La Organización Mundial de la Salud (OMS) es clara al señalar que la educación sexual integral resulta una herramienta fundamental para lograr muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como los referidos a promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer (tercer objetivo), reducir la mortalidad infantil (cuarto objetivo), mejorar la salud materna (quinto objetivo) y combatir el VIH/SIDA (sexto objetivo), entre otros.
Por su parte, la Declaración “Prevenir con educación” firmada por los Ministros y Ministras de Educación y de Salud de América Latina y el Caribe en el 2008, reconoce la obligación que los Estados tienen de brindar educación sexual integral a sus poblaciones, especialmente a las niñas, niños y adolescentes, cumpliendo los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha establecido en relación con el derecho a la educación.
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Hay entonces, afirma Vernor Muñoz, relator especial sobre el derecho a la educación, en cumplimiento de la resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos, “sobradas razones en la realidad y en el marco jurídico internacional para oponerse a los movimientos que pretenden apartar a los Estados de su obligación de impartir educación sexual, en nombre de una supuesta, y en gran número de casos inexistente, educación familiar”.
La implementación de contenidos sobre sexualidad y afectividad integral en los programas de estudio del MEP no es un tema del todo nuevo en el país. Para mayo del 2012, Costa Rica adoptó un programa nacional sobre sexualidad por primera vez en su historia. El programa desarrolla la sexualidad humana de manera integral e incluye módulos sobre derechos humanos e igualdad de género, comunicación interpersonal y de relaciones de poder, el respeto por la diversidad, incluyendo hasta el tema del placer.
Por su parte, la Segunda Encuesta Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, del año 2015, muestra que un 93% de la población está de acuerdo con que se incluya la enseñanza sobre la educación en sexualidad en la secundaria y un 85% la apoya para la educación primaria. Esto confirma una fuerte demanda de la población consultada para que el sistema educativo asuma un rol más fuerte en la formación en sexualidad de las personas.
Sin embargo, para el inicio del curso lectivo del 2018 unos pocos grupos de padres y madres de familia cerraron centros educativos de primaria en el país, como protesta por la aplicación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral del MEP en el cuarto año de colegio. Aunado a esto, algunos grupos políticos y religiosos también se han mostrado opuestos a este programa del MEP.
El Instituto de Investigación en Educación de la UCR (INIE) afirma que en el país persisten una serie de tabúes estructurales de nuestra sociedad, los cuales limitan una visión más comprensiva e integral de la sexualidad y de la afectividad como un elemento de formación.
Sobre el enfrentamiento entre el MEP y algunas familias y grupos religiosos por el nuevo Programa de Afectividad y Sexualidad Integral para cuarto año de secundaria, la directora del INIE, Jacqueline García Fallas, señala que “el Estado debe garantizar el acceso a la información, a la formación y a la reflexión crítica en este tema, y que así es reconocido en diferentes acciones y declaraciones de organismos internacionales de los campos de la educación, la salud, y de los derechos humanos”.
La especialista en educación también detalla que de forma muy sutil las personas introducen sus prejuicios ante esta temática, y terminan atacando lo que han dado en llamar una ideología de género, que no es lo mismo que el enfoque de género que reviste el programa del MEP. “El enfoque de género es un enfoque de respeto a la dignidad de las personas, no distingue entre hombre y mujer; pero sí pone en evidencia lo relacionado con aspectos estructurales de pensamiento y ejercicio político que limita la acción de manera equitativa y promueve la igualdad entre hombres y mujeres”.
Existe mucho más que el aspecto biológico en la sexualidad, la educación sexual integral es un derecho humano de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; es un derecho a la información, así lo concibe la ONU. Sobre esta concepción, la especialista del INIE destaca que “al hablar de que es un derecho humano, la educación en afectividad y sexualidad nos remite al acceso a la información, a la formación y, sobre todo, a la reflexión crítica, pues estamos en relación con otros seres, no es solo la convivencia; y cuando no se proporciona educación sexual en la práctica educativa predomina entonces el denominado currículum oculto, con su potencial carga de prejuicios e inexactitudes, sobre los que no hay crítica ni control social o familiar posible”.
La Educación Sexual Integral fue declarada un derecho humano por las Naciones Unidas. Es así como en el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación del 2010, se destaca que “la ONU considera la falta de acceso a la educación sexual y reproductiva como una barrera para el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la educación y a la información”.
Ese informe también señala: “El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer insta a los Estados a que brinden educación sexual de manera obligatoria y sistemática en las escuelas, incluida la formación profesional”. Y destaca, además, que “la educación sexual integral resulta estratégica para asegurar el cambio cultural que los derechos humanos exigen de nuestras sociedades, ya que la educación para la sexualidad tiene también como finalidad construir los afectos y desarrollar un papel transformador en los hombres, yendo más allá de lo estrictamente genital y físico".
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