Una mayor protección de los consumidores de los países en vías de desarrollo y un llamado a adoptar e implementar medidas estandarizadas sobre los niveles máximos de residuos de plaguicidas permitidos en los alimentos y en el ambiente forman parte de las recomendaciones surgidas del encuentro internacional de expertos realizado en Costa Rica.
La unificación e implementación de estándares sobre los niveles máximos de residuos de plaguicidas permitidos en los alimentos y en el ambiente es uno de los principales retos al que se enfrentan los países para proteger la salud de los consumidores y propiciar prácticas justas en el comercio internacional.
El Codex Alimentarius, entidad constituida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la encargada de establecer los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y en el ambiente.
Durante el 6o Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas: alimentos y ambiente, realizado del 14 al 17 de mayo en Costa Rica, la especialista de las Reuniones conjuntas FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas (JMPR, por sus siglas en inglés), Yong Zheng Yang, indicó que uno de los mayores desafíos es lograr que los países miembros del Codex acepten y adopten normas estandarizadas, pues de ello depende no solo la seguridad alimentaria por medio de la protección de los consumidores, sino también que el intercambio comercial sea mucho más fluido.
"En estos días hemos discutido en el Congreso que uno de los problemas es la existencia de diversidad de estándares en distintos países. Por eso la importancia del Codex, porque viene a armonizar los estándares internacionales", señaló.
La capacidad del cuerpo científico del Codex para lograr convencer a los países miembros a que adopten e implementen estas normas es otro de los retos que a criterio de Yang se enfrenta en este momento.
La experta hizo énfasis en las ventajas y el impacto positivo del Codex en el desarrollo y la economía de los países, en especial para los productos y exportadores, en vista de que la agricultura sigue siendo el principal motor económico en muchos lugares.
Para Latinoamérica -detalló- los estándares son críticos, puesto que las economías de los países de esta región dependen en gran medida de las exportaciones de alimentos a Estados Unidos y a Europa, en donde muchas veces los productos no son aceptados porque no satisfacen los niveles requeridos.
"Al final, el reto es para los gobiernos de estas naciones. La economía y la producción agrícola se ven afectadas por el rechazo de sus productos", señaló.
Yang se mostró muy complacida por el hecho de que “los países latinoamericanos se involucran cada vez más en el establecimiento de estándares”.
Sin embargo, la funcionaria del Codex destacó que hay que recordar la protección del consumidor local. “Es la mayor implicación para los países”, argumentó en alusión a que las normas estandarizadas deben aplicarse no sólo en los productos para la exportación, sino también en aquellos destinados para el mercado nacional.
El 6o Congreso sobre Residuos de Plaguicidas: alimentos y ambiente se efectuó en el Hotel Wyndham San José-Herradura. Contó con la participación de más de 300 representantes de 50 países, entre científicos, autoridades reguladoras y empresas, y fue organizado por el Centro de Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
La investigadora del CICA, Elizabeth Carazo Rojas, explicó que la participación de representantes del sector de la industria de los plaguicidas obedece a que al igual que los gobiernos (como reguladores), los productores (usuarios de los químicos) y la academia como generadora de conocimiento deben estar informados sobre las nuevas tecnologías y métodos de investigación utilizados en el campo, el mejoramiento de los productos y la labor que las universidades y los reguladores realizan en cada país latinoamericano, entre otros aspectos.
El glifosato es el herbicida más utilizado a nivel mundial desde hace más de 30 años. El desarrollo de la agricultura y la aparición de cultivos modificados genéticamente tolerantes al herbicida han causado un aumento en el uso de este químico.
El investigador y químico analítico de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, Horacio Ramón Beldomenico, trajo al Congreso la discusión sobre el futuro de este herbicida, así como la necesidad de realizar estudios más profundos sobre la situación del glifosato, tras 20 años de haberse comercializado los primeros cultivos tolerantes a esta sustancia.
Según Beldomenico, se han cultivado alrededor de 185 millones de hectáreas en todo el mundo de cultivos genéticamente modificados, de los cuales diez países cultivan más de un millón de hectáreas en sus territorios y tres (Argentina, Estados Unidos y Brasil) representan casi el 80 % del área cultivada.
“Algunos de estos países con una amplia superficie cultivada tienen una gran carga de las distintas herramientas que se utilizan, entre ellas el glifosato, que es el que más se usa”, afirmó el investigador, quien aseguró que esto demanda una especial atención por parte de los sistemas de control y el seguimiento de los usos y residuos de plaguicidas, para evitar que esta situación afecte el desarrollo normal, la preservación del ambiente y la salud humana.
En cuanto a la pregunta ¿convivimos con el glifosato? planteada en su exposición, Beldomenico expresó que hay posibilidades de que este tipo de plaguicida esté “prácticamente en todos lados”, como muestran algunos análisis preliminares que realizó y que indican la presencia del glifosato en muchas matrices y alimentos, así como su incidencia superficial en el agua de los ríos y arroyos, donde se encontraron algunos casos con niveles violatorios a los límites establecidos en Argentina.
“Nos preocupa que reforcemos, al menos en nuestro país, que es donde conocemos un poco la situación, toda la salvaguardia que tiene la sociedad a través del Estado y de todo el sistema científico, para que podamos resguardar la situación de conocer cada vez más sobre los impactos de esta práctica en el ambiente y en la salud de la gente. No pensamos que haya que hacer modificaciones sustanciales al modelo, hasta que realmente no hayamos estudiado a fondo toda la situación”, explicó.
Beldomenico es de la idea que no hay que tomar decisiones apresuradas en relación con el glifosato, como su prohibición por ejemplo, hasta no tener balances más profundos de la situación. Considera que apresurarse puede dar lugar a que los cambios sean justamente pasar a otros plaguicidas que pueden ser más peligrosos si se llegan a utilizar en la misma cantidad con la que se ha utilizado el glifosato.
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