Instan al Gobierno a firmar norma técnica que permita interrumpir embarazo por razones de salud

La interrupción del embarazo por razones de salud es una decisión conjunta entre un equipo de profesionales en medicina y la mujer embarazada, que se enmarca en el disfrute de otros derechos humanos, como la vida, la salud y la no discriminación.

Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) instó al Gobierno de la República y al señor presidente, Carlos Alvarado Quesada, a cumplir con la legislación vigente y firmar la norma técnica para la interrupción del embarazo por razones de salud, en concordancia con el artículo 121 del Código Penal, el cual procura salvaguardar la vida y salud de las mujeres y evitar que estas sigan sufriendo violencia, maltrato y crueldad.

De acuerdo con el Órgano Colegiado, esta norma busca identificar las situaciones de riesgo y establecer el procedimiento (plazos e instancias involucradas) para intervenir los embarazos en los casos en que esté en riesgo la salud de la mujer embarazada.

El pronunciamiento de esta casa de estudios superiores rescata el llamado que han hecho el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos para acelerar el proceso de aprobación de un protocolo que permita a la mujer decidir la interrupción del embarazo, cuando la continuación de este supone un riesgo para su vida o una afectación de su salud física o mental.

Adicionalmente, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Centro de Derechos Reproductivos han señalado la pertinencia de que exista una regulación que haga posible la interrupción del embarazo en todos los servicios de salud públicos y privados, para que de esta manera se garantice la atención médica oportuna, de calidad y segura.

La Universidad resaltó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay vínculo entre la penalización del aborto y la disminución de esta práctica; por el contrario, se evidencia una relación directa con la cantidad de abortos peligrosos realizados, lo cual permite determinar que las leyes restrictivas no previenen o impiden que las mujeres aborten.

Según datos de la OMS, del 2010 al 2014 se practicaron en el mundo aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos, que representan alrededor del 45% del total de los abortos llevados a cabo, de los cuales, el 97% se registraron en África, Asia y América Latina.

Con este pronunciamiento, la Universidad de Costa Rica reafirma su compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos y promover el bienestar de la sociedad costarricense.