La mayoría de los costarricenses apoya la interrupción terapéutica del embarazo, así lo revelaron el 22 de agosto los resultados de la encuesta de opinión pública divulgada por el Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según el estudio, el 55% de las personas consultadas está a favor de que el país legalice el aborto terapéutico, es decir, cuando esté en peligro la salud de la madre. Mientras que un 45% está en contra, pese que a esta posibilidad ya forma parte de la legislación costarricense.
Según la subdirectora del CIEP, María José Cascante, aunque el artículo 21 del Código Penal de Costa Rica establece que las mujeres gestantes pueden tener acceso a la protección de su salud y vida, se carece de un protocolo que establezca los términos para aplicar la normativa.
La académica señala que la falta de claridad respecto al procedimiento deja a criterio de los médicos y enfermeras obstétricas la valoración sobre los riesgos en la salud de las embarazadas y permite que muchas veces el personal de salud tome decisiones medidas por cuestiones morales.
El tema ha generado durante los últimos meses un fuerte debate en la sociedad costarricense. Ahora, la mayoría de quienes apoyan un protocolo son hombres y mujeres entre los 18 y 34 años de edad, que cuentan con estudios universitarios, tienen poco o ningún interés por la religión y residen en el centro del país.
Por su parte, el sector que manifestó rechazo a la interrupción terapéutica del embarazo corresponde a hombres y mujeres con 35 años o más, con estudios primarios o secundarios, muy apegados a la religión y residentes en la periferia del Valle Central.
El grupo que expresó estar en contra del aborto terapéutico apoyó al Partido Restauración Nacional (PRN) en las pasadas elecciones, mientras que los encuestados a favor sumaron su voto a la diversidad de las otras tendencias políticas.
La politóloga considera que las críticas sobre el tema son favorecidas por la carencia de información veraz, científica y laica, lo cual, justificaría que la población con estudios universitarios tenga una postura favorable, como resultado de un mayor acceso al conocimiento científico.
“Las críticas vienen por falta de datos y esto genera una sociedad mal informada, donde los mediadores no son personas que están basándose en ciencia, sino muchísimas veces en sus creencias, en su moral y sus opiniones respecto a la maternidad y a mandatos sociales que reprimen a la población”, enfatizó Cascante.
Agregó que la presencia de la mayor cantidad de opositores en las zonas costeras podría estar asociada con la influencia de mediadores de opinión pública que replican informaciones que no son veraces, para “contener a la población desde un espectro de desinformación respecto a la salud sexual y reproductiva”
“Después de las elecciones del 2018 hay una fractura entre el Valle Central y las provincias costeras, respecto a todo lo que son los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, mientras que en el Valle Central están más convencidos de todos estos valores progresistas”, agregó.
La subdirectora del CIEP enfatizó la importancia de que se divulguen este tipo de estudios y resultados, pues permiten evidenciar que en muchos procesos de toma de decisiones existen actores que de forma errónea se abocan tener la voz del pueblo, aunque en realidad no la representan.
“Aquí queda claro que hay una gran mayoría que está a favor de que ya se salga de esta deuda que tiene el estado costarricense con la vida y la salud de las mujeres. Debemos escuchar a la población en el proceso de toma de decisiones y no a estos actores políticos que se abocan la labor de comunicar lo que piensa el pueblo”, concluyó.
La nueva encuesta del CIEP está basada en la aplicación de 720 entrevistas a personas mayores de 18 años, las cuales fueron aplicadas los días 13, 14 y 16 de agosto pasado.
La consulta, que consideró a ciudadanos de todas las provincias del país, se realizó por medio de teléfonos celulares a una muestra que abarca al 97,5% de la población y los resultados ofrecen un nivel de confianza del 95%.
Según el director del CIEP, Felipe Alpízar, esta medición es una muestra de un esfuerzo académico sostenido a lo largo del tiempo, que es independiente a los procesos electorales y al debate sobre los candidatos.
“Continuar con el esfuerzo de estudiar la opinión pública nos permite reforzar el conocimiento que tiene la sociedad sobre sí misma. A veces uno está muy concentrado en su individualidad y estos análisis permiten realizar una mirada en colectivo”, señaló el académico.
El CIEP desarrolla estudios de opinión pública por medio de encuestas desde abril del 2013. Las mediciones se realizan tres veces al año a partir de metodologías rigurosas y que tras cinco años de aplicación, permiten analizar los cambios en el largo plazo.
Alpízar considera que el análisis de la coyuntura actual podría brindar algunos aportes a los tomadores de decisiones con respecto a los temas que están en debate, y sobretodo permiten a la ciudadanía ver la forma en que la sociedad va evolucionando.