Universidad de Costa Rica
Aunque Costa Rica sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, a pesar del aumento en los últimos años de los homicidios dolosos, la percepción sobre la delincuencia es elevada desde hace varios años, y ello se explica, en parte, por la influencia de una narrativa mediática que estereotipa y estigmatiza.
Lo anterior tiene el agravante de que no solo las opiniones, sino también la gestión y la política pública se alimentan de esos mensajes y discursos periodísticos que obvian en algunos casos el estado de derecho y los derechos humanos en materia de asuntos delictivos y justicia penal.
Así se justifica la importancia de este nuevo material, que se pone a disposición de estudiantes de periodismo y de periodistas en ejercicio, el cual fue elaborado desde la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi-UCR).
Este manual es fruto del trabajo de graduación de la Maestría en Ciencias Penales de la investigadora y comunicadora Giselle Boza Solano, el cual pretende servir de guía para la elaboración de informaciones acerca del delito y la justicia penal, a la luz de los principios constitucionales y de derechos humanos que sustentan la acción punitiva en un Estado democrático de derecho.
Sobre el material, la coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales, Rosaura Chinchilla Calderón, comenta que uno de los principales indicadores del nivel de democracia en una nación está dado por el espacio que un país brinde a los medios de comunicación colectiva y el respeto que se tenga por su labor, sin embargo, la actividad de los medios y de las personas o empresas que los componen o dominan, no debe quedar exonerada del escrutinio público pues, en no pocos casos, estos se convierten en aparatos reales de poder que inciden en una amplia gama de derechos de las personas.
El enfoque periodístico o noticioso puede incidir y afectar otros derechos humanos de los diversos actores, como el respeto a la privacidad, el principio de inocencia, los derechos de la personalidad, la integridad emocional de las víctimas y el principio de independencia e imparcialidad judicial, entre otros.
Se trata de una obra de 199 páginas que se presenta como el primer manual de su tipo en el país y que se divide en cuatro capítulos: en el primero se establece una mirada a la libertad de informar y la responsabilidad de la prensa frente a los hechos y acontecimientos sociales, aborda la justicia penal y la relación con la prensa y analiza los principales enfoques a las representaciones periodísticas del delito y la justicia penal. En el segundo capítulo se profundiza en la perspectiva de la justicia penal y los derechos humanos, en los fundamentos del sistema penal garantista y en los principios constitucionales como límites a la libertad de informar: el principio de publicidad, el principio de inocencia, los derechos de la personalidad y la protección especial a personas menores de edad. En el tercer capítulo se hace un repaso a la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre los límites a la libertad de informar relacionados con la materia penal. Finalmente, en el capítulo cuarto hay una propuesta sobre nuevos enfoques a las noticias sobre delito y justicia penal desde la perspectiva de derechos. En este último capítulo pueden encontrarse ejercicios y actividades de aplicación de los principios vistos y se presenta una guía para las salas de redacción.
