Para un oficial de tránsito, un día laboral suele caracterizarse por tener que lidiar con personas que conducen bajo los efectos de las drogas. Al momento de una inspección o un retén, el clima de tensión tiende a aumentar, lo que concluye en algunas ocasiones en episodios de conflicto tanto para el oficial como para el ciudadano implicado.
Por esa razón, 25 agentes recurrieron a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica (UCR) con el objetivo de mejorar sus habilidades y lograr un abordaje efectivo en personas que han consumido algún psicotrópico, sin dejar de lado la sensibilidad y el enfoque humano ante las diversas circunstancias que rodean al individuo.
Al igual que ellos, otros 21 profesionales del Ministerio de Justicia y Paz encargados de acompañar a las personas privadas de libertad también se entrenaron en el tema. A diferencia de los oficiales de tránsito, estos profesionales se enfocaron específicamente en la temática de reducción de daño, que busca restituir a los integrantes del sistema penitenciario sus derechos.
La preparación se dio en el marco del Programa de Capacitación y Certificación del Recurso Humano en Tratamiento y Atención en Drogas-Costa Rica (Proccetrad-CR), una iniciativa conjunta entre la UCR, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), así como centros de tratamiento y otras instancias no gubernamentales.
De acuerdo con María Fernanda Montoya Picado, coordinadora académica del Proccetrad-CR, el programa busca satisfacer una necesidad presente en distintos entes, cuya labor implica relacionarse con poblaciones que poseen problemas de adicción. El propósito es dar a conocer la complejidad de la enfermedad mediante un abordaje amplio que desmitifique el padecimiento y permita una visión integral de los factores relacionados con el consumo.
“Se ha entendido que consumir drogas muchas veces es por necedad, pero hay más detrás de eso. Muchas personas que están privadas de libertad o en conflicto con la ley consumen sustancias psicoactivas. Entonces es importante saber, desde el enfoque de reducción de daño, cómo podemos mantener sus derechos y su dignidad como persona. En el caso de los policías de tránsito, ellos nos han comentado que incluso tienen en su historial personas reincidentes. Por lo tanto, nos concentramos en sensibilizar e informar. Hay que tener claro que la persona que hace abuso de la sustancia es muy distinta a otra persona que es dependiente”, indicó Montoya.
El curso constó de 64 horas de participación. En este tiempo los oficiales de tránsito lograron un mejor entendimiento sobre qué es consumo y qué es adicción. Elena Hernández Rojas, también del Proccetrad-CR, explicó que si bien, desde el punto de vista legal, consumir altos niveles de sustancias psicoactivas es considerado un delito, cuando hay un problema de adicción la persona no consume por placer, sino por necesidad, una situación que difiere del consumidor social que ingiere en momentos esporádicos.
Lo anterior se vuelve vital ante una realidad en donde las carreteras se han convertido en un escenario de constantes fallecimientos. Mario Calderón Cornejo, Director General de la Policía de Tránsito, afirmó que el interés por entrenarse en el campo responde a reforzar la misión primordial que la policía ha tenido desde sus inicios: salvar vidas.
“Hoy vemos que en las carreteras la gente se está matando y está muriendo justamente por ese factor. La gente ha perdido ese temor a la muerte. Así, ¿qué mejor que el alma máter de Costa Rica, como lo es la UCR, para que nos diera ese conocimiento? Si queremos que la sociedad esté bien, sus policías deben estar muy bien capacitados. Esperamos que este sea solo "el abrir del portón" del conocimiento, a fin de que se siga fortaleciendo el aporte social que realiza la Policía de Tránsito día con día”, destacó.
A enero del 2018, con base en las cifras del Ministerio de Justicia y Paz, se calcula que en Costa Rica hay una población de 35.443 presos, muchos con problemas de adicción. Cuando egresan, algunos no poseen vínculos con sus familias y desconocen toda la red de apoyo a la cual pueden acceder por alimentación, escucha y asesoría en temas de trabajo. Como consecuencia, la posibilidad de que la persona vuelva a cometer delitos para garantizar su consumo se vuelve elevada.
En ese momento es cuando aparece el enfoque de reducción de daño. El objetivo es que al recluso se le trate como persona, independientemente si consume sustancias o si ha cometido delitos, con el fin de aumentar su autoestima y valor como ser humano al restituirle sus derechos, un elemento clave para el cambio individual y con el potencial de impactar el bienestar social colectivo.
“El no sentirse persona es una de las causas por las cuales un individuo consume. Si de repente la persona pudo ir a una cama, comer, bañarse y sentirse como persona, es capaz de generar una introspección y decidir dejar de consumir porque ve que vale la pena. Las personas que van a pasar, o han pasado por el sistema penitenciario, serán muy beneficiadas con estos recursos al ser vistas como seres humanos a los que no se les está haciendo a un lado. Ellos y ellas tendrán un sistema de apoyo al cual recurrir en caso de que lo necesiten”, indicó Hernández.
Estos son los profesionales del Ministerio de Justicia y Paz capacitados. Durante el curso, ellos y ellas lograron revivir su experiencia personal. Por lo tanto, el curso genera un doble beneficio. No solo para conocer y aplicar en su trabajo, sino también porque mueve su vida personal.
Anel KenjekeevaEntre los profesionales del Ministerio de Justicia que fueron capacitados se encontraron psicólogos, trabajadores sociales y orientadores que brindan acompañamiento a las personas privadas de libertad y en conflicto con la ley.
Ronald Herrera Martínez, asesor de la Dirección General de Adaptación Social, indicó que los insumos adquiridos serán usados para rediseñar el enfoque con el que se entiende la situación de la drogadicción en prisión, al tener claro que el problema no es la persona, sino sus circunstancias.
“La problemática del consumo es compleja y significa una gran carga no solo para la persona que lo sufre, sino también para su entorno. Desgraciadamente, las drogas son un condicionante negativo para las personas e impulsan la realización de delitos. Creo que ahora estamos en condiciones de potenciar el sistema penitenciaro, y de más está decir, la calidad de la enseñanza que la UCR nos puede brindar”, señaló.
El enfoque de reducción de daño también llegará a los jóvenes reclusos. Keylor Rodríguez Rodríguez, de la Supervisión Técnica del Programa Penal Juvenil, manifestó que esta población está en una etapa fundamental de formación de su identidad, lo que constituye una gran oportunidad de cambio y de posibilidades para aportar a nivel social.
“Una de las cosas que hemos tratado es potenciar áreas como la deportiva, la cultural y la artística. Cuando los jóvenes descubren sus talentos, ellos mismos se sorprenden con sus alcances y todo lo que pueden hacer. Si solo enfatizamos el consumo y no otras dimensiones, estaríamos volviendo al enfoque anterior, la abstinencia, que si no se logra, todo el esfuerzo desarrollado por la persona se ve como un fracaso. Es aquí cuando podemos hacerles ver todos los avances que han tenido en otras áreas en mejora de su condición y recordarles el daño que el consumo les ha traído”, enfatizó.
Los 46 participantes del Ministerio de Justicia y Oficiales de Tránsito concluyeron exitosamente su preparación y recibieron durante el mes de febrero los certificados que respaldan su formación.
Ahora, para este 2018 el Proccetrad-CR posee 10 nuevas propuestas y replicará los cursos de reducción de daño y de abordaje para las personas bajo los efectos de las drogas. Se espera que más instituciones deseen capacitarse en el tema.
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