18 dic 2017Ciencia y Tecnología

El positivismo del consumidor y las líneas azules ascendentes en los gráficos de crecimiento económico tienen un lado oscuro, que se devela cuando las emergencias climáticas desnudan las vulnerabilidades del actual modelo de desarrollo.

Y es que las metas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y las dinámicas de desarrollo y consumo adheridas al modelo de sociedad agravan el impacto del cambio climático y favorecen que tenga mayor influencia sobre las poblaciones más pobres y vulnerables.

Allen Cordero Ulate, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), cree que para tratar de mitigar los efectos de estos fenómenos ambientales acelerados por el cambio climático es necesario cuestionar al sistema económico que no solo es insostenible ambientalmente, sino que también genera una distribución desigual de sus efectos.

“Hoy día se ve positivo ese crecimiento económico sin control, mientras la emisión de gases del efecto invernadero provoca el calentamiento global. Los efectos que causa esto no son naturales, son sociales”, asegura el académico.

Desde la economía se piensa lo mismo. El economista Marcos Adamson Badilla, de la Escuela de Economía de la UCR, explica que el actual crecimiento económico del país no dará abasto para enfrentar las pérdidas por riesgo que se proyectan para el futuro. En definitiva, es hora de repensar la gestión pública y el desarrollo económico e incorporar las variables de riesgo.

Los efectos de la reciente tormenta tropical Nate y de otros fenómenos naturales incluyen costos crecientes que se calcula podrán superar en el 2030 los $7000 millones. Esta cifra está incorporada en la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, pero aún no se acompaña de acciones suficientes para poder enfrentarla.

El financiamiento de la reconstrucción tras las emergencias es un tema pendiente y solo en el caso de Nate, la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) estimó que las pérdidas superan los $380 millones. El dinero se financió en una primera etapa con recursos propios de las instituciones públicas, pero el Ministerio de Hacienda deberá asumir el costo mayoritario con deuda.

Lo anterior implica que la mayor parte de los efectos de Nate se sumarán al alto déficit fiscal del país y se agravará la situación con cada nueva emergencia. Para el cierre del 2017 la diferencia entre los ingresos y los gastos de Costa Rica será un faltante del 6,1 % del PIB, la cifra más alta de las últimas tres décadas y que supone una estrechez financiera agobiante.

La situación para Costa Rica no es sostenible y lo será mucho menos si las proyecciones por riesgo no se incluyen en los presupuestos, no se contemplan en las cuentas nacionales y se pagan con impuestos, cuando el daño no ha sido causado por todos por igual, advierte Adamson.

En su criterio, quienes están exacerbando los riesgos climáticos, como los grandes extractores de materiales en las desembocaduras de los ríos, no pagan la factura por el riesgo que generan. Este es solo un ejemplo para evidenciar que el sistema económico no está contemplando estos temas.

Hoja de ruta

Lejos de la implementación de políticas asistencialistas tras las emergencias, se plantea la necesidad de una planificación económica y social inclusiva y participativa, que tome en cuenta las demandas de las poblaciones en riesgo, e incluso, sus recomendaciones para la atención de las zonas más vulnerables.

“Prevenir a mediano y largo plazo requiere negociación de diversas fuerzas sociales y políticas, en cambio, atender desastres tiene que ver con políticas de emergencia de corto plazo”, advierte Cordero.

Enfrentar los riesgos del clima implica adaptarse a un presente que cada vez tiene más inundaciones, vientos huracanados y grandes cantidades de agua en espacios reducidos. Estas realidades exigen el levantamiento de infraestructura pública con nuevas características, puentes adaptados con retiros amplios y basamentos diferentes, los cuales no existen en Costa Rica.

Se debe sumar y fortalecer la planificación urbana, que considere los mapas de riesgo y los sitios donde las viviendas, incluso las que se construyen con bonos estatales para la población de menores recursos, se levantan sobre zonas expuestas a los mayores impactos del clima.

“Los grupos más vulnerables se colocan a orillas de los ríos, en terrenos con pendientes muy pronunciadas o con muchas fallas, porque son los lugares más accesibles económicamente, o incluso, llegaron ahí vía toma de tierras o invasiones, porque no les queda otro remedio”, denuncia Cordero.

Tales poblaciones carecen de pólizas que respondan por los daños, o de ingresos suficientes para reponer lo perdido, pero además, antes de que terminen de recuperarse vuelven a convertirse en víctimas de otros desastres que los condicionan a una supervivencia cada vez más precarizada.

“Hay que identificar lugares que son más probables de ser afectados por inundaciones y deslaves y hay que mover viviendas para evitar catástrofes. Los patrones de lluvia extrema van a variar debido al cambio climático y esto puede hacer que áreas donde hoy no hay afectación, de pronto tengan impacto”, explica el economista Juan Robalino Herrera, profesor de la Escuela de Economía de la UCR.

La política pública debe evitar que los lugares de riesgo sean deshabitados de forma permanente, porque los factores socioeconómicos pueden empujar a la población vulnerable a mantenerse e inclusive llegar a estos lugares donde el precio de la tierra es más bajo y terminan construyendo casas más frágiles.

Lo anterior supone investigación y, por tanto, se debe pensar en el financiamiento de esa generación de conocimiento. Actualmente la CNE otorga recursos a la Red Sismológica Nacional (RSN) y al Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la UCR, aunque se necesitan datos de los eventos más comunes como los hidrometeorológicos.

Además, el concepto de país verde y sostenible debe ampliarse, pues ha quedado evidenciado que dentro de parques nacionales no está protegido y eso supone vulnerabilidades crecientes como la colocación de concreto sobre las áreas de recarga de los acuíferos.

Presupuestar el riesgo

Para Adamson es fundamental que las instituciones presupuesten la prevención del riesgo como un rubro visible y separado del resto, porque actualmente los recursos que se utilizan para atender las emergencias no son parte de los presupuestos nacionales, como si se tratara de temas “casuales”.

Sin embargo, las situaciones de riesgo por emergencias climáticas ya son cotidianas y deben por tanto ser parte del presupuesto ordinario. Al respecto, la misma Contraloría General de la República debería generar los cambios para que este rubro de prevención se pueda incluir en los sistemas presupuestales.

La planificación del riesgo debe obligar necesariamente a estandarizar las formas con que cuenta el país para contabilizar y valorar las pérdidas.

La CNE es la única entidad que hace ejercicios exhaustivos para medir en números el impacto del clima, pero estos deben ser llevados a estándares que permitan dar seguimiento de las pérdidas por emergencias en relación con el PIB y que estas estén disponibles y presentes cada vez que se analicen las cuentas nacionales.

Actualmente sigue siendo difícil reconocer el impacto de las emergencias en la formación bruta de capital.