Debatir el presupuesto universitario en un foro político tendrá resultados que responden al poder de turno

Marcha en defensa de la Automía de la Universidad de Costa Rica en setiembre del 2018.  Anel Kenjekeeva

Después de conformar en la Asamblea Legislativa una comisión especial que investigará el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Henning Jensen Pennington, señaló que la Universidad colaborará en todo, pero advirtió que al tratarse de un control realizado por diputados –quienes responden al poder político del país–, el análisis que hagan necesariamente será guiado por la política y eso implica riesgos.

“Siempre hay un peligro en que una persona no experta evalúe algo que esté fuera de su ámbito de competencia. Yo exhortaría a la Asamblea Legislativa para que los criterios aplicables sean propios de una institución académica y no que sean derivados de una visión política ajena a estas instituciones”, manifestó Jensen.

El FEES para el 2019 se negoció a mediados del año anterior por ¢511 154 millones, un monto 3% mayor al negociado para el 2018. Sin embargo, la Asamblea Legislativa desaprobó lo negociado por la Comisión de Enlace, conformada por los rectores de las cinco universidades públicas de Costa Rica, el ministro de Educación, el ministro de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones, la ministra de Planificación y el viceministro de Hacienda.

El recorte del FEES del 2019 aprobado por los diputados de la República supuso para la UCR una merma en su presupuesto de más de ¢5 300 millones para el presente año, el cual se une a una improbación por parte de la Contraloría General de la República por más de ¢18 100 millones. Estos recortes son a criterio de la autoridad universitaria un socavo de la autonomía institucional, que desde la creación de la UCR en 1949 se había respetado.

La autonomía universitaria se respalda en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual advierte que la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.

La autonomía universitaria no es un antojo ni es la voluntad unilateral de las instituciones académicas de Costa Rica, es una necesidad cultural, una necesidad imperiosa del desarrollo del conocimiento, que data desde hace más de 200 años.

El rector Jensen afirma que algunas declaraciones de los diputados y diputadas hacen pensar que la evaluación que el Poder Legislativo quiere ejercer sobre las universidades públicas, más que una evaluación académica, quiere ser una de carácter político y presupuestario.

“¿Quién debe entonces decidir sobre los destinos del presupuesto universitario, quién debe decidir sobre las carreras que se ofrecen y las personas que se contratan para formar profesionales? ¿Caerá Costa Rica en la involución y negar siglos de evolución cultural?”, cuestionó de forma vehemente el rector Jensen.

Agregó que estas amenazas a la libertad académica por intereses políticos y religiosos ya no son extrañas en Costa Rica.

Modificar el FEES

Con la conformación de la comisión legislativa que estudiará el manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), los diputados aseguran que hay un interés por mejorar de manera sustantiva la educación del país.

Al respecto, la diputada Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional, dijo que como miembro de la comisión tendrá la tarea de analizar y, eventualmente, proponer proyectos de ley o reformas a la legislación vigente que se relacione con la administración del FEES.

Agregó que su trabajo se hará en armonía con el bloque de legalidad que ampara la autonomía universitaria. La comisión se integra por nueve diputados, tres legisladores del PLN (Wagner Jiménez, Yorleny León y Roberto Thompson), dos del PAC (Mario Castillo y Enrique Sánchez), uno del PUSC (Pablo Heriberto Abarca), uno del PIN (Patricia Villegas), uno del PRN (Xiomara Rodríguez) y uno de los partidos minoritarios (Erick Rodríguez).

Este grupo de legisladores tendrá 300 días prorrogables para rendir un informe al Plenario Legislativo con sus recomendaciones y conclusiones.

Sobre esta evaluación, la Universidad de Costa Rica advierte que valorar a una institución académica es un proceso largo y complejo y, por eso, tanto el Estado como las mismas instituciones crean oficinas especializadas para ello. En Costa Rica, esa tarea la ejecuta el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) y las mismas universidades públicas tienen sus propios centros de evaluación con décadas de experiencia en el campo.

Ejecución ejemplar del presupuesto

La Universidad de Costa Rica aclara que no tiene superávits gigantescos –como lo han externado algunos diputados–, que el proceso de regionalización es mucho mejor que la descentralización que buscan ciertos grupos de presión política y que la Institución reconoce que es imperioso continuar con una mejora de la eficiencia de su esquema salarial.

En la Universidad de Costa Rica, la ejecución del presupuesto institucional ronda el 95%, lo cual es ejemplar en relación con el resto de las instituciones públicas de Costa Rica.

Con respecto a los superávits registrados por la UCR, se aclara que la Institución tiene una diferencia de criterio con la Contraloría General de la República, que señaló que todo superávit debe ser declarado como “libre”. Sin embargo, según la administración universitaria, los recursos del empréstito del Banco Mundial con la Institución no pueden ser declarados como “libres”, pues están claramente comprometidos en proyectos específicos que tienen fecha de ejecución futura.

“Si se aplicara esa misma regla al Gobierno Central en lugar de un déficit fiscal, el país tendría un superávit gigantesco”, explicó el rector.

Por otro lado, en la Asamblea Legislativa se habla de la descentralización de las universidades públicas, esto supondría crear filiales universitarias que implicarían replicar universidades enteras a un costo extraordinariamente mayor. Al respecto, la posición de la Universidad es defender el modelo actual de regionalización.

Con respecto a los pluses salariales, se aclara a la opinión pública que estos responden a un esquema salarial que compensa los bajos salarios base y que no todos los pluses los reciben todas las personas funcionarias. Sin embargo, sí se reconoce que es un tema en el que se está trabajando y que es una tarea que asumió la actual administración. Se aclara, además, que los pluses salariales responden a negociaciones de la convención colectiva y a determinaciones de la propia Asamblea Legislativa, que en distintos momentos ha tomado decisiones por amiguismo o clientelismo, las cuales han aumentado los ingresos de ciertos grupos de profesionales en el sector público y que han repercutido en las remuneraciones que la Universidad debe calcular.