En medio de manifestaciones, el plan fiscal se aprueba en primer debate

Estudiantes, docentes y administrativos marcharon por una reforma fiscal más justa y progresiva. Laura Rodríguez Rodríguez

Con 35 votos a favor y 22 en contra, los diputados aprobaron en primer debate la Ley 20 580 “Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, esto, en marco de las manifestaciones que se desarrollaron en horas de la mañana y que se han mantenido en diferentes lugares del país en las últimas semanas.

Lo que falta ahora es que el Proyecto sea enviado a consulta a diferentes instituciones del Estado, entre ellas, a las universidades públicas y al Poder Judicial.

Día de gran movimiento

A partir de las 9:00 de la mañana, estudiantes, docentes y administrativos de la UCR se reunieron para marchar hacia la Asamblea Legislativa con el fin de mostrarse en contra al proyecto de ley 20 580 que se encontraba en la corriente legislativa.

Lo anterior, como resultado resultado del rechazo a las modificaciones que, según la Comisión Institucional de la Universidad de Costa Rica (UCR), le hubieran otorgado una mayor solidadridad, progresividad y equidad al Proyecto.

Algunas de las mociones que no se aprobaron supondrán el pago del 2% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compras, así como a las ventas de bienes y servicios de las universidades públicas. De igual forma, se da la inclusión del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Red de Cuido dentro del 8% del producto interno bruto destinado a la educación, lo que podría reducir en términos generales la inversión del país en educación pública.

Al respecto, ya el Dr. Carlos Araya Leandro explicó que el transitorio XIV del proyecto de ley establecía que el Ministerio de Hacienda devolverá el monto pagado por concepto de pago de impuesto sobre las ventas por compra de bienes y servicios (2%). Para tal efecto, incorporará los recursos correspondientes por medio de una transferencia en el Presupuesto de la República.

En cuanto al dinero proveniente de destinos específicos, el miércoles 3 de octubre la Asamblea Legislativa y representantes universitarios provenientes del Recinto de Paraíso, llegaron a un acuerdo de proponer un proyecto de ley que reforme el artículo 24 del capítulo IV, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La modificación se realizaría con el objetivo de que este artículo diga, de manera explícita, que la asignación de recursos también contemplará los destinos específicos derogados y, con ello, garantizar el funcionamiento del Recinto de Paraíso de la UCR, así como recursos destinados a otras sedes y centros de investigación. Un aspecto el cual la Universidad de Costa Rica se mantendrá vigilante para su cumplimiento.

Esta mañana en la Asamblea Legislativa también estaban distintos bloques sindicales que apelan la elaboración de un nuevo texto a fin de lograr una reforma progresiva y equitativa.

Clima tenso

En estos momentos, los 57 diputados finalizaron el debate de fondo. Ellos hicieron uso de la palabra por 10 minutos a fin de hablar sobre los objetivos del proyecto, fortalezas y debilidades que podría causar.

No obstante, durante el día se han presentado algunos retos. Diputados opositores del proyecto indicaron posibles vacíos de procedimientos como las publicaciones de rigor y las consultas obligatorias institucionales. En este caso, la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, dijo que "el proyecto de ley consultado no tenía vicios de procedimiento que invaliden lo actuado".

Lo que falta ahora es que el Proyecto sea enviado a varias instituciones para realizar la consultas obligatorias correspondientes.

Estos entes serían: Banco Central de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, Instituto Costarricense de Electricidad, Bancos del Estado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) municipalidades del país, Instituciones autónomas, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial, universidades del estado; entre ellas la UCR.

Además, según lo han adelantado algunos diputados y diputadas, el proyecto será enviado a consulta de la Sala Constitucional.