Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad

Manuel Antonio Solís Avendaño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR). Solís señaló que su texto es producto de la institucionalidad que representa la Universidad, desde la cual es posible contar con el espacio y soltura de la academia y producir investigación de este tipo, la cual puede ser base para lograr transformaciones necesarias. "Después puede ser difícil", advirtió el académico (foto: Anel Kenjekeeva).  

“Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”, señaló el exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez al resumir lo descrito en el libro Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), del investigador Manuel Antonio Solís, presentado el pasado 8 de agosto de 2018, en la Facultad de Derecho.

El documento de 500 páginas evidencia un sistema por el cual, desde hace décadas en Costa Rica, se logran concertar voluntades, a favor de partidos políticos específicos o de intereses personales concretos, entre los distintos poderes de la República.

El engranaje se revela a partir del estudio de los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por los diputados de la Asamblea Legislativa. Tales designaciones se realizan con procedimientos que cambian de forma constante y que se acomodan a los candidatos de preferencia.

El autor de la investigación, liderada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), señaló que los procesos para elegir a los magistrados son “perfectamente legales” e, incluso, calificados de procesos democráticos, pero advierte que también son procesos completamente incomprensibles para la ciudadanía.

¿Por qué se terminó eligiendo a quien no participó del proceso de elección?, ¿por qué el de mayor puntaje no queda electo?, ¿por qué los candidatos hacen lobby político para ser elegidos y qué negocian con los diputados en esos espacios?

Solís explicó que contrario a los procesos de elección popular, como las votaciones que se realizan para decidir quiénes ostentarán el poder ejecutivo y el legislativo (de las cuales todos nos sentimos de alguna manera orgullosos), las designaciones de los magistrados de la República reflejan un caudillismo y opacidad.

Portada del libro: Costa Rica: La democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos)
(foto: Anel Kenjekeeva).

Además, el investigador advierte que de esa misma manera se eligen en Costa Rica al defensor o defensora de los habitantes y al contralor o contralora general de la República. Estos casos también quedaron documentados en la publicación.

Información reveladora en el momento preciso

El libro de Solís sale a la luz pública justo en un momento en que hay ocho nombramientos de magistrados pendientes, designaciones que serán resueltas por los actuales miembros de la Asamblea Legislativa. Este es un hecho relevante, señaló el exmagistrado Arroyo, pues quienes sean electos van a aplicar la Ley en Costa Rica, seguramente por los próximos 20 años.

El exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez denunció que el nuevo procedimiento de nombramientos que usará la actual Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa da un 40% del total del proceso selectivo a la entrevista. Arroyo consideró que este era un porcentaje muy amplio de uso subjetivo, el cual se ha utilizado en otras ocasiones para desvalorizar los criterios objetivos de la selección (foto: Anel Kenjekeeva). 

En esta oportunidad, la Asamblea realizará las designaciones con, otra vez, un nuevo procedimiento, el cual le ha dado a una entrevista subjetiva el valor de 40%.

Tampoco este nuevo procedimiento cumple con los estándares internacionales que se siguen para proteger la independencia de los tres Poderes de la República.

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La abogada y politóloga Sara Barrios Rodríguez cometó que la ciudadanía debe enterarse de quiénes son y cómo piensan los que se encargan de la aplicación de la justicia en el país; además, debe controlar y opinar sobre ello (foto: Anel Kenjekeeva).  

El estudio, igualmente, logra profundizar en toda la institucionalidad costarricense; en particular, trabaja los límites de la llamada división de poderes y la reivindicación fundamental de la tradición liberal republicana desde el siglo XVIII.

Tres explicaciones

Manuel Antonio Solís, autor del libro e investigador del IIS-UCR, reconoce que toda esta construcción de vínculos entre los distintos poderes tiene su génesis en la lucha bipartidista entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, en los años 80 y 90.

De igual modo, advierte que este mecanismo es hijo de la apertura económica y de la Reforma del Estado que se promovió en los 90, en la cual hubo acuerdos entre las fuerzas del bipartidismo. Al respecto, en la presentación del libro se comentó que los nombramientos realizados en ese momento por la Asamblea Legislativa fueron casi de “uno para ti y otro para mí”.

Audiencia del 8 de agosto de 2018, en el miniauditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, durante la presentación del libro: “Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos)” (foto: Anel Kenjekeeva).

La reforma en los 90 al reglamento de nombramientos buscó profesionalizar de alguna manera este proceso y ser una respuesta al claro malestar dentro del Poder Judicial sobre estas designaciones. También, la misma apertura económica del país obligó a cambios solicitados por los organismos internacionales.

Sin embargo, en Costa Rica aún no hay una reforma clara en este sentido. Al respecto, los comentaristas de la investigación, la Dra. Sara Barrios y el exmagistrado Arroyo, aseguraron que solo una profunda transformación de la política dominante puede solventar estas repudiables relaciones entre los poderes de la República.

El llamado es a despertar una ciudadanía vigilante, que desde mucho sectores cuestione a los diputados sobre quiénes serán nuestros magistrados. En momentos de una gran discusión nacional sobre temas polémicos, es necesario saber qué piensa un futuro magistrado sobre el aborto o sobre el matrimonio igualitario. La abogada y politóloga Sara Barrios recordó que ningún sujeto (solo por el hecho de serlo) es objetivo y, ante esa realidad, la ciudadanía debe conocer a quienes le juzgan.