Universidad de Costa Rica
Los diagnósticos realizados por los especialistas en materia fiscal son determinantes y coincidentes sobre la urgencia de resolver estructuralmente el problema fiscal, por que irremediablemente, tendrá un efecto multiplicador negativo, afectando no sólo otras áreas de la economía sino también del ámbito social.
La postergación en la toma de decisiones adecuadas sigue fortaleciendo la afirmación de que el costo de no enfrentar el problema, en el corto plazo, será mucho mayor en un futuro inmediato. La tendencia en el comportamiento de los indicadores revela con claridad los límites a los que nos estamos acercando y se suma al clima de incertidumbre que esto genera en el ámbito nacional e internacional, sobre la política y dinámica económica del país.
Nuestro sistema tributario es regresivo, con diseños obsoletos, alta elusión y evasión, y con exenciones para muchos de los sectores más dinámicos de la economía.
El abordaje del problema debe de ser integral, considerando en su justa dimensión lo que correspondería aplicar como medidas desde el lado de los ingresos, así como lo que corresponde a los gastos. Cualquier sesgo es inaceptable y por supuesto deberá ser abordado en el marco no sólo de una perspectiva contable, sino que, teniendo una visión país de futuro que prospectivamente evalúe el impacto que tendrán en la sociedad futura las decisiones actuales.
La gradualidad debe de ser un elemento a considerar y las medidas por implementar deben contar con una hoja de ruta precisa y concertada, cuyo ritmo genere la confianza de que el problema se resuelve en el plazo establecido, pero alejado de medidas súbitas que generen efectos adversos en la economía y en la población y contradicciones entre la política económica y la social.
Desde la perspectiva de las propuestas tributarias lo fundamental es la justicia tributaria. Es necesario hacer realidad en nuestro país la afirmación de que “el que más tiene pague más”. Esta afirmación lleva implícito dos principios básicos: el de equidad horizontal, que es claro al establecer que individuos con las mismas características deben de ser tratados de la misma forma, es decir que personas físicas o jurídicas con los mismos ingresos deberán de contribuir con la misma carga impositiva; y el principio de equidad vertical, que plantea que personas con características diferentes deben de ser tratados en forma diferente.
Esta visión de justicia tributaria, no se visualiza en la gestión administrativa ni en la estructura de los tributos a nivel nacional en dos aspectos: cuando observamos que el indicador de evasión y elusión a nivel nacional ronda el 8% del PIB y, cuando evidenciamos cómo algunos que tienen que contribuir evaden la responsabilidad en un monto considerable y en un porcentaje mayor que el mismo déficit fiscal. En ésta materia la Administración deberá establecer mecanismos efectivos de control y eficiencia que hasta el momento no ha mostrado. Esto resta credibilidad y se constituye en un obstáculo para nuevas propuestas tributarias.
Otro aspecto a destacar lo constituye el hecho de contar con una estructura tributaria con un peso relativo mayor en los impuestos indirectos y no en los impuestos directos, lo que de por sí la hace de carácter regresiva y no progresiva.
Las propuestas de reforma tributaria presentadas hasta el momento siguen conservando la lógica anterior y limitan la posibilidad de que a través de los impuestos se pueda generar mayor equidad en la distribución del ingreso.
Entre las múltiples tareas que debe acometer el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para contar con las condiciones fiscales que le permitan al país alejarse del peligro social y económico que representa una crisis fiscal, es la imposición de una renta sin exclusión de ningún tipo, siendo ésta una de las medidas más justas y progresivas que se pueden implementar.
Además, de la renta global se deben incluir estándares tributarios con las mejores prácticas de los países desarrollados en temas como subcapitalización empresarial, reglas anti paraísos fiscales, ganancias de capital y revalorización de activos y, por último, no dejar portillos que impidan la trazabilidad tributaria, ni que favorezcan las prácticas de evasión y elusión. Ello es fundamental si se quiere una reforma justa y progresiva.
Excluir la renta global, o incluir versiones que no contemplen algunos tipos de renta, sería una contradicción con el principio de justicia que impone, que todos debemos colaborar para salvar al país de una crisis fiscal y que cada cual debe contribuir en la medida de sus ingresos y posibilidades.
Estamos claros de que las tareas son complejas pero impostergables, por lo tanto, el Conare, como siempre lo ha hecho, se pone, con nuestros especialistas a la disposición de los diferentes sectores sociales y de las autoridades de Gobierno para contribuir en la búsqueda de una solución justa, equilibrada y sostenible del problema fiscal y de la reactivación productiva y económica.