El desarrollo estructural y económico de las grandes ciudades concentra cada vez más a las poblaciones de mayores ingresos y relega a las periferias a las poblaciones más pobres, así lo señaló durante su visita al país el geógrafo mexicano, Dr. Luis Salinas Arreortua.
El fenómeno se denomina “gentrificación” y aunque forma parte de la realidad de los países europeos desde la Segunda Guerra Mundial, ya se manifiesta en las ciudades de América Latina con dinámicas de segregación y desigualdad.
Según el investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la situación es resultado de las políticas neoliberales adoptadas por los gobiernos locales, mediante las que se convierten los espacios públicos en proyectos comerciales e inmobiliarios.
Las iniciativas desencadenan “una lucha de clases por el espacio urbano“, donde se concentran museos, tiendas, áreas verdes, y espacios de gran valor patrimonial que atraen el interés de los grupos con mayor capital económico y cultural.
La implementación de estos cambios incluyen acciones concretas contra pueblos originarios y poblaciones de menores ingresos, que van desde procesos de “reubicación” y desalojos, hasta incrementos en el costo de alquileres para evitar que puedan mantenerse en esas zonas.
“A partir de la implementación de las políticas neoliberales hay una radicalización, un revanchismo urbano por concentrar a esta población que va a ser útil para la reproducción del capital y del sistema de libre mercado”, denunció Salinas.
El geógrafo afirmó que estos procesos de gentrificación reducen las posibilidades de los grupos más pobres a acceder a bienes y servicios, e incluso, afectan áreas naturales protegidas y mantos acuíferos.
La creación y mejoramiento de la infraestructura de las ciudades desencadena cambios significativos en el paisaje, que distraen la atención de la sociedad respecto a la revalorización económica del suelo y la concentración de la pobreza.
El Dr. Salinas enfatizó la necesidad de que se realice una urgente intervención de los gobiernos locales para garantizar el “derecho a la ciudad” de todas las poblaciones, mediante un acceso más equitativo bienes y servicios.
Concluyó que ante la ausencia de acciones por parte de los gobiernos, la situación debe ser abordada por la sociedad, mediante movimientos de resistencia que como ha ocurrido en diversos países, además de manifestarse, desarrollen iniciativas legislativas que detengan el impacto.
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