Universidad de Costa RicaLa Universidad de Costa Rica, mediante un pronunciamiento del Consejo Universitario, les recordó a los medios de comunicación que su labor esencial es brindar a la sociedad costarricense información veraz y confiable sobre el acontecer nacional, con estricto apego a la ética, profesionalismo, imparcialidad y responsabilidad.
Este llamado surge de la preocupación por las constantes noticias vinculadas con el quehacer de la UCR, que se han publicado en las últimas semanas en diversos medios, en el marco del análisis del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y a la luz de la firma del Convenio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Consejo Universitario considera que dichas informaciones contienen datos sesgados que pretenden demeritar la labor de las universidades públicas y que, además, de manera irresponsable, por medio de argumentos falaces, buscan desacreditar la organización y el trabajo de las instituciones de educación superior estatal.
Ante esta circunstancia, la UCR le reiteró a la comunidad nacional su compromiso de contribuir con el análisis y debate de las reformas que necesita el país para atender la crisis fiscal y mantener el bienestar de toda la población.
Al mismo tiempo, reconoció la realidad fiscal y la urgencia de implementar acciones que permitan atender el creciente déficit, sin dejar de lado que invertir en educación es fundamental para asegurar el desarrollo nacional.
El órgano colegiado agregó en el pronunciamiento que la propuesta de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas genera un impacto directo en la sociedad costarricense y en las instituciones de educación superior. Por esto, es pertinente discutirlo y analizarlo en diversos espacios, con el propósito de que las reformas establezcan una estructura tributaria justa y equitativa.
En el caso específico de las universidades públicas, se recalcó que este proyecto pone en peligro la hacienda universitaria, pues incluye otras instituciones (además de las estipuladas en el artículo 78 de la Constitución Política) en el presupuesto destinado a la educación estatal superior. Asimismo, elimina algunos recursos que actualmente perciben las universidades, y le da potestad al Ministerio de Hacienda para otorgar los montos a las universidades de acuerdo con el estado de las finanzas públicas.