Análisis al proyecto de ley sobre empleo público encuentra problemas de inconstitucionalidad

Según el análisis que se hace desde la UCR, el proyecto de ley marco sobre el empleo público contiene vicios de constitucionalidad (foto con fines ilustrativos).
 

Como parte de los espacios de reflexión que ha abierto la Universidad de Costa Rica para estudiar el tema del empleo público, un grupo de profesionales en Derecho y Economía, conformado por el rector de la institución Henning Jensen, preparó un documento que profundiza sobre distintos problemas que presenta el proyecto de ley sobre empleo público respecto al marco constitucional.

Uno de los análisis en el que se ahonda es en el tema de la autonomía, vista y entendida desde la Constitución Política vigente. La Carta Magna de 1949 claramente otorga autonomía plena a algunas instituciones. Esto quiere decir que constitucionalmente gozan de autonomía financiera, política, organizativa y salarial, aspecto que ha sido respaldado por distintos votos de la Sala Constitucional a lo largo de los años.

No obstante, según la publicación de la UCR, el proyecto de ley “tiene conflictos con la inobservancia del régimen de autonomía administrativa, propia de las Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, del régimen de independencia de administración, organización y gobierno exclusivo de las universidades públicas estatales y frente al ejercicio de derechos fundamentales como los derivados de la libertad sindical y el derecho a la no discriminación”.

Así, en este aspecto, se menciona que la incostitucionalidad del proyecto es clara y aún más evidente al tratarse de las universidades estatales, ya que estas no poseen la misma naturaleza que tienen las demás instituciones autónomas.

Además, la intención de circunscribir el sistema universitario, que tiene sus propias características, a un régimen único de empleo público, implicaría violentar la potestad de las casas de enseñanza superior para definir sus propios lineamientos y políticas pertinentes para el desarrollo de la carrera profesional de sus funcionarios.

El sistema que se ha venido implementando en la Universidad de Costa Rica tiene un enfoque teórico, humanista y sistémico del desarrollo del talento humano, orientado al logro de metas y cierre de brechas en las competencias de la población administrativa que no tiene como fin la identificación de un “buen o mal desempeño” sino los requerimientos de nuevos conocimientos para potenciar lo mejor del desarrollo de la persona, por lo que es contrario al sistema que pretende desarrollar el proyecto.

Por otra parte, se señala que el plan se justifica al buscar una mayor igualdad salarial entre entes públicos para puestos similares y pretende establecer un salario global que pueda manejar el gobierno central, de acuerdo a la política económica de cada gobierno. No obstante, convierte los salarios en una variable de ajuste macroeconómico, y de esta manera no necesariamente se consigue la equidad que se busca.

En el caso específico de las universidades, se deja de de lado el propósito de la remuneración en el ámbito de la educación superior, que busca atraer y conservar el recurso humano más calificado y especializado en todas las áreas del conocimiento.

Según los especialistas universitarios, “este problema es particularmente relevante en el proyecto, en la medida en que vulnera, limita o impide el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva establecido en el artículo 62 de la Constitución Política, así como en el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Costa Rica, y en el Código de Trabajo”.

Otro aspecto que preocupa es el mecanismo cómo se van a definir incentivos salariales para quienes tengan un salario global o para quienes se trasladen y esto cómo va afectar lo dispuesto en las negociaciones colectivas.

En el proyecto, al consejo técnico consultivo del empleo público en relación con la negociación colectiva se le dan potestades de revisión y negociación de salario. Sin embargo, esta instancia no podría venir a negociar salarios y no debería poder homologar los acuerdos de las partes en la negociación colectiva.

La UCR pone este documento a disposición de toda la comunidad universitaria y nacional para su lectura, análisis y reflexión. Esto constituye un insumo más para el estudio concienzudo de un tema de importancia para el país y que debe discutirse a profundidad por todos los sectores involucrados.