Al día de hoy, tres pacientes han recibido dicho tratamiento con un costo anual de $239.089 cada uno. Si se incorpora el resto de las enfermedades que requieren un tratamiento especial, “el 27% del presupuesto de medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) está en menos de 10.000 pacientes”.
Así lo afirmó el Dr. Albin Chaves, director de Farmacoepidemiología de la Caja en el marco del Foro: “Soluciones Innovadoras ante el impacto de las enfermedades crónicas en Costa Rica”, realizado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Durante su presentación, el Dr. Chaves expuso la importancia del proyecto: “Ley para la Adquisición solidaria de medicamentos de alto impacto financiero para la CCSS". Esta iniciativa busca fuentes alternativas orientadas a sufragar el gasto de los fármacos de costo elevado, los cuales actualmente constituyen un nuevo desafío para la sostenibilidad financiera de la seguridad social del país.
De acuerdo con el especialista, solo en el 2015 los fármacos no LOM, considerados como aquellos que no están dentro de la Lista Oficial de Medicamentos (LOM), correspondió a un monto cercano a los $37.021 millones.
A esa cantidad hay que agregarle los medicamentos esenciales. Se calcula que cada paciente que ingresa al sistema de seguridad social recibe en promedio más de 12 medicamentos. En el caso de una consulta ambulatoria se prevé que se reciben más de cinco fármacos y en consulta de emergencia cerca de 2,1.
Si las cifras anteriores se multiplican por el número de consultas que la CCSS atiende anualmente, del total del gasto en salud cerca del 7% corresponde a medicamentos. En el 2017, ese número correspondió a $198.378 millones.
“Sobre el total del gasto de medicamentos, el monto destinado a fármacos no LOM es superior a un 13,2%. Es ahí donde se viene a preguntar hasta dónde el sistema va a soportar. La CCSS ha logrado sostener los gastos mediante un modelo solidario de financiamiento tripartito: patronos, trabajadores y estado. Sin embargo, es una situación que hay que ponerle atención en un futuro próximo”, afirmó el Dr. Chaves.
El experto detalló que si no fuera por la seguridad social, un costarricense que presente una patología compleja y requiera de estos fármacos de alto valor financiero, tendría que trabajar hasta 20 horas diarias. Esto, si ganara el salario mínimo, con el fin de acceder al tratamiento anualmente.
“Es aquí cuando se ve la solidaridad del sistema pero, para seguir garantizando el derecho y el acceso a los medicamentos de los ciudadanos que así lo precisan, es necesario buscar nuevas fuentes que permitan enfrentar los gastos”, afirmó Chaves.
El decreto de medicamentos esenciales que tiene Costa Rica data desde 1982 y su objetivo es resolver las necesidades de salud presentes en la mayoría de la población. Por esa razón, se seleccionan los fármacos más requeridos en el país con base en criterios epidemiológicos, clínicos, farmacológicos y de sustentabilidad.
En casos excepcionales, cuyos medicamentos no están disponibles para pacientes en condiciones complejas, la CCSS pone a disposición un formulario terapéutico abierto. En este documento el médico debe justificar, con medicina basada en la evidencia, el porqué ese fármaco representaría un beneficio para el paciente.
El Dr. Chaves manifestó que solo en el 2016 el Comité Central de Farmacoterapia avaló el 54% de las peticiones. Sin embargo, los últimos datos también señalan que las solicitudes por formulario terapéutico abierto aumentan cada vez más.
“La política de medicamentos esenciales ha permitido tratar a más de un millón de pacientes hipertensos, quienes representan el 1,93% del presupuesto de medicamentos, y a 258.000 pacientes diabéticos con el 3,30%. Estos logros se han alcanzado con el 7,5% del presupuesto de salud a la inversión en medicamentos. Pero los fármacos de muy alto costo de adquisición, como en la enfermedad de Pompe, son casi $900.000 en dos pacientes. Por eso hablamos del índice de solidaridad, ¿hasta dónde se puede costear de manera solidaria sin afectar el derecho a la salud de los demás?”, afirmó.
Una de las propuestas que se plantea, es generar un incremento en el impuesto específico a las bebidas no alcohólicas, como a las gaseosas y sus concentrados, así como otras bebidas líquidas envasadas excepto el agua.
En el caso de las gaseosas se estima un aumento de ₡5,5 y para las otras bebidas líquidas un incremento de ₡4,1. De acuerdo con Chaves, esto podría generar un ingreso a la CCSS de ₡10.000 millones.
“Se valora que el aumento del precio en promedio sea de un 2%. Por lo tanto, se espera que no afecte ni los niveles de consumo de estas bebidas, ni la producción de estas y, por ende, tampoco las fuentes de trabajo en esta industria. El objetivo final de la Ley es adquirir de manera solidaria medicamentos de alto impacto económico, a fin de fortalecer la labor de la CCSS en cuanto a seguir garantizando el acceso a los medicamentos”, afirmó.
El proyecto de ley también procura brindar tratamiento a enfermedades de baja prevalencia, así como fortalecer los programas de vacunación. Actualmente, la idea está en discusión en la Asamblea Legislativa.
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