Universidad de Costa Rica
El Foro de Justicia pide a los Diputados de la República y a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa (CPEN) depurar el proceso de selección con el que serán nombrados cuatro puestos de magistrados, tras las plazas que dejaron vacantes Ernesto Jinesta Lobo (Sala Constitucional), Celso Gamboa Sánchez, Carlos Chinchilla Sandí y Doris María Arias Madrigal (Sala Tercera).
Las recomendaciones del Foro piden a la Comisión aumentar las calificaciones académicas en los atestados. Asimismo, se critica que los puntos otorgados a elementos como publicaciones, méritos especiales o grados académicos no necesariamente tendrán como resultado la elección de las personas más calificadas. Por otro lado, se presta a confusiones el que se sustituya la experiencia por los grados académicos, dado que, en todo caso, son supuestos distintos de valoración.
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Además, piden más publicidad y transparencia en todas las etapas del proceso. Esos dos elementos son principios esenciales, porque brindan la oportunidad de que todos los actores que conforman la sociedad puedan observar y verificar el cumplimiento de la legislación interna, así como los estándares internacionales en la materia y, en el caso necesario, denunciar lo que corresponda.
Esto supone establecer expresamente que las entrevistas con los candidatos sean públicas y transmitidas en línea, al igual que la votación de cada integrante de la Comisión y las sesiones en las que se defina la terna que será enviada al plenario.
Adicionalmente, el Foro de Justicia pide que los diputados expliciten cómo se aplicará la paridad de género para seleccionar a los magistrados. Al respecto, advierten que no existe ese criterio, el cual debe ser establecido y cumplido en aras de la transparencia, especialmente porque se determinó un número impar (tres) de nombres a recomendar al Plenario Legislativo.
Del mismo modo, se señala la necesidad de ampliar la participación de la ciudadanía en otras etapas del proceso de nombramiento. La metodología aprobada en la Asamblea para elegir magistrados contiene una mejora sustantiva al prever la posibilidad de presentar objeciones en relación con las candidaturas. Sin embargo, el Foro cree que la sociedad civil debe tener aportes significativos en otras etapas del proceso. En este sentido, sugiere que se permita, a otros actores, plantear preguntas a los candidatos en la entrevista y se efectúen o promuevan foros públicos, en los que se incluya a actores especializados y a diferentes integrantes de la propia Comisión, para conocer y difundir el pensamiento de cada candidato o candidata.
Igualmente, debido a los conocimientos especializados que se exigen a los candidatos y a las candidatas, es fundamental que la CPEN pueda apoyarse en la evaluación correspondiente de actores expertos, en la academia especializada u otras personas con experiencia relevante en la materia, no solo del Colegio de Abogados y Abogadas. Ello facilitará la identificación de las mejores candidaturas.
Un aspecto importante de la solicitud es la petitoria de disminuir el puntaje de las entrevistas, pues el valor otorgado a estas es muy alto (40%) y deja un amplio margen de discrecionalidad que puede poner en riesgo el objetivo de identificar a las mejores candidaturas. La recomendación del Foro es que dicho valor sea revisado y disminuido; además, sugiere incorporar parámetros para realizarlas.
En uno de los últimos puntos del documento se solicita que se disminuya la lista de preselección a cinco personas. Actualmente, la preselección de los 10 mejores promedios (de los cuales se escogería la terna que será enviada al Plenario para su nombramiento) es –según el Foro– muy extensa y podría implicar que quienes solo obtengan calificaciones intermedias integren la terna. Por ello, se sugiere reducir la cantidad de personas preseleccionadas a un máximo de 5.
Finalmente, el Foro desea insistir en la importancia de establecer una prueba escrita y un examen psicológico que permita evaluar, de manera integral, las competencias de los candidatos.
CONSULTE: Documento completo
Las personas que firmaron la solicitud son representantes de la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal (Ilanud), de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), del Programa Estado de la Nación / Conare (PEN), del Proyecto en Costa Rica de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) y expertos independientes.
