26 dic 2017Sociedad

El ambiente cálido y tranquilo de la comunidad de Térraba es innegable, pero basta recorrer sus calles y callejones de tierra durante algunos minutos para empezar a descubrir las historias de lucha que se esconden en los distintos rincones de este pueblo indígena, ubicado en la zona sur del país.

A pocos metros del centro de la comunidad se encuentra el Liceo Académico Milton Solano. Ahí, un colectivo de vecinos recibe como en otras ocasiones a funcionarios y estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), para articular nuevos procesos de trabajo conjunto.

Con el grupo viajan Allen Cordero y David Maroto, docentes y profesionales de la Escuela de Sociología, viejos conocidos entre los Térraba (o Bröran) y quienes una vez más, ponen a las órdenes de la comunidad su conocimiento académico para acompañar sus luchas y la defensa de sus derechos como ciudadanos.   

Educación, un derecho reciente

El lugar de este encuentro es un símbolo de la realidad que acompaña la vida cotidiana de este pueblo, pues según Paulino Nájera Rivera, un dirigente de la comunidad, hasta hace apenas cinco años era inimaginable contar con un espacio como este para estudiar.

En el pasado, los jóvenes Térraba debían caminar durante horas para llegar a una comunidad cercana que lleva por nombre Brujo y donde, quienes tenían recursos, tomaban el transporte público para ir al Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires en Puntarenas, el centro académico más cercano.

La travesía para ir y volver a clases era de las situaciones más sencillas con las que tenían que lidiar los estudiantes, pues en el día a día cobraban mucho mayor peso los maltratos y la discriminación que algunos o quizás la mayoría, recibían por parte de sus propios compañeros y maestros.

“Mi hijo mayor hizo el técnico pero no le dieron el título, en el comedor lo ponían a lavar los platos y era el último en comer. A los demás igual, incluso tenían que pelear porque los cercaban entre varios y los golpeaban, por ser indígenas tenían que ser mancillados”, afirma Nájera.

Con los años se fueron sumando las petitorias que el pueblo hacía ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) para tener un colegio dentro del territorio. La espera dio como resultado la asignación de “un código” y más tarde iniciaron las clases, primero a la sombra de los árboles, luego en el salón comunal y finalmente en unas pequeñas instalaciones.

Pero los avances conquistados no libraron al pueblo de la confrontación más fuerte que tendrían que dar para consolidar su derecho a la educación, pues el anuncio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís desencadenó la invasión del territorio por parte de no indígenas.

La llegada de estos nuevos vecinos con intereses económicos trajo el ya conocido ambiente de discriminación y violación de derechos a la comunidad y también al espacio educativo, lo que desencadenó la indignación de los Térraba y en febrero del año 2012, dio lugar a un enfrentamiento jamás imaginado.

“Decidimos tomar el colegio, ancianos, mujeres, niños y hombres, había que parar la situación…ellos organizaron un torrente de gente y se vinieron contra nosotros con palos con masas de alambre, coreaban cinco nombres para matar, quebraron los candados, rompieron las mallas, caían las piedras en el techo”, recuerda el líder comunitario.

Tras 40 minutos de “batalla campal”, que según Nájera dejó incluso personas con “la cara desfigurada”, la intervención policial separó a los bandos y dio inicio un proceso de negociación. La comunidad exigió entre otros temas el cese de represiones, la posibilidad de que sus hijos ocuparan cargos en el colegio cuando estuviesen calificados y por supuesto, el derecho de contar con instalaciones adecuadas para impartir las lecciones.

El actual colegio donde se forman alrededor de 150 estudiantes desde séptimo y hasta undécimo año y donde laboran 18 vecinos de la comunidad, es el resultado de una larga espera, pero sobretodo del esfuerzo y la constancia de un pueblo, que como en el pasado, sigue haciendo frente a diversas necesidades.

