Universidad de Costa Rica
Más de 200 000 productores agropecuarios y agroindustriales desde los pequeños agricultores, hasta los medianos y grandes agroindustriales de todo el país se verán interpelados por la actual reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa. Hasta el momento aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 1% se presenta como la opción que más conviene a este gremio.
Para comprender la situación actual del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus implicaciones para el país y para el agro en particular, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica (UCR) llevó acabo un foro el lunes 18 de setiembre.
En el foro los expositores coincidieron en que el impuesto al valor agregado del 1% en la canasta básica agrícola y el resto de los productos y servicios de la cadena agropecuaria, tal como está planteado en el actual texto en el expediente 20.580, beneficia a este sector.
Así lo indicó el Dr. José Antonio Cordero Peña, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR y el M.Sc. Martín Calderón Chávez, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, que forma parte del conglomerado agropecuario más grande del país, la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).
El sector agropecuario costarricense está agrupado en Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) que integra a cuatro grandes organizaciones de productores: la Cámara Nacional de Agricultura, conformada por 28 cámaras del sector agropecuario, el pesquero y el industrial; el sindicato de productores UPA Nacional, la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV) de la zona Sur y el sector cooperativo agropecuario y agroindustrial representado por Coonacoop, al cual pertenecen 87 cooperativas. En total suman más de 2.000 productores agremiados.
La propuesta actual del sector agrícola, pecuario, agroindustrial, acuicola y pesquero ha sido aplicar el 1% del IVA en toda la cadena productiva desde la materia prima, incluyendo las importadas como el maíz, el trigo el sorgo y la soya, los insumos, la maquinaria, el equipo y los servicios hasta llegar a la canasta básica. Esta propuesta permite lograr la trazabilidad y la neutralidad del impuesto.
“Con el IVA no es cierto que el sector agro va a tener que pagar más, ni que la canasta básica se va a encarecer”. El impuesto se va trasladando a lo largo de la cadena, en cambio si queda exonerado esto no se podría hacer, explicó el economista agrícola y representante del sector agro M.Sc. Martín Calderón.
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En el proyecto de ley actual también se aplicaría el 1% de IVA a las ventas, a las importaciones de los productos de la canasta básica y a los bienes agropecuarios. Calderón apuntó además que esta trazabilidad que busca el Ministerio de Hacienda para evitar la evasión fiscal, también beneficia a los productores ante las prácticas de contrabando de ganado y otros productos agrícolas porque la facturación permitiría saber con exactitud de procedencia de cada producto.
El gravar la canasta básica agropecuaria con el 1% a su vez protege a los productores nacionales ante la competencia de productos importados que forman parte de la canasta básica como los frijoles, el arroz y la leche. El experto explicó que si hoy en día la canasta quedara exenta y el resto de la cadena quedara tasada, el productor tendría que incluir este impuesto en su estructura de costos, lo cual encarecería el producto nacional frente al importado.
Por su parte, el economista Dr. José Antonio Cordero explicó que la uniformidad de las tasas es muy importante para que “nadie quede debajo del agua”, es decir, que todos los actores de la cadena productiva puedan tener una operación viable. Por otra parte, asegura el economista que con este impuesto (IVA), aunque los sectores más pobres pagan una proporción más grande de su ingreso, al final los que van a pagar el grueso de esta recaudación son los de mayores ingresos pues son los que gastan más.
Desde el 2011 el sector agropecuario ha estado presente en las discusiones de una reforma fiscal. En este periodo se han analizado alrededor de 20 textos diferentes. En todos ellos, la canasta básica estaba exenta pero sí estaban gravados el resto de productos de la cadena productiva, según detalló el M.Sc. Calderón. Con el texto actual el impuesto al valor agregado se aplica del 1% en la canasta básica agrícola y el resto de los productos y servicios de la cadena agropecuaria.
Con el texto sustitutivo que el gobierno presentó a la Asamblea el 14 de agosto los agropecuarios también lograron mantener algunas exoneraciones como las comisiones de las subastas agrícolas y ganaderas y las transacciones de animales vivos, el alquiler de terrenos para pequeños productores, los créditos otorgados por Banca de Desarrollo, primas de riesgos laborales y de seguros agropecuarios.
