El proyecto de ley N.º 20595 Ley de eficiencia en la asignación del gasto público, presentado por los diputados Steven Núñez y Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pone en riesgo fondos destinados a programas de regionalización de las universidades públicas.
El texto, que ya se votó afirmativamente en la Comisión de Hacendarios, propone derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas, entre las que se encuentra la Ley N° 7386 que, en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general. De igual forma, las otras universidades públicas que perciben ingresos producto de esta ley, los destinan prioritariamente a sus actividades en Sedes Regionales.
Este tipo de ingresos se constituyen en rentas propias para las universidades estatales, por lo que eliminarlas reñiría con lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política, que dice “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia, y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones”.
Según explicó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, esto supone que el proyecto tenga vicios de constitucionalidad.
Los rectores de las universidades públicas ven también con preocupación el artículo 4 del proyecto en el cual se establecen los criterios para la asignación presupuestaria, ya que no son suficientemente claros y podrían eventualmente ser interpretados de manera antojadiza.
Además, aunque es un proyecto que atañe a las universidades públicas, éste no fue enviado en consulta a estas instituciones ni tampoco se consultó al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
Ante esta situación, los rectores sostuvieron una reunión con los diputados Steven Núñez y Javier Cambronero del PAC, y con el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, a fin de presentarles sus inquietudes al respecto y acordaron enviar una propuesta de texto sustitutivo que elimine aquellos elementos del proyecto relacionados con el financiamiento de las universidades públicas que puedan resultar inconstitucionales y que garantice que los recursos sigan creciendo en condiciones idénticas al crecimiento del FEES, como lo establece la ley actual.
Los rectores se comprometieron también a estar vigilantes para evitar que se apruebe el proyecto en las condiciones actuales, ya que lesiona directamente los programas de regionalización de las universidades públicas.
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