Universidad de Costa Rica
Los indígenas y campesinos en América Latina, son los grupos más afectados con las dinámicas de desarrollo promovidas por los gobiernos en las zonas rurales. Sus tierras son comercializadas o invadidas por grandes empresas, que más tarde las explotan.
Miembros de la academia y activistas sociales de toda Latinoamérica se reunieron en la Universidad de Costa Rica (UCR) para compartir la experiencia de sus países en la defensa de los territorios rurales y tratar de articular estrategias de lucha regional.
La espacio, denominado Encuentro Internacional “Configuración del capital y del poder en los territorios rurales en América Latina” reunió durante una semana a 100 participantes procedentes de la región Caribe, Centroamérica, México y de naciones suramericanas como Argentina y Brasil.
Por medio de ponencias, mesas de trabajo y una gira a comunidades rurales, los participantes reflexionaron sobre fenómenos como la expansión de monocultivos, la firma de convenios comerciales y la intensificación de los conflictos socio ambientales, situaciones reiteradas a lo largo del continente.
La politóloga María José Guillén, miembro del comité organizador de la actividad, reconoció la importancia de fortalecer los lazos de intercambio, que permitan colocar los problemas actuales de la región en el debate latinoamericano e internacional.
El politólogo Andrés León denunció que desde los años 80`s, las políticas neoliberales ejecutadas en Costa Rica generaron una economía agrícola dominada por la producción de monocultivos, exportados por grandes empresas transnacionales.
La situación ha dado como resultado la concentración de la tierra en pocas manos, la coorporativación del campo y un claro detrimento de los sistemas agroalimentarios locales, además de una producción nacional limitada al cultivo de café, palma africana, caña de azúcar, el banano y la piña.
“Exportamos lo que nos sale más barato e importamos lo que nos sale más caro” enfatizó León, para explicar que el 61% de los granos básicos que se consumen en el país; arroz, maíz y frijol principalmente, proceden de mercados externos.
“La política agraria costarricense es el resultado de un pleito entre dos formas distintas de ver el campo…que experimenta una constante y creciente conflictividad social”, asegura el politólogo.
La activista Irma Lemos, aseguró que la lucha por la tierra y los conflictos agrarios que ha experimentado Honduras durante décadas, se agudizaron tras el golpe de estado del 28 de junio del 2009, cuando el gobierno militarizó la localidad del Bajo Aguán y desalojó de sus tierras a los campesinos e indígenas.
La hondureña afirmó que actualmente, la localidad es propiedad de tres grandes terratenientes que cultivan palma africana y que no sólo deforestan la zona para expandir sus plantaciones, sino que también, contaminan los ríos con la liberación de las pilas de oxidación de sus empresas extractoras.
Lemos denunció que además perder sus tierras, las comunidades rurales en Honduras experimentan represión, estigmatización, criminalización y atentados, que ya han dejado como resultado 123 muertes violentas de campesinos y 6 desapariciones forzadas, ante las que no se aplica ningún tipo de justicia.
El forestal Licerio Camey, afirmó que la lucha por la tierra resume todos los problemas que experimenta Guatemala, nación donde desde el régimen miliar y hasta hoy, se ha intentado expropiar a los 22 grupos mayas del país ubicados en tierras fértiles para la producción.
Camey afirmó que el país vive una militarizaron de las tierras indígenas, que ahora en manos de extranjeros, se dedican a la producción de monocultivos de soya, caña de azúcar y la palma aceitera, así como a extracción minera y a la construcción de represas hidroeléctricas.
El miembro de la comunidad maya denunció la pobreza, represión y estigmatización que vive su pueblo y el campesinado rural, como resultado de sus intentos por recuperar su tierra y proteger el medio ambiente, frente a la crisis de corrupción institucional que vive el gobierno guatemalteco.
Por su parte, el activista Amaru Ruíz afirmó que durante la Revolución Sandinista de Nicaragua, se motivó a peones a trasladarse a las regiones en el Pácifico y Caribe del país para expandir cultivos, pero la tierra prometida nunca se les entregó y hasta hoy, luchan por tener la titularidad de sus parcelas.
Sumado a lo anterior, la llegada de grandes corporaciones al suelo nicaragüense, que incluso ocupan territorios indígeneas y bosques, han agudizado la pobreza entre la población, la muerte de diversas poblaciones vulnerables y una economía agrícola condicionada a las decisiones de unos pocos.
Sudamericanos mantienen secuelas de procesos armado
Según el investigador chileno, Edgar Stefano, los efectos de las políticas neoliberales y la dictadura de Augusto Pinochet, generó la privatización de derechos básicos en Chile, tales como la educación, la salud y luz, e incluso el agua o la tierra.
Afirmó que gran parte de la tierra chilena está actualmente en manos privadas y se ha convertido en un nicho de reproducción de capitales extranjeros, que reciben subvenciones gubernamentales exorbitantes, como es el financiamiento del 75% de su inversión inicial o seguros por pérdidas.
Stefano denunció que mientras tanto, las comunidades rurales y los indígenas mapuches organizan movimientos de resistencia contra este modelo de desarrollo, que redujo a 600 mil los 6 millones de hectáreas sobre las que tenían soberanía y los obliga a demostrar legalmente que les pertenece la tierra que pisan.
El académico Gabriel Tobón señaló que Colombia es el segundo país del continente con mayor concentración de la tierra, sólo antecedido por Paraguay, situación que ha dado lugar a significativos conflictos territoriales y agrarios, que han hecho necesaria una reforma rural integral.
Agregó que tras el resiente establecimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se visualizan cambios importantes para el país que ponen en riesgo intereses privados, quienes ya amenazan con impedirlos.
Defensa del derecho a la alimentación, solución de la problemática de las drogas y atención a las víctimas del conflicto, que incluye el reconocimiento de tierras a las víctimas desplazadas, son parte de las acciones con las que sueña el pueblo colombiano.
Tras compartir sus experiencias locales, los participantes levantaron la voz por la defensa de América Latina, donde según el informe de la organización no gubernamental Global Witness radicaba el 60% de los activistas ambientales asesinados en todo el mundo durante el año 2016.