El Derecho de pueblos indígenas a sus recursos es un debate inconcluso en Costa Rica

Costa Rica presenta una amplia población indígena. Actualmente un 7% del territorio nacional es de su ocupación. Gira Alto de Comte y Progreso, 2013. Crédito Dennis Castro ODI-UCR

A pesar de los avances en materia de derechos humanos, la discusión sobre el tema de los pueblos indígenas y sus derechos como individuos dentro del sistema jurídico costarricense, continúa hasta hoy en día. El profesor en Derecho de la Universidad de Costa Rica, Ruben Chacón Castro, en su la charla: "El Derecho de los pueblos indígenas a sus recursos: alcances y limitaciones" expuso de forma clara el de este tema.

Haciendo un repaso histórico, el profesor Chacón