Universidad de Costa Rica
El 65% de la población considera que se debería pausar y renegociar el trámite del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se discute en la Asamblea Legislativa, el 21% lo rechazaría y 14% lo aprobaría.
Así lo señala el más reciente estudio de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), la Escuela de Ciencias Políticas y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), aplicado a 723 personas de todo el país, entre el 18 y 19 de setiembre por medio de llamadas a teléfonos celulares.
La medición determinó que la mayoría de las personas consultadas se siente molesta con la coyuntura que atraviesa país y califican el estado fiscal como muy grave, aunque solo el 51% la asocia con la incapacidad del Gobierno para enfrentar sus compromisos presupuestarios.
El 52,3% de los consultados valora de forma positiva el movimiento de huelga y corresponden en su mayoría a personas jóvenes con nivel educativo de primaria o menos y ubicados en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón.
Pese a que hay una representativa identificación de la ciudadanía con el movimiento social, la mayoría de los consultados rechaza acciones como los bloqueos, las afectaciones a la distribución de combustibles, así como la suspensión de servicios médicos y clases en escuelas y colegios.
Las marchas son el único repertorio de protesta con un alto apoyo ciudadano, expresado por un 76% de los consultados, y según Ronald Alfaro, coordinador de la Unidad de Opinión Pública del CIEP, esto es reflejo de valores propios de la sociedad costarricense.
El académico afirma que, tal como se ha evidenciado en otros contextos, la ciudadanía tiene un fuerte respeto por las libertades, por lo cual, cualquier acción que amenace este principio podría desencadenar percepciones de rechazo.
“Nadie puede negar que el movimiento de huelga tiene un apoyo fuerte, pero no es un apoyo incondicional, sino que tiene una serie de condiciones y si esa protesta no las cumple, la gente toma distancia y reacciona en contra”, enfatizó Alfaro.
Según el politólogo, aunque la ciudadanía defienda la protesta social, no apoyará necesariamente las formas que generen rupturas sociales, se tornen violentas o puedan afectar y lesionar los derechos u oportunidades de terceros.
La medición del CIEP determinó también un claro rechazo a las acciones implementadas por el Gobierno frente a la protesta. El 73% de los consultados está en contra del uso de la fuerza policial para dispersar los bloqueos y el 68% de que se declare ilegal el movimiento.
La valoración de las figuras que han liderado las posiciones en la actual coyuntura evidencia también el desencanto general, pues tanto el presidente, Carlos Alvarado, como el líder sindical Albino Vargas recibieron, en la escala de 1 a 10, una nota de 4,3 por parte de la ciudadanía.
Pese al agitado panorama social del país, el 45% de los encuestados apoya que los sindicados continúen la huelga, el 24% dice que deben suspenderla, el 20% señala que el Gobierno debe aceptar lo que pide el movimiento y solo el 12% afirma que debe mantenerse firme.
Según el director del CIEP, Felipe Alpízar, esta medición evidencia que la ciudadanía está consciente de que no es posible postergar las decisiones en cuanto a la crisis fiscal; por eso, se inclina por una salida negociada entre los diversos sectores.
“La información recopilada muestra que la ciudadanía respalda la negociación del conflicto, pero no el retiro del proyecto fiscal de la corriente legislativa, principal objetivo de la huelga”, concluyó Alpízar
Los resultados de la encuesta son representativos para todo el país y ofrecen un nivel de confianza del 95%, mientras se estima un error muestral de ±3,6 puntos porcentuales.
Las consultas se realizaron los días 18 y 19 de setiembre a 723 personas mayores de 18 años (50% hombres y 50% mujeres) de todas las provincias del país. Se realizaron llamadas telefónicas a partir de un marco muestral del Plan Nacional de Numeración de Sutel.
Las llamadas fueron realizadas a teléfonos celulares, pues el servicio abarca al 97.5% de la población del país, la muestra fue aleatoria. La medición tiene un nivel de confianza del 95% y se estima un error muestral de ±3,6 puntos porcentuales.
