Universidad de Costa Rica
La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica realizó el pasado 29 de noviembre un conversatorio en el cual se analizó la independencia del Poder Judicial, a raíz de la resolución de la Sala Constitucional sobre las consultas legislativas al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La actividad fue organizada por la Dra. Magally Hernández, coordinadora de la Maestría en Derecho Público.
Son dos hechos puntuales los que se denuncian por afectar la independencia del Poder Judicial, tras la eventual aprobación de la reforma fiscal: 1. la evaluación del desempeño de los funcionarios judiciales la realizaría el Poder Ejecutivo y 2. será el Poder Ejecutivo el que, año a año, defina algunos posibles límites al presupuesto que otorgará al Poder Judicial.
La coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, la M. Sc. Rosaura Chinchilla Calderón aclaró que el análisis se realiza extrayéndose del problema fiscal. Ella inició el debate y también lo cerró al señalar que es el mismo Poder Judicial el que permitió esta injerencia.
En el conversatorio participaron como ponentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; el decano de la Facultad de Derecho, Alfredo Chirino Sánchez, y el exmagistrado Walter Antillón Montealegre.
Todas sus posturas concluyen que el poder (entendido como los grupos de presión políticos y económicos) es el que toma las decisiones incluso pasando, esta vez, por encima de la Constitución Política, aunque use formalmente sus órganos y procedimientos.
Con un análisis histórico, el exmagistrado Antillón Montealegre explicó que desde 1859 en Costa Rica no hay magistrados independientes, porque el nombrarlos políticamente genera magistrados que responden al poder y, en este país, históricamente, la designación de los magistrados se hace de forma política.
Nuevamente, se advierte desde la Facultad de Derecho que la designación de la magistratura es una materia delicada y que la elección de esta por parte de la Asamblea Legislativa es incompatible, porque tal órgano es cada vez menos docto y la injerencia del poder es cada vez más sutil.
“Viene ocurriendo que en Costa Rica se utilizan las magistraturas para objetivos políticos y personales, y para ello se eligen magistrados en la Sala Tercera (y otras)”, señaló Antillón.
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Chinchilla Calderón agrega que, en el contexto de la reforma fiscal, cualquier decisión de la Sala Constitucional no hubiera sido independiente, pues muchas de ellas a lo largo del tiempo han estado teñidas de intereses personales (por ejemplo, ruptura de tope de cesantía y aumentos de alta gerencia).
Antillón lo explica señalando que con la elección siempre política de los magistrados, los diputados actúan como títeres de ese "poder político y económico". Ejemplifica este hecho con lo ocurrido en una última designación, cuando un candidato a magistrado recibe cero votos en primera ronda, cero en la segunda y 38 votos en la tercera, y resulta electo.
“Es claro que estamos siendo gobernados detrás de la Asamblea, esto es un golpe de estado”, señaló Antillón.
El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro, reafirma el problema al señalar otra vez que, en este país, la actual elección de jueces y magistrados se da por designación que responde a intereses políticos. “De la boca para afuera es un juez independiente, pero de la boca para dentro el poder quiere un juez que complazca”.
A esta lectura, que ejemplifica un poder con influencia en todos los poderes de la República, se suma un discurso de satanización del estado social de derecho que tiene muchísimo eco en la población, debido a que las mismas instituciones se han vuelto vulnerables a la crítica.
El decano de la Facultad de Derecho, Alfredo Chirino, advirtió que la defensa del estado democrático en Costa Rica quedó en segundo plano.
La situación no podía ser distinta, el momento histórico puso el país al límite. Cruz explicó que él comprende la premura del Ejecutivo, pero también sabe que lo que se hace con prisa no es lo mejor y que, como presidente de la Corte, su deber es defender al Poder Judicial como garante democrático.
La actividad se realizó en el miniauditorio de la Facultad de Derecho, que estuvo por más de tres horas y media abarrotado de una asistencia inquieta. Las preguntas fueron abundantes y muchas se quedaron sin respuesta porque la realidad es compleja.
Unas de las interrogantes fue “¿Y el pueblo qué puede hacer ahora?” La respuesta del exmagistrado y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica Walter Antillón fue tajante: “El pueblo permitió que la oligarquía hiciera lo que quisiera”.
