27 mar 2019Sociedad

Problemas de escasez, desabastecimiento y contaminación del agua, acompañados de un exceso de legislación inconexa, han favorecido en la última década más de 134 conflictos por el agua en el país. Esta cifra la dio a conocer Leornardo Merino, investigador del Estado de la Nación, el pasado 22 de marzo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua.

En dicho evento además se presentó el Informe Mundial sobre los Recursos Hídrícos 2019 de las Naciones Unidas, el cual llama la atención sobre la necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas comerciales de los recursos hídricos con el fin de que las comunidades tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades.

En Costa Rica existen 275 leyes vigentes relacionados con el agua y más de 1.500 prestadores del servicio lo cual dificulta la resolución de los conflictos que se generan en las comunidades y una gobernanza adecuada del recurso hídrico en todo el territorio nacional. A esto se suma el hecho de que el país tiene casi 20 años de rezago en el intento por aprobar una nueva Ley de Aguas que sustituya la de 1942, aún vigente. 

Casos como el de Sardinal de Carrillo de Guanacaste se han convertido en ejemplo a nivel nacional de las consecuencias de un estilo de desarrollo orientado principalmente al sector servicios, que ubica al turismo y al desarrollo inmobiliario como el principal detonante de los conflictos por el agua en Guanacaste, según lo señala el Estado de la Nación en su informe sobre el uso y el estado de los recursos hídricos (2017) .

Cinthya Hernández Gómez, gestora de la Unidad de gestión Ambiental de la UCR y presidenta de la Asociación Mundial para el Agua (GWP), por sus siglas en inglés, rescata que desde el 2017 el país cuenta con una una Política Nacional de abastecimiento del agua potable y una Política Nacional de saneamiento que definen muy bien las acciones y el financiamiento. Sin embargo, estos instrumentos no resuelven los problemas de gobernanza del recurso a largo plazo ya que no existe una ley que funcione como sombrilla. 

Una nueva ley de aguas

Conciliar las necesidades de los diferentes sectores, priorizando el consumo humano, ha sido prácticamente imposible cuando se trata de la Ley de Aguas en Costa Rica que lleva más de 20 años de discusiones, iniciativas y proyectos de ley y aún sigue estancada. Los expertos de la UCR, el Estado de la Nación y el MINAE coinciden en que esta situación mantiene al país bajo una ley de 1942 que no responde a las necesidades actuales.

Tanto Hernández como Rodríguez coinciden en que lo más complicado en la discusión de esta ley es darle el concepto de bien económico al agua, de tal manera que los usuarios que no son de consumo humano paguen de acuerdo a su uso. “Estamos hablando de un valor económico del agua no un precio” acotó Cinthya Hernández.

“Han sido muchos años de consulta entre distintos sectores ya sabemos que el agua es un elemento no solamente básico para la vida sino para el sector productivo y es planificación estratégica, donde tengamos agua ahí tenemos una llave para el desarrollo para una comunidad, una industria o lo que se quiera hacer”, dijo Haydeé Rodríguez.

La jerarca ratificó el compromiso del Gobierno por avanzar hacia la aprobación de la ley y valora que frente a los retos enfrentados por el país, como la sequía y cambio climático, actualmente existe mayor consenso entre los diversos sectores sobre la necesidad de tener una ley de agua que responda a las necesidades actuales, una ley que reconozca que el agua tiene un valor económico pero también un valor social, un valor cultural y ambiental que debe ser preservado para las futuras generaciones.

Agua en el mundo

El Informe de Naciones Unidas sobre los recursos hídrícos 2019 reconoce que el agua es, además, una cuestión de derechos. La mejora de la gestión de los recursos hídricos y el acceso al agua potable y el saneamiento es fundamental para erradicar la pobreza, construir sociedades prósperas y pacíficas y asegurarse que nadie se quede atrás en el camino hacia el desarrollo sostenible.

Según el Informe una gran parte de la población se está quedando atrás, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios seguros de agua potable y 4.500 millones, es decir, 6 de cada 10 habitantes del planeta, no tienen acceso a servicios de saneamiento seguros.

Los más afectados son las poblaciones excluidas, entre ellas las mujeres y niñas, las minorías étnicas, los desplazados, entre otros. En el caso de los países de América Latina las personas que viven en las zonas periurbanas, donde se ubican los cinturones de pobreza, son quienes tienen menos acceso al agua y al saneamiento.

En Costa Rica, a pesar de que el servicio de agua potable llega a un 98 % de la población, aún existen comunidades con problemas de abastecimiento de agua. Según la Encuesta de Hogares seis mil hogares costarricenses en pobreza extrema no tienen agua intradomiciliaria. Además, según datos del AyA sólo el 15 % de todas las aguas residuales del país son tratadas.