Por esto, en la Encuesta Actualidades 2018 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) se investigó sobre la opinión que la población costarricense mantiene sobre el aborto, y los resultados demostraron una clara división en cuanto al tema.
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No obstante, gran parte de los costarricenses, un 57,2 %, coincide en apoyar el aborto en circunstancias en las que la vida de la madre se encuentre en peligro por razones del embarazo. Además, casi el 50 % dijo que respaldan la práctica de un aborto cuando la salud de la madre se encuentra en riesgo.
Asimismo, un 54 % aseguró que acceder a un aborto clandestino en el país es un procedimiento fácil, un 25 % lo cree difícil y casi un 20 % no conoce sobre el tema.
Viviana Guerrero, filósofa e investigadora de la UCR, expresó que los resultados de la encuesta demuestran “el impacto transformador que han tenido en la opinión pública los movimientos de mujeres, de derechos humanos y las organizaciones feministas”.
Guerrero destacó que existe una contradicción en las respuestas de las personas encuestadas, que en su mayoría están a favor del aborto terapéutico cuando la vida y la salud de la madres están en riesgo, pero cuando se les pregunta su posición frente a este procedimiento, manifiestan su rechazo por desconocimiento.
El aborto terapéutico está estipulado en el artículo 121 del Código Penal como una práctica con el fin de “evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios” (ver recuadro).
Pese a que la figura se contempla en el Código Penal, el país no cuenta con una norma técnica que regule su aplicación y guíe al personal médico.
Por esto, movimientos por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como Aborto Legal Costa Rica, abogan por mecanismos que regulen el procedimiento y han exigido al mandatario la firma de una norma técnica, sin obtener respuesta alguna.
El actual gobierno ha reiterado que existen temas con mayor prioridad que el aborto terapéutico, refiriéndose a la crisis fiscal que atraviesa el país. En diciembre del año anterior el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, aseguró que abrirá la discusión sobre el tema este 2019.
Según la encuesta de la UCR, el 40 % de los encuestados aseguró no haber oído hablar sobre el aborto terapéutico y el 22,5 % ha escuchado poco.
De acuerdo con Gabriela Arguedas, bioeticista y profesora de la UCR, son múltiples los factores que contribuyen a la desinformación de los costarricenses acerca de este término, entre ellos, el tratamiento que los medios de comunicación le han brindado al tema.
“Por un lado los medios de comunicación están concentrados en hacer circo para conseguir sus objetivos financieros a través del morbo, y por otro lado, tenemos el problema de que las iglesias católicas y evangélicas contribuyen a la desinformación a través de lo que dicen en sus lugares de reunión o redes sociales”, dijo.
Para Guerrero, el abordaje que los medios de comunicación han realizado en las coberturas relacionadas al aborto terapéutico es irresponsable.
“La cobertura no ha sido analítica, basada en teoría, no ha tenido una disposición investigativa, si no que se ha fundamentado en consultar a solo una parte de los actores sociales involucrados en el tema, especialmente las iglesias”, explicó la filósofa.
“Estamos como sociedad estancados en una discusión muy polarizada, pero que está basada en la ignorancia y en la desinformación”, añadió.
Además, Ana María Rodríguez, vocera del movimiento Aborto Legal Costa Rica, aseguró que existe una gran desinformación entre el personal médico acerca del significado del concepto de salud integral.
“Dentro del mismo personal médico que atiende a las mujeres con embarazos de riesgo hay mucha desinformación sobre la realidad jurídica, no comprenden que un aborto impune está relacionado con la salud integral o el peligro sobre la vida de la mujer. Muchos creen que la mujer debe estar muriendo o el peligro debe ser inminente para realizar un aborto”, indicó Rodríguez.
Por su parte, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica ha reiterado que la figura del aborto impune puede aplicarse cuando “una grave y seria amenaza ponga en riesgo la integridad física y la vida de la mujer” y que los médicos involucrados en la decisión o práctica del aborto impune tienen el derecho a ejercer la objeción de conciencia, si este procedimiento transgrede sus convicciones morales, religiosas, éticas y filosóficas".
Para Andrés Castillo, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, “hay que tener mucho cuidado con la definición de qué significa aborto terapéutico, porque definitivamente depende del grupo de personas y sus intenciones se le pone una definición y un significado diferente a esta parte terapéutica”.
De acuerdo con el médico, el procedimiento solo se realiza cuando la madre puede morir a raíz del embarazo.
“Basándonos en lo que dice la ley actual, el aborto impune es cuando hay que hacer un aborto porque la condición de embarazo está agravando una situación de salud tan importante que si no se hace la madre puede morir y por lo tanto van a morir los dos. Nosotros como médicos siempre debemos salvaguardar la vida, sería ilógico y no ético permitir que mueran los dos, tanto la madre como el niño”, añadió.
Además, el jerarca de esa institución aclaró que el Colegio de Médicos no cree necesaria una norma técnica para el artículo 121 del Código Penal, ya que los casos que se atienden “son emergencias y condiciones de vida o muerte, en las que hay que actuar de inmediato”.
Sobre los casos en los que el feto posee malformaciones incompatibles con la vida, Castillo aseguró que si no afecta la vida de la madre, el artículo 121 no aplicaría.
“Ahí sí habría que hacer de alguna manera una normativa. Nosotros como Colegio de Médicos -y que quede muy claro-, siempre estamos a favor y debemos proteger la vida en todos sus extremos, desde su concepción hasta la última exhalación que hace el ser humano”, dijo el médico.
Para Guerrero, la encuesta deja claro que “entre más acceso a la información haya, existe mayor apertura a favor de los derechos de las mujeres”.
Por otro lado, en los casos en las que el feto posee malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, el apoyo se reduce a 45,5 %. Si se trata de embarazos en niñas, casi un 60 % de las personas rechaza la interrupción del embarazo y el porcentaje sube si se cuestiona por casos de violación.
“En el caso de mujeres o niñas que han sido violadas, esa relación sexual no es consensuada y es una relación basada en la violencia, y el razonamiento social es que a pesar de eso la maternidad es una imposición”, dijo Guerrero.
Según la investigadora, de lo que se está hablando es del rechazo de la sociedad a que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo.
Para la filósofa, el problema es la interpretación que se hace del artículo 121, dejando de lado el concepto de salud integral tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Aunque la vida biológica de la mujer no está en riesgo, una violación o un embarazo de una niña producto de una violación tiene consecuencias sobre su vida psicológica y social, e incluso también física”, explicó.
Puede acceder a los resultados completos de la encuesta sobre el aborto y otros temas AQUÍ.
El tema del aborto fue abordado por los estudiantes de tercer año de la carrera de Estadística de la UCR: Mónica Castrillo Gómez, Fabiola Salazar Días, Josué Hernández Rodríguez y Andrea Umaña Acuña.
La encuesta tomó en cuenta a costarricenses mayores de edad y el tamaño de la muestra fue de 1906 entrevistas, realizadas de manera personal cara a cara. Además, para determinar el marco muestral se utilizó la muestra nacional de Viviendas del 2011, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Los estudiantes realizaron las entrevistas cara a cara entre el 5 de octubre y el 5 de noviembre del 2018. Además, los resultados cuentan con un error de muestra de 3,0 puntos porcentuales.