7 jul 2017Ciencia y Tecnología

Los sospechosos comparten los archivos en redes ocultas bajo la Dark Web, los venden mediante métodos de difícil rastreo como bitcoins o crean foros en donde sólo se puede acceder por invitación o membresía.

Estos son algunos de los métodos que los participantes de redes criminales o bien simples consumidores de pornografía infantil utilizan para producir, difundir y obtener fotografías, videos y otros materiales.

Y es que la existencia de decenas de aplicaciones para los dispositivos móviles o redes de comunicación, el anonimato con el que pueden ser utilizadas y la facilidad con la que se comparten archivos digitales causan que el trabajo de investigación de estos delitos sea complejo para los organismos policiales.

Hoy el sistema que se emplea para la producción y difusión de este tipo de explotación sexual infantil constituye un entramado más allá de simples páginas o grupos de Whatsapp: ha tomado forma de crimen organizado y con ayuda de las tecnologías se ha convertido en un negocio rentable que no conoce fronteras.

Redes criminales

El funcionamiento de las redes de pornografía infantil es diverso y transnacional. Según el informático y abogado Roberto Lemaitre Picado, muchas de las transacciones económicas que se realizan por la producción, compra y difusión de material pornográfico infantil se da por medio de monedas virtuales o bitcoins.

Este método permite al usuario hacer negocios amparado en el anonimato y permite pagar productos o servicios sin que haya participación de un banco o de intermediarios, lo que dificulta para las autoridades el rastreo del dinero.

“La manera tradicional es accediendo a alguno de los mercados de bitcoin como MtGox o Bitcoin.com, que permiten intercambiar dinero convencional, euros o dólares, por bitcoin. En otros países existen cajeros de bitcoins que también sirven para el cambio de esta moneda”, explicó Lemaitre, profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Otra forma es el intercambio de bienes con otros usuarios o la compra y venta de productos mediante el pago con bitcoins.

El negocio de la pornografía infantil es tal que funciona como una forma de crimen organizado y mueve millones de dólares en todo el mundo valiéndose de herramientas como la Dark Web o web oscura (redes que se superponen a la Internet pública y que requieren un software específico o autorización para acceder), que incluye redes de estilo amigo-amigo, o bien grandes redes como Tor y I2P, las cuales funcionan en el anonimato.

“Cada vez es más frecuente encontrar criminales que se valen del anonimato y de los servicios que ofrece la Dark Web porque les permite esconderse; esconder allí el material, crear foros ocultos a los que sólo se puede ingresar si se tiene una membresía o un contacto que te invite y así poder intercambiar el material con contenido sexual infantil”, explicó Fredy Bautista, jefe del Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional de Colombia en entrevista en Noches de Ciberseguridad, programa transmitido por Youtube a cargo del abogado Lemaitre.

De acuerdo con Lemaitre, la Deep Web ha sido aprovechada por el crimen, lo que complica la labor policial para dar con los implicados. Sin embargo, existe la “ventaja de que actualmente las autoridades cuentan con cooperación internacional en materia de protección de menores, y muchos organismos de investigación tienen gente infiltrada para investigar y dar seguimiento” a los casos.

Enganche

Los derechos humanos, así como la salud física y psicológica de los menores de edad, son vulnerados a diario por negocios de este tipo, que se aprovechan de la inocencia y el desconocimiento de la niñez y los adolescentes en la utilización de las redes sociales e Internet.

Simular ser una academia de modelaje o hacerse pasar por otra persona en Internet son algunas de las modalidades que las redes de pornografía infantil utilizan para enganchar a los menores de edad.

Un caso común son las personas que comienzan una conversación con un o una adolescente por medio de redes sociales, a quien le solicitan fotografías o videos con contenido sexual; sin embargo, una vez que el menor de edad se rehúsa a seguir enviando estos archivos, son extorsionados y amenazados con que sus fotografías serán publicadas a sus familiares y amigos.

Otro de los ejemplos más usuales es el abuso sexual por parte de familiares o conocidos cercanos, quienes aprovechan la confianza con el menor de edad y graban las situaciones de violencia para después difundir el material.

Además, aplicaciones de uso común como Whatsapp o Facebook son comúnmente utilizadas para el intercambio de archivos de pornografía infantil, ya sea de contacto a contacto o por grupos de difusión, en los cuales los integrantes que participan pertenecen a diferentes países y continentes.

Algunas redes sociales garantizan la seguridad en la comunicación entre las personas, lo que algunas veces dificulta la labor policial para identificar el funcionamiento de grupos dedicados a la pornografía infantil.

Prevención

Milton Brenes Rodríguez, director del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena), de la UCR, se refirió a la normativa internacional que vela por los derechos de la niñez; tal es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el plano nacional remitió al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley contra la explotación sexual de personas menores de edad.

“Tenemos un panorama en Costa Rica con un marco básico para el abordaje de situaciones que tienen que ver con la niñez y adolescencia expuesta a la pornografía y a situaciones que vulnerabilizan sus condiciones de vida. Costa Rica no puede descuidar el abordaje de este tipo de situaciones. Sin embargo, a mí me da la impresión de que estas acciones no son suficientes”, afirmó el experto.Brenes considera que es necesario trascender el marco legal y la óptica punitiva, y recomienda una perspectiva educativa que brinde las herramientas necesarias para que los menores expuestos a este tipo de situaciones puedan crear su propia autonomía crítica.

El director de Pridena señaló también la importancia de que los adultos responsables mantengan una comunicación plena con los niños y adolescentes. “Es forjar la posibilidad que los niños y las niñas tengan la confianza de comunicarse, de informar sobre situaciones de riesgo que puedan estar merodeándolos y puedan poner en vulnerabilidad sus condiciones de vida. Los padres y madres deberían conversar con total transparencia de estos temas, porque esto posibilita alejar algunos tabús y va forjando dinámicas de confianza que permiten entablar el diálogo”, explicó.

Además, comentó que un aspecto importante es cómo el Estado costarricense forma, apoya y educa a las personas que hacen uso de esos medios, ya “que si no le ponemos un filtro a ese uso, los usuarios se pueden alejar de una concepción crítica y van naturalizando la difusión de imágenes que violentan la concepción del ser humano”.

Por su parte, Lemaitre reiteró la importancia de “hacer un llamado a los padres de familia para que no sólo se mantengan atentos de qué están haciendo sus hijos en las redes, sino que también se informen sobre la cultura digital y puedan aconsejarlos sobre el uso de Internet y los peligros que esta tiene”.

Aunque se intentó conocer la opinión de la Defensoría de los Habitantes sobre el tema, no se logró contacto con la unidad encargada hasta el cierre de esta edición. No obstante, la institución difundió el 2 de junio pasado un comunicado en el que asegura que “urgen acciones concretas para poner fin a la violencia contra los menores de edad”.

“La sociedad costarricense debe superar el morbo, el desgarre de vestiduras y la evasión de su responsabilidad frente a este problema, para pasar a asumir un compromiso conjunto que garantice la efectiva protección a quienes viven situaciones atroces bajo un silencio cómplice, impasible y permisivo”, cita el comunicado.

La Defensoría aboga que la sociedad debe asumir la obligación de denunciar casos de violencia contra personas menores de edad y contribuir con las autoridades para su investigación y el enjuiciamiento de los responsables.

Por ahora, las autoridades costarricenses trabajan en conjunto con organismos internacionales en la lucha contra la pornografía infantil, un crimen que toma como principales aliados las nuevas tecnologías y el anonimato, que no conoce fronteras y se ha convertido en un millonario negocio a nivel mundial, borrando la inocencia y violando los derechos humanos de los niños y niñas.