Universidad de Costa Rica
La Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó, categóricamente, la disminución injustificada al presupuesto que, por mandato constitucional, les corresponde a las universidades públicas y, al mismo tiempo, censuró toda forma de imposición de las agendas políticas.
La postura de esta casa de estudios superiores surgió como respuesta a la moción aprobada por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para modificar el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y rebajarle diez mil millones de colones (10 000 000 000) al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario, la UCR recordó que los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política garantizan el financiamiento de la educación pública, incluida la universitaria estatal –así como su patrimonio y rentas–. Por tanto, la disminución planteada es improcedente, pues vulnera el texto constitucional que prohíbe abolir o disminuir los recursos financieros de la educación superior.
El Órgano Colegiado aseguró que las eventuales rebajas implicarían, en el peor de los casos, un decrecimiento tanto real como nominal para el presupuesto universitario, lo cual constituiría un precedente catastrófico y sin antecedentes para la educación del país.
Debido a la preocupación que causa este panorama, el Consejo Universitario se declaró en sesión permanente, con el propósito de poder definir las acciones relacionadas con las consecuencias del posible recorte al FEES y determinar las medidas pertinentes para promover la participación activa de la comunidad universitaria, al igual que las posibles actividades que se deban realizar en defensa de la educación pública.
Adicionalmente, el Órgano Colegiado acordó gestionar una reunión de urgencia con las diputadas y los diputados, con el fin de que ambas partes expongan sus criterios y se analicen las implicaciones de la disminución al FEES.
Los recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior se utilizan en beneficio de los sectores más vulnerables, pues ayudan a redistribuir la riqueza y a democratizar el acceso a la educación superior de manera que esta sea un medio de movilidad social para los estratos bajos y medios de la población costarricense.