborar con procesos de prevención y capacitación”, enfatizó el jerarca. 

La presidenta de ObservaLaTrata, María Antonia Chávez, denunció la priorización de intereses económicos por parte de los estados, donde "más que administrar la justicia y gestionar la vida, se administra la muerte en razón de los intereses racistas y de clase".  Karla Richmond

Modelo de desarrollo promueve fenómeno 

La presidenta de ObservaLaTrata, María Antonia Chávez, afirmó que lejos consolidar acciones suficientes para la erradicación de esta problemática, prima actualmente una visión criminalizada de la migración y de violación de los derechos humanos. 

La investigadora denunció que las políticas impulsadas por organismos gubernamentales e internacionales responden a intereses económicos que “tienen más que ver con gestionar la muerte que la vida”.

Según Chávez,  los modelos económicos actuales impiden que ciertos grupos sociales encuentren oportunidades de desarrollo social en sus comunidades y se ven obligados a optar por el exilio o la migración para buscar una mejor vida. 

“Si propiciamos que un sector de la población no tenga acceso a sus derechos mínimos para tener una superviviencia digna, estamos propiciando su propia extinción”, dijo la académica, quien señaló la urgencia de atender el tema con políticas públicas que sean posibles de evaluar a corto, mediano y largo plazo.