Un estudio elaborado por el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revela que en Costa Rica tener la condición de migrante supone una significativa desventaja de acceso al mercado laboral, a servicios de educación, a la protección social y salud y al uso de productos financieros.
Contrario a lo que se piensa, los hogares con inmigrantes tienden a beneficiarse muchísimo menos de las transferencias sociales del gobierno que los hogares sin inmigrantes, son menos propensos a visitar los centros de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); es mucho menos probable que tengan contratos laborales formales, o que se beneficien cualquier tipo de prestaciones de protección social como salud y pensiones.
El investigador del CCP-UCR, Arodys Robles Soto explica que esta exclusión del desarrollo de una proporción de la población –que no es poco relevante, pues según los últimos cálculos del centro representa entre el 12% y 13%–, es un potencial foco de conflicto y un problema desde cualquier punto de vista muy serio para el desarrollo nacional.
Estos hallazgos permiten a los investigadores hacer recomendaciones de política, entre ellas advertir que la población migrante es parte de la población nacional, que los flujos de personas que entran y salen del país es parte natural de la dinámica poblacional y que debe ser reconocida como parte integral del país.
Los resultados de este estudio, presentado el pasado 21 de julio, incluye recomendaciones de política pública derivada de una investigación empírica desarrollada entre 2013 y 2017 por el CCP-UCR y la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Policía.
Los datos se recogieron a través de una encuesta a 2.236 hogares, entrevistas y datos secundarios de 15 comunidades y 49 entrevistas a fondo con las partes interesadas. Se trata de un análisis robusto, que da cuenta de los contextos político, económico y social del país.
Los migrantes contrario a los no migrantes viven en hogares que en un 26% no tienen el título de propiedad de las tierras que habitan y solo un 4% de ellos son beneficiaros de subsidios. Son personas que representan sin embargo más de un 9% de la fuerza de trabajo, pero sus formas de buscar empleo son muy distintas a la de la población no migrante.
En Costa Rica la agricultura, por ejemplo, se sostiene de forma vital con mano de obra imigrante, sin embargo, la regularización de esta participación va muy atrás, sin acceso a servicios bancarios, seguro de salud y otros.
Los migrantes tienen menos oportunidades de educación, menos opciones de recibir becas o incentivos para seguir procesos educativos, esta diferencia respecto a sus pares costarricenses se debe a varias razones que en mucho tienen que ver con falta de documentación. La recomendación de política pública es poner la mirada sobre esta población que ya es parte de Costa Rica y que crecerá con menores niveles educativos.
La inmigración es una característica importante en Costa Rica y se compone en un 90% de personas provenientes de Nicaragua seguido de un 3% de Colombia, un 2% de Estados Unidos, 1% de El Salvador y un 4% de otros varios países.
El estudio también destaca el hecho de que los costarricenses se unen cada vez más al flujo de personas emigrantes, se calcula que existen cerca de 130.000 ticos viviendo en el extranjero y su principal país de residencia es Estados Unidos, seguido de Nicaragua, Panamá, Canadá y España.
Para 1990 la población emigrante sumaba apenas los 69.400 personas, lo que supone un aumento de casi el 90% en 25 años.
Para los investigadores estos flujos migratorios ofrecen un potencial de desarrollo relevante, pero su potencial aún no se ha alcanzado, según el informe muchos encargados del diseño de las políticas sectoriales todavía no tienen suficientemente en cuenta la migración en sus áreas de influencia, y algunas políticas parecen estar fomentando involuntariamente la emigración.
● Adaptar los programas de capacitación profesional a las necesidades de mano de obra nacional y promover la integración en el mercado de trabajo de los emigrantes potenciales, así como de los inmigrantes.
● Garantizar que los inmigrantes accedan a los programas agrícolas y los títulos de tierras con el fin de aumentar la productividad.
● Ampliar los programas educativos en las zonas con altos índices de inmigración, garantizar la igualdad de acceso y apoyar la educación universal.
● Mejorar la cultura financiera y las competencias empresariales de los hogares en las comunidades con altas tasas de emigración.
● Aumentar de derecho y también de hecho el acceso universal a la protección social y a la salud, a través, por ejemplo, de los planes de pensiones.
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