Retiro de fondos específicos amenaza existencia de Sedes y Recintos UCR

La totalidad del presupuesto anual del que dispone el Recinto de Paraíso de la UCR proviene, desde el año 1995, de los recursos asignados por medio de la Ley N.° 7386.  Laura Rodríguez Rodríguez

El funcionamiento y existencia de varias sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica (UCR) estaría amenazada de aprobarse el texto sustitutivo presentado en la Asamblea Legislativa al proyecto de ley N.º 20595, Ley de eficiencia en la asignación del gasto público.

La propuesta actual propone derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas, entre las que se encuentra la Ley N° 7386  que, en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general, así como a laboratorios y centros de investigación.

Otras universidades públicas del país también perciben fondos específicos que se destinan prioritariamente al funcionamiento de sus sedes regionales y les permiten llevar educación superior a diversas localidades del país.

Medida comprometería al Recinto de Paraíso

La totalidad del presupuesto anual del que dispone el Recinto de Paraíso de la UCR proviene, desde 1995, de los recursos asignados por medio de la Ley N.° 7386 del impuesto sobre la renta, y su recorte comprometería por completo su operación.

Bajo esta ley, el presupuesto asignado al Recinto durante el 2018 se estima en los ¢971 millones, los cuales ingresan a las arcas de la institución por medio de tractos mensuales.

De los recursos asignados este año, ¢515 millones corresponden al pago de bienes duraderos, como compra de equipo, vehículos oficiales y construcciones; mientras que ¢301 millones corresponden a remuneraciones por pago de salario a docentes y administrativos.

El pago de servicios como alquiler, limpieza o servicios básicos reciben ¢102 millones y se destinan  ¢34 millones para cubrir materiales y suministros, como combustibles y materiales de oficina. Finalmente, ¢17 millones corresponden a transferencias corrientes, es decir, nombramientos de horas estudiante y pago de prestaciones legales.

Según la directora del Recinto, Dra. Rosibel Orozco Vargas, los recursos asignados por medio de esta ley no solo han permitido consolidar la operación del Recinto, sino que han representado una puerta abierta al desarrollo y crecimiento del país desde la provincia de Cartago.

Hasta hoy, el Recinto ha graduado 1025 profesionales en las carreras de Informática Empresarial, Castellano y Literatura, Enseñanza del Inglés, Turismo Ecológico, Dirección de Empresas y Enseñanza de la Matemática.

Orozco enfatizó el papel que ha tenido la institución para acercar la educación superior a la población de la zona y ofrecer profesionales competentes para atender las necesidades y cambios del quehacer nacional.

En la actualidad, el Recinto cuenta con 520 estudiantes inscritos en alguna de las seis carreras que se imparten, a los que se sumaron, durante el primer semestre del año, 266 personas, desde adolescentes hasta adultos mayores, partícipes del Programa de Educación Continua.

 Además, cuenta con 130 personas contratadas entre docentes y administrativos, lo que también ha convertido al Recinto en una importante fuente de empleo en la localidad, a la que también se impacta de forma constante por medio de Proyectos de Acción Social y de Extensión Docente.

Afectación de otras sedes

Las sedes del Pacífico, Guanacaste y el Caribe también obtienen recursos para sus actividades vitales asignados por una ley específica, la Ley de Pesca y Acuicultura N.º 8436, que fue promovida en la década de los años 70 por el exdiputado Arnoldo Ferreto Segura.

Las sedes del Pacífico, Guanacaste y Caribe, de la UCR, reciben recursos por medio de la Ley de Pesca y Acuicultura. En conjunto, estas sedes regionales atienden a más de 4000 estudiantes. - foto archivo ODI.

Esta norma establece cánones para las actividades de registro y licencia de pesca de los barcos atuneros con bandera extranjera, así como multas y decomisos para la pesca que realicen esos barcos en aguas de jurisdicción nacional.

Un porcentaje de los recursos que se obtienen son transferidos a la UCR por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), y están repartidos de la siguiente manera: 25 % para la Sede del Pacífico, 10 % para la Sede de Guanacaste y 10 % para la Sede del Caribe.

Para el director de la Sede del Pacífico, Mag. Mario Solera Salas, desde 1975 la ‘ley Ferreto’ es un sustento económico de vital importancia para el desarrollo del quehacer académico de esta sede regional de la UCR.

“Un eventual escenario que impida la consecución de estos fondos, además de la pérdida de funcionarias y funcionarios administrativos sustantivos para el desempeño de las actividades realizadas en la Sede, también sería un golpe devastador para el mantenimiento y posterior desarrollo de la educación superior en la región, la cual se recuerda que es de las más reprimidas del país en todos los campos”, advirtió el académico.

Los recursos obtenidos han permito la generación de empleos en la región del Pacífico Central y satisfacer las necesidades de contratación de personal de la Sede, que históricamente no han podido ser atendidas por la UCR al no contar con presupuesto suficiente.

De esta manera, en la actualidad, a este presupuesto se cargan los salarios de ocho personas nombradas a tiempo parcial en los siguientes puestos: dos guardas de seguridad, una encargada de activos, una secretaria, una funcionaria de becas estudiantiles, una encargada de suministros, una encargada de archivo y un encargado de servicios generales.

Los guardas de seguridad están destacados en la finca de Nances, en Esparza, donde la Sede del Pacífico ha iniciado la construcción de su futuro campus académico. El resto de funcionarias y funcionarios se encuentran en el terreno ubicado en El Cocal, en la ciudad de Puntarenas, y son los únicos en estos puestos.

La Ley de Pesca y Acuicultura también ha posibilitado la construcción de obras de infraestructura en dicha Sede, así como dar mantenimiento a las ya existentes.

Para el 2018 se proyecta que serán asignados ¢62.5 millones, cantidad que este año se redujo en relación con el 2017, debido a que Incopesca adoptó nuevas medidas para la conservación de los atunes en el Pacífico Oriental, lo que repercute en la cantidad de permisos de pesca concedidos.

Por su parte, la Sede de Guanacaste recibirá este año ¢26 millones mediante la Ley de Pesca y Acuicultura. Este aporte se utiliza para pagar apoyo secretarial a la administración, así como para el mantenimiento preventivo de oficinas, paredes, techos y los edificios de la Sede; mantenimiento y reparación de obras eléctricas y telecomunicaciones; mantenimiento, reparación y actualización del equipo de cómputo y pago de limpieza de zonas verdes u otras áreas.

Al eliminar este ingreso, habría un impacto negativo para el presupuesto del área operativa y de mantenimiento de las instalaciones ubicadas tanto en Liberia como en Santa Cruz, al no contar con fondos para darle continuidad a estas actividades.

En el caso de la Sede del Caribe, por concepto de la Ley 7147 ha recibido un promedio por año de 18 000 000 de colones y por concepto de la Ley 8436 un promedio de 20 000 000 de colones; precisamente, con los primeros fondos se han logrado financiar proyectos de investigación con temas que inciden directamente en el desarrollo económico local, como por ejemplo sobre la producción bananera, asimismo han servido para dotar de equipo a los laboratorios de las carreras de Química e Ingeniería Química.

En cuanto a los recursos provenientes de la Ley 8436, se han invertido en la elaboración de proyectos de investigación con incidencia en el sector productivo-económico, y algunos de los resultados palpables es la creación del primer Censo Pesquero del Caribe Sur Costarricense y el proyecto sobre Estudios Preliminares de Implantación en Costa Rica de la carrera Licenciatura en Ciencias del Mar, y se ha podido brindar apoyo a actividades de transferencia de conocimiento hacia pescadores de la Barra de Parismina, Tortuguero, Matina y Caribe Sur.

“Sin los recursos del Ley 8436 no se podría apoyar en ninguna actividad al sector pesquero y se afectaría el desarrollo social-económico, pues las actividades en que se apoya a los pescadores repercuten en el mejoramiento de la calidad de vida de estos. Lo mismo ocurre con la Ley 7147, ya que no se podría realizar investigación ni socialización del conocimiento generado por esta. Necesitamos estos recursos para que no se vean afectados los proyectos y las actividades que realiza la Sede del Caribe y que benefician a las comunidades de Limón; la investigación y la acción social son vías que sirven para generar y estrechar el vínculo entre la Universidad y toda la provincia limonense”, aseveró finalmente el Dr. Juan Diego Quesada Pacheco, director de la Sede del Caribe.