Universidad de Costa Rica
El jueves 18 de enero, las dos partes sentadas en la mesa negociadora de la Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad de Costa Rica, llegaron a un acuerdo sobre la forma en cómo se regirá la Junta de Relaciones Laborales (JRL) una vez que se apruebe el nuevo texto.
Para conseguirlo, los negociadores de la administración y el Sindeu tomaron siete sesiones de doble jornada, o lo que es igual, un total de 50 horas de conversaciones, para analizar uno de los puntos considerados por el vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya, como “más complejos” de este proceso.
En el nuevo texto, la JRL permanecerá como un órgano “bipartito, paritario y permanente” que decidirá casos disciplinarios y de derechos laborales colectivos e individuales. Su objetivo será entregar a la jefatura correspondiente un informe de recomendación sobre la situación analizada. Seguirá siendo además un órgano con una “autonomía funcional” y con un “deber de imparcialidad”, adscrito a la Oficina de Recursos Humanos (ORH) en su financiamiento.
Seis miembros propietarios y dos suplentes integrarán la nueva JRL, distribuidos de la siguiente manera: tres propietarios designados por la administración y los otros tres por el Sindeu, con una suplencia cada uno. Los miembros podrán utilizar en estas funciones hasta 20 horas semanales de su trabajo. Este organismo sesionará de manera ordinaria hasta dos veces por semana y quienes lo conformen dispondrán de un nombramiento de dos años prorrogables, aunque pueden ser sustituidos por alguna razón justificada.
Para que un tema se solucione a lo interno de la JRL debe contar con el voto de mayoría simple, en un máximo de un mes calendario. De no ponerse de acuerdo, ambas posturas se envían a la autoridad correspondiente, quien tomará la decisión final. Con esto se elimina el Tribunal Arbitral, que antes dirimía veredictos que terminaban empatados entre los sindicalistas y la administración, pero que tardaba hasta un año para resolver un caso.
Otra novedad importante en este acuerdo radica en el proceso de instrucción de los casos de eventuales sanciones administrativas. Este ya no estará en manos de la JRL, sino que corresponderá al Órgano de Procedimiento de Instrucción (OPI), conformado por tres abogados. Este órgano se encargará de la instrucción de los procedimientos administrativos disciplinarios remitidos por la Junta y que se produzcan en el personal administrativo y docente interino. Una vez concluido el análisis, el OPI rendirá a la JRL un informe de dicha instrucción con una relación de hechos probados y no probados, así como los fundamentos del caso.
Finalmente, otra disposición incorporada tras la negociación será acortar los plazos de resolución de los casos que trate la JRL, tal como lo establece la Ley de Administración Pública. Anteriormente, los “casos extraordinarios” debían resolverse en 30 días, pero ninguno cumplía con ese lapso y el proceso tardaba meses.
Para el vicerrector de Administración, el llegar a un acuerdo con este tema significa un logro en esta serie de negociaciones con el Sindeu, que permite imaginar que es posible conseguir un consenso en los puntos que quedan por negociar hasta el 16 de febrero, fecha en que vence la prórroga de las discusiones por el nuevo texto de la Convención Colectiva.
“Estamos complacidos en la administración por llegar a un acuerdo que permite fortalecer la JRL, brindándole herramientas para que su accionar sea más efectivo y eficiente, de manera que pueda rendir informes en plazos menores a los actuales y siendo garante del respeto al debido proceso y de los derechos de las personas trabajadoras”, señaló el Dr. Araya.
Quedan aún por definir en la mesa de negociación de la Convención Colectiva temas como el porcentaje de anualidad, la cesantía y el reajuste salarial.
