Universidad de Costa Rica
Abonos Agro, Mabe, ESPH y BAC San José son algunas marcas que han tenido que enfrentarse a procesos legales por haber violentado el derecho a la libre competencia. Todos esos casos, sin embargo pasaron a la historia sin haber recibido una sanción disuasiva, en procesos específicos.
A estos ejemplos se suma una institucionalidad (encargada de la regulación de competencia) debilitada política y financieramente. Su criterio no es vinculante y eso va en detrimento de los derechos de los ciudadanos; como lo ha sido la insistente recomendación de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) de eliminar la fijación del precio del arroz.
Las debilidades de este derecho de competencia, en específico y en general del derecho a la regulación de los mercados en Costa Rica, quedaron evidenciadas en el conversarorio “El derecho público de regulación: un derecho sin regulación”, en el cual participaron las voces del Dr. Stephan Brunner, econosmista y consultor en temas de competencia y del Dr. Sergio David Alfaro, abogado quien fue Presidente de Coprocom.
Ambos invitados evidenciaron la debilidad para como país garantizar al ciudadano y al mercado una adecuada regulación y aplicación del derecho público de regulación. Un vacío que también se evidencia en las aulas de los futuros abogados.
Al respecto el Dr. Rafael González Ballar, director, Programa de Posgrado en Derecho explica que el derecho de regulación es un campo relativamente nuevo y reconoce que no es aun un área fuerte en la oferta formativa actual, sin embargo ya se incorporaron módulos que trabajan el tema dentro de una materia en posgrados y la discusión se pone sorbre la mesa a través de conversatorios y publicaciones referidas a estos vacíos nacionales.
El derecho público de regulación se refiere no solo al campo de la libre competencia, también atiende la legislación en el campo tributario, comercial, ambiental y laboral. Tiene en general un alcance sociológico y un marco valorativo que ocupa una reflexión interdisciplinaria.
“El derecho a la regulación no es sólo un problema de competencia, también incluye saber cuáles servicios públicos son más sensibles a las personas y se tocan derechos humanos. El derecho a la regulación tiene una vertiente social muy marcada que busca por ejemplo como fin último alcanzar metas de reducción de pobreza, menos corrupción, áreas más sociales que el derecho debería visibilizar”, comentó González Ballar.
Está área del derecho, explica también el especialista en competencia y abogado Sergio David Alfaro, busca la justa distribución de la riqueza y allí radica lo grave de las debilidades actuales en Costa Rica.
En el informe que la OCDE emitió en el 2014, en relación a la competencia en Costa Rica, el organismo internacional ya señalaba retos que permanecen sin evolucionar de forma positiva. Entre otros que hay demasiadas excepciones a la ley de competencia, que se le deba dar más independencia a la institución encargada (está mercada), que las sanciones no son disuasivas y que tiene muy poco presupuesto. Actualmente 10 funcionarios de Coprocom son los encargados de supervisar todos los mercados en competencia del país (exceptuando el financiero, que es el más regulado).