Serafín Rivera, es uno de los vecinos más longevos de la comunidad de Térraba y a sus 99 años de edad, le preocupa la llegada y permanencia de personas no indígenas en el territorio.  Anel Kenjekeeva

Demandas presentes cada día

A sus 99 años, Serafín Rivera, es uno de los miembros más adultos de la comunidad, pero su edad no es limitación para seguir activo y sobretodo, participar con gran interés en los espacios donde se discuten las situaciones que amenazan la cotidianidad de su pueblo.

Aunque tiene dificultades para escuchar, responde con contundencia cuando le consultan por sus preocupaciones. Sabe que desde hace varios años hay invasión en el territorio, venta ilegal de propiedades, pero sobretodo, no se siente representado por el trabajo que realiza la Asociación de Desarrollo Integral (ADI).

La ADI es el órgano con mayor autoridad político-formal dentro de los pueblos indígenas y por tanto, sus decisiones tienen una importante repercusión en la realidad de la comunidad. Sin embargo, su labor ha sido cuestionada tanto aquí como en otros territorios del país, más aún, tras la participación que han empezado a tener personas no indígenas.

Manuel Villanueva es miembro del Consejo de Mayores en Térraba, una instancia creada hace apenas siete años, e integrada por un grupo de adultos de la comunidad que intentan reivindicar los intereses del pueblo frente a las otras formas de organización que han sido impuestas y que a su criterio, amenazan su legado y también su futuro.

Asegura que la situación en el territorio está empeorando y por eso, han decidido empezar a trabajar en el planteamiento de una nueva estructura de organización, que pretenden llevar ante el Gobierno de la República para exigir cambios urgentes, amparados en los convenios internacionales que Costa Rica ha suscrito.

Pero la organización de la comunidad y la pérdida de tierras no es una preocupación exclusiva de los vecinos de mayor edad. Paolo Nájera Rivera, un joven de 24 años, participa activamente en el proceso de recuperación de la Finca San Andrés, un terreno de 400 hectáreas ubicado en las márgenes del Río Térraba.

Según Nájera, la finca forma parte del territorio indígena y tras estar ocupada durante 70 años por una persona ajena a la comunidad fue vendida como un bien privado. La situación motivó en el 2014 a un grupo de 40 indígenas de las comunidades de Térraba y Macho Monte a tomar la propiedad, donde actualmente siembran cultivos de subsistencia y donde habitan un grupo de familias que exigen que se respete su titularidad de la tierra.

Legado indígena amenazado

La imposición de estructuras occidentales como las ADIS, respecto a la organización y cosmovisión indígena no es una situación reciente y por el contrario, ha consolidado un efecto cada vez más notorio en los diversos espacios de la vida cotidiana de poblaciones como los Térraba.

Fulgencia Ortíz Rivera comenta con nostalgia su preocupación respecto a la forma en que al igual que ella, el resto de sus vecinos de la comunidad reconocen cada día una mayor pérdida de sus tradiciones, realidad que amenaza con la desaparición de su cultura.

Afirma que desde la generación de sus padres, han venido experimentando cambios en la forma de vivir su cultura y entre los que ella destaca la imposición del idioma español y de la religión católica, los cuales han dado lugar a un impacto negativo en la transmisión de su identidad como indígenas.

“Mi mamá me contaba que si no hablaban español en la escuela, los maestros los castigaban y la iglesia católica nos hizo perder nuestra espiritualidad indígena. Yo sé medicina y algunos platillos, también aprendí a hacer vestiditos y los bailes tradicionales, pero el idioma no nos lo enseñaron”, asegura la vecina de la comunidad.

Al mismo tiempo, el trabajo que realiza Inés Villagra Sánchez en este territorio es una muestra de la situación descrita. Oriunda de la etnia Tjerjbi de Panamá, es quien actualmente enseña Térraba en la escuela de la comunidad; un puesto que consiguió tras demostrar su conocimiento en el idioma materno que comparte con este grupo.

Esta madre de 6 hijos dejó de empacar piñas en una transnacional de la zona para enseñar a los niños a comunicarse de forma básica, actualmente trabajo con estudiantes tanto indígenas como no indígenas. La labor no ha sido fácil, pues a la falta de interés de algunos estudiantes se suma la carencia de materiales académicos adecuados para facilitar los procesos de formación.

“Vine a compartir mis raíces y aunque en un inicio muchos niños no lo querían, yo le digo que aprender cultura e idioma no es vergüenza, es orgullo. Siempre hemos creído que lo nuestro no vale, pero yo me siento orgullosa de lo que soy y de poder hablar mi idioma. En nuestro pueblo nos quisieron quitar eso, pero nuestro cacique no lo permitió” comenta la docente.

Actualmente, el trabajo diario de Villagra se apoya en los escasos materiales que funcionarios de la Escuela de Filología de la UCR le ayudaron a elaborar, y por medio de los cuales tiene la oportunidad de enseñar a las nuevas generaciones los nombres de animales, las partes del cuerpo, los números y algunos abecedarios.

Mujeres y jóvenes, poblaciones en desventaja

Isabel Rivera es integrante de la Asociación de Mujeres Mano de Tigre, una de las cuatro organizaciones que opera en el territorio Térraba, pero la única agrupación integrada exclusivamente por mujeres, varias de las cuales, crían a sus hijos mientras cumplen su papel como jefas de hogar.

En su caso, la atención de la casa y sus responsabilidades como madre, se combinan con la búsqueda de ingresos económicos por medio de actividades como la costura y la oferta de servicios de hospedaje en su casa, para los turistas y académicos que visitan esta comunidad donde las opciones de trabajo para las mujeres son escasas.

Rivera está consciente de la importancia que tiene la posibilidad de que al igual que ella, otras mujeres puedan generar sus propios ingresos, pues asegura que en diversas ocasiones la dependencia económica a las parejas o incluso a los padres, las coloca en situaciones de violencia intrafamiliar.

La vecina asegura que junto a la generación de opciones de trabajo, resulta trascendental que las mujeres de la comunidad se sientan más empoderadas, a fin de que puedan incidir en espacios de toma de decisión en los que actualmente sigue primando la visión e intereses de los hombres.

“Los hombres son los que hablan, las mujeres son las que cocinan o hacen la limpieza (...) las mujeres no mandan en el territorio y además, vivimos la violencia desde distintos ámbitos, porque mienten al decir que nosotras también tomamos decisiones”, afirmó la madre de cuatro hijos.  

En medio de este contexto, Kiran Sibaja Rivera de 14 años y estudiante de octavo año en el colegio de la comunidad, sabe que debe prepararse para poder salir adelante como profesional y para propiciar mejores condiciones de vida para su familia y el resto de su comunidad.

Sin embargo, los sueños y aspiraciones de esta joven se ven amenazados ante lo que ella misma valora como una formación impartida por profesores poco preparados, que además carecen de espacios de capacitación para mejorar el conocimiento que llevan a las aulas.

La adolescente asegura que los vacíos del proceso académico merman el interés de otros jóvenes, quienes no en pocas ocasiones prefieren salir del colegio para ir a jornalear o quedarse en la calle, donde se exponen a realidades cada vez más normalizadas en el territorio como la venta de drogas.

Intervención académica con visión social

Las diversas situaciones que plantea la realidad cotidiana de los Térraba evidencian la importancia de que la comunidad académica siga interviniendo en las comunidades indígenas del país por medio de procesos de participación respetuosos de su identidad cultural y del rumbo que plantean para sus pueblos.

Allen Cordero, director de la Escuela de Sociología, enfatizó el compromiso de la UCR de dar continuidad a los procesos de acercamiento que desarrollan  en esta zona desde hace varios años instancias como la Vicerrectoría de Acción Social; al tiempo que se intentan implementar nuevas iniciativas de trabajo conjunto que permitan a esta población mejorar sus condiciones de vida.