La Asamblea de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica se manifestó sobre el actual proyecto de reforma fiscal y advirtió que es necesario que —junto con las acciones para mejorar e incrementar la recaudación fiscal— se impulse la aplicación del Modelo de Gestión Pública para Resultados de Desarrollo.
El pronunciamiento señala además que el abuso de exoneraciones fiscales, así como las diversas legislaciones relativas a remuneraciones en el sector público, han generado una cultura de clientelismo político de diferentes sectores sociales y empresariales, los cuales buscan mantener privilegios fiscales y de renta que introducen distorsiones que rompen las capacidades de generar consensos de forma democrática.
Con esa afirmación, la Escuela explica el debate actual entre sectores a favor y en contra del actual proyecto de reforma fiscal.
Se afirma que ese clientelismo debilita la confianza en el sistema, al facilitar el que diversos grupos puedan usarlo para tomar ventaja a la hora de establecer alguna medida de elusión fiscal.
Advierten los expertos en la disciplina que el proceso de fortalecimiento de las Finanzas Públicas requiere aumentar la base tributaria, para lo cual es necesario ajustar el esquema impositivo a la nueva realidad productiva del país basada en servicios tales como la salud, la educación, el transporte, los servicios a las empresas, y otras formas de actividad basada en conocimiento.
Adicionalmente, recomiendan fortalecer los mecanismos de fiscalización de la recaudación de los impuestos y advierten que las exoneraciones fiscales no se deben dar de forma permanente a los diversos sectores empresariales, sino que las mismas deben estar sometidas a análisis.
El documento reconoce que el modelo público debe tener una gestión más eficaz, eficiente y sostenible de forma tal que los programas y proyectos públicos contribuyan en la generación de mayor bienestar para todas y todos los ciudadanos, a través de la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y equitativa.
En el mismo sentido, el pronunciamiento señala que es necesario articular los procesos que permitan mayor racionalidad e impacto de las acciones públicas, para reducir duplicidades en la prestación de servicios; así como estimular mejores procesos de gestión, control y evaluación de programas y proyectos públicos.
Además, menciona que el financiamiento de lo público requiere la contribución solidaria de todos los sectores sociales y empresariales, de acuerdo con el Principio de la Solidaridad que sustenta la vida democrática que se establece a partir de la Constitución.
Por último, se concluye que la Universidad de Costa Rica, como casa de enseñanza, con una amplia tradición de extensión universitaria e investigación en las diversas áreas de desarrollo humano, debe ser ejemplo y líder en la austeridad y eficiencia en los usos de los recursos públicos.
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