Con respecto a la publicación titulada “UCR no paga impuestos por ¢29 900 millones: mediante entidad financiera privada”, de este 24 de agosto del 2018, la Universidad de Costa Rica le recuerda al medio y al periodista Sergio Jiménez su deber de ejercer la profesión periodística presentando información veraz y confiable.
La Universidad alerta a los lectores del medio y aclara que La Extra miente al señalar que la Universidad "omitió" en el pago de impuestos correspondientes a los fondos que administra la Junta de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (Jafap), ya que esta no puede omitir ese pago debido a que en la actualidad ninguna ley le exige esa contribución.
Igualmente, es necesario evidenciar que la misma nota aclara, líneas más abajo, que no existe ningún tipo de obligación impositiva en la actualidad para la Junta. Es claro, que el medio y el periodista tratan de confundir a sus lectores haciendo parecer ilegal un acto que no lo es.
La Universidad de Costa Rica, desde su fundación en 1941 y declarada Benemérita de la Patria en el 2001, tiene como único objetivo responder a los más altos intereses de Costa Rica, protegiendo y guiando con conocimiento el bienestar de las mayorías.
Con ese objetivo, la UCR le recuerda a los medios de comunicación que su labor esencial es brindar a la sociedad costarricense información veraz y confiable sobre el acontecer nacional, con estricto apego a la ética, profesionalismo, imparcialidad y responsabilidad.
Este llamado que se transformó en un pronunciamiento formal del Consejo Universitario surge de la preocupación por las constantes noticias vinculadas con el quehacer de la UCR, que se han publicado en las últimas semanas en diversos medios, en el marco del análisis del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y a la luz de la firma del Convenio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Consejo Universitario considera que dichas informaciones contienen datos sesgados que pretenden demeritar la labor de las universidades públicas y que, además, de manera irresponsable, por medio de argumentos falaces, buscan desacreditar la organización y el trabajo de las instituciones de educación superior estatal.
La Junta UCR es propiedad de los funcionarios de la Universidad de Costa Rica, cerrada a ellos, quienes confían en esta organización para administrar sus ahorros obligatorios.
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