La UCR aboga por una reforma tributaria progresiva

En relación con la discusión que se da en la Asamblea Legislativa sobre el expediente 20580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la Universidad de Costa Rica manifiesta:

La UCR es consciente de la grave crisis fiscal que atraviesa el país y de la necesidad de implementar medidas encaminadas a solucionar el problema, por la vía de aumentar tasas impositivas que generen progresividad al sistema tributario, estableciendo mecanismos claros que permitan combatir la alta evasión y elusión fiscal, promoviendo la reactivación de la economía y la contención del gasto público. No obstante, no consideramos correcto perjudicar aspectos sustanciales para asegurar un mejor futuro para la población costarricense, donde la educación pública es un pilar indispensable.

Son varios los aspectos que expertos de la Universidad de Costa Rica han advertido, respecto a las implicaciones que el proyecto de ley generaría sobre la educación en general y sobre la educación superior pública en particular. Específicamente, la definición de educación que plantea el proyecto, la denominada regla fiscal y la derogatoria de leyes con destino específico.

Señala el proyecto de ley que dentro del 8% de financiamiento a la educación, estipulado en el artículo 78 de la Constitución Política, debe contabilizarse la educación de primera infancia, conocida también como “Redes de Cuido”, que hasta la fecha se ha financiado con recursos del Ministerio de Salud y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). También indica dicha iniciativa la inclusión, en ese presupuesto, de la educación técnica, es decir, el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

De concretarse esta medida, el presupuesto que se invierte en la educación pública se tendrá que dividir, ya no entre cinco rubros, sino entre siete. Esto disminuirá los recursos destinados a educación preescolar, primaria, secundaria, parauniversitaria y superior, o provocará que estos no crezcan y se debilite cada vez más la inversión en educación.

En esta misma línea, la regla fiscal señala una serie de elementos de restricción de gasto en caso del debilitamiento de las finanzas públicas como las que atraviesa el país en este momento. Particularmente, afirma que cuando el nivel de la deuda pública sea superior al 45% del Producto Interno Bruto, el presupuesto de la República no podrá aumentar más allá del 75% del crecimiento nominal de la economía.

Al cierre de 2017, el nivel de endeudamiento estatal era del 49,2%, por lo que, de aprobarse el proyecto en las condiciones actuales, en los próximos años el crecimiento presupuestario sería menor que el crecimiento de la economía. Esto generaría que, año con año, la inversión en educación en general y en educación superior en particular disminuya en relación con PIB, tal como ha ocurrido en los dos años anteriores.

De igual forma, la intención de regular o derogar las llamadas leyes específicas por medio de las cuales se giran recursos a las instituciones de educación superior pública estatal, como es el caso de la derogatoria de los artículos 3 y 3 bis de la Ley 6450 y sus reformas, constituye una amenaza no solo al financiamiento, sino además a la autonomía universitaria.

En el caso particular del financiamiento de la educación superior pública, estas medidas tendrían implicaciones severas en el desarrollo de su actividad sustantiva, de sus expectativas de crecimiento y de ofrecer mayores posibilidades a la población costarricense para aspirar a mejores condiciones de vida por medio de la educación.