Costa Rica requiere limitar uso de prisión

En la actualidad Costa Rica tiene más de 2.000 personas jóvenes presas y condenadas a prisión de menos de 6 años. Fotografía muestra instalaciones de la cárcel La reforma en Alajuela, joven realiza serigrafía durante un Trabajo Comunal Universitario (TCU) en, junio del 2013.  

Anel Kenjekeeva

La Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 6 de septiembre del 2017, en Ciudad de México. La misma presentó información relacionada con el aumento de la población penitenciaria en Costa Rica en los últimos años, sus orígenes y consecuencias.

Las organizaciones señalaron que en los últimos años la población penitenciaria en Costa Rica ha experimentado un aumento considerable. Así, indicaron que la tasa de prisionalización es de 352 personas por cada 100.000 habitantes. “Costa Rica tiene una población carcelaria mayor a la de países con mayor criminalidad, como Brasil o Guatemala”, señaló Manuel Rojas, representante de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR.

Indicó que lo anterior obedece a la adopción de políticas de mano dura, que privilegian las medidas privativas de libertad sobre aquellas menos restrictivas; legislación que permite la prisión preventiva por circunstancias ajenas a las permitidas por los estándares internacionales; normas que posibilitan vulneración de garantías reconocidas en la Convención Americana; entre otros. Igualmente, señaló que algunos jueces han sido perseguidos por aplicar la Convención y por realizar sustitución de prisión preventiva por medidas cautelares distintas, aunque permitidas por el ordenamiento.

La problemática

Además de la tasa de prisionalización, el sistema penitenciario costarricense presenta un 40% de hacinamiento total generalizado, de acuerdo con su capacidad real. 

Estos índices tienen consecuencias, entre ellas el colapso del sistema penitenciario costarricense, el hacinamiento carcelario ha generado condiciones de vida precarias afectando los derechos humanos de personas privadas de libertad y particularmente, vulnera los derechos de mujeres, población LGBTI, personas indígenas, población con discapacidad, personas afrodescendientes o adultas mayores; y también ha limitado la capacidad del Estado de cumplir con la función de inserción social a la que se comprometió. 

Gisela De León, de Cejil, agregó que, para que un centro penitenciario funcione de manera adecuada, debe contar con infraestructura apropiada, personal suficiente y capacitado y programas adecuados para la reinserción social. Sin embargo, todos estos factores son insuficientes ante el aumento de la población penitenciaria, lo que a su vez incide negativamente en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

Las organizaciones peticionarias ante la comisión reconocieron los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Justicia y Paz, bajo el liderazgo de la Ministra Cecilia Sánchez, para reducir el hacinamiento penitenciario. Sin embargo, resaltaron que la respuesta a este problema parte de la necesidad de un cambio en la política criminal.

La representante de Cejil en particular se refirió a las afectaciones que sufren dentro de la población penitenciaria, las personas LGTBI, a partir de información obtenida de un diagnóstico realizado en la materia, gracias al apoyo de la Unión Europea. Asimismo, Gisela reconoció que el Ministerio de Justicia y Paz ha realizado esfuerzos para abordar estas situaciones violatorias.

A la audiencia asistió la máxima representante de la cartera, quien informó las medidas que ha adoptado para profundizar en las garantías a favor de la población penitenciaria. Destacó, dentro de su exposición, que actualmente trabaja en conjunto con Cejil en la adopción de un protocolo para la atención de la población privada de libertad LGBTI.

Asimismo, relató que producto de las medidas que ha adoptado ha recibido una serie de ataques de diversos sectores. En respuesta, los representantes de la Comisión Interamericana dieron muestras de su solidaridad. En particular James Cavallaro, Relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad calificó su trabajo de extraordinario y un ejemplo para las Américas.

James Cavallaro, Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Privadas de Libertad (RPPL) señaló: “La RPPL y la Comisión ha destacado, ha aplaudido el proceso actual que hemos constatado del Ministerio que dirige la señora Ministra. Los avances han sido importantísimos. El trabajo que ha hecho a pesar de las presiones la señora Ministra ha sido un trabajo excepcional, es un trabajo ejemplar para las Américas”. Además ofreció el apoyo técnico de la RPPL a las partes para continuar trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en Costa Rica.

En relación a las medidas de mano dura denunciadas por las organizaciones peticionarias, la Comisión indicó que algunos de los factores por los que se permite el uso la prisión preventiva en Costa Rica no son legítimos. Asimismo, manifestó su preocupación por los altos niveles de prisionalización en este país. En este sentido, solicitó información al Estado en cuanto a medidas adoptadas para hacer frente a estas situaciones. Frente a la ausencia en la audiencia de los Órganos del Estado responsables de estas medidas, el Estado se comprometió a enviar información posteriormente.