Casos de violencia a adultos mayores aumenta casi un 20% cada año

Los problemas que más aquejan al envejecimiento son de orientación económico. ¿Qué significa esto para los gobiernos de turno?: una redistribución de las cargas económicas destinadas a diferentes poblaciones, según la incidencia en el incremento de este grupo poblacional, afirmó Zulema Villalta del Conapam.

Maltrato, irrespeto y menosprecio, son algunas de las manifestaciones típicas de violencia que experimentan las personas adultas mayores en escenarios que van desde la atención en instituciones públicas o privadas, hasta en el uso del transporte público, e inclusive en el mismo hogar.

Así lo manifestaron un grupo de siete adultos mayores representantes de las sedes regionales y recintos de Puntarenas, Limón, Guanacaste y Alajuela, quienes compartieron sus experiencias de vida y retos que perciben ante diversas acciones cotidianas. Su presentación se dio en el marco de un Pre-Congreso realizado por el Programa de Posgrado en Gerontología de la Universidad de Costa Rica (UCR) el miércoles 23 de agosto, actividad que encabezó el VI Congreso Internacional de Gerontología que se llevó a cabo el jueves 24 y el viernes 25 en el Hotel Wyndaham Herradura.

Durante la exposición, los ponentes exigieron un mayor respeto, amabilidad, paciencia y calidad en el trato que reciben en diversos servicios públicos y privados, principalmente en hospitales, clínicas, bancos y transporte. La petición responde a una situación de violencia que ha estado viviendo esta población en los últimos años, y que ha incrementado en la cantidad de casos registrados.

De acuerdo con Zulema Villalta Bolaños, Presidenta de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), la institución atiende anualmente cerca de 1.500 reportes, y cada año la cifra aumenta aproximadamente en un 20%. Villalta explicó que ese número se genera no porque exista más agresión a nivel social, sino porque los adultos mayores tienen una mayor oportunidad de denuncia.

Dentro de los espacios más frecuentes de maltrato se encuentran los servicios de salud, el hogar y el transporte público, donde este último es el más común. Beatriz Grant Rojas, adulta mayor y expositora en la actividad, expresó que algunos conductores de autobús del servicio público aún se niegan a aceptar la cédula que los exonera del pago del pasaje. Esa situación se suele acompañar de malos gestos, irrespeto, poca paciencia y la retención ilegal del documento por parte de los choferes.

En cuanto a los servicios de salud, Villalta señaló problemas de infraestructura para brindar una atención óptima a la población adulta mayor. “Cuando hablamos de salud, hablamos de un hospital que ya está colapsado, sin salones modernos, que vuelve grosera la permanencia de las personas adultas mayores. Ellos están para cumplir con un programa de acompañamiento, de dignidad”, indicó.

Un maltrato con secuelas

Filadelfio Sánchez Ramírez, también ponente en el pre-congreso y adulto mayor, enfatizó la falta de calidad en la atención al momento de realizar gestiones bancarias. En ocasiones quienes los atienden suelen evitar el contacto visual, y realizar los trámites sin tomar en consideración las limitaciones típicas de la etapa de la vejez.

“Queremos que se nos atienda con dignidad, como personas que somos, y que se nos respeten nuestros derechos. Deseamos que se eviten las actitudes de rechazo, y se nos dé una buena comunicación, que nos miren a los ojos. No es la primera vez que vamos a un banco y la persona que atiende no levanta la mirada porque es un adulto mayor. Esto es vergonzoso”, mencionó.

Los tipos de agresión que esta población sufre, abarcan desde el físico, sexual, psicológico, patrimonial y de abandono, hasta violencia institucional y estructural. El último se genera por la falta de políticas y recursos sociales para garantizar la calidad de vida de los adultos mayores.

Según información proporcionada por el Conapam, las consecuencias del abuso hacia las personas de edad avanzada genera fuertes repercusiones físicas y psicológicas, entre las que se destacan: daños físicos permanentes, dependencia a los medicamentos, trastornos en la alimentación, depresión, sentimientos de soledad, angustia, miedo y aislamiento, entre otros.

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Normativa poco conocida

Actualmente, Costa Rica cuenta con diez leyes, diez decretos y seis declaraciones internacionales que protegen a las personas adultas mayores. Sin embargo, la presidente ejecutiva de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), Johanna Fernández, afirmó que aún se desconocen, no solo por parte de la población costarricense, sino también por las mismas personas en edad avanzada.

La situación hace que sean más vulnerables ante los malos tratos, la violencia y el abandono. Una de esas regulaciones es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que aborda los derechos para mejorar su calidad de vida en diversos ámbitos de educación, salud, laboral y recreativo, así como laborales, de integridad, de imagen, y a los residentes o usuarios en establecimientos privados.

“Si una persona no conoce sus derechos, tampoco conocerá los canales para hacerlos valer. Cuando sé cuáles son mis derechos, yo puedo contar con una mejor calidad de vida a la medida que los puedo hacer exigibles. En este aspecto la educación es fundamental, tanto para los mismos adultos mayores, como para el resto de la población costarricense”, manifestó.

Otras de las regulaciones existentes son: la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el cual contempla el subsidio de bono de vivienda para las personas adultas mayores sin núcleo familiar; la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que proporciona un fondo económico a establecimientos destinados a su cuido y atención; y la Ley de Protección al Trabajador, orientada a otorgar una pensión a las personas adultas mayores en situación de pobreza.

De igual forma está la Ley 8718, que establece el porcentaje que destinar la Junta de Protección Social a los programas de atención, y la 8153 la cual define el permiso para los establecimientos que pretenda brindar servicios a la población adulta mayor. Finalmente se encuentra la Ley 7972, que asigna recursos al Conapam, y la 7936 sobre el costo del transporte en los servicios de transporte colectivo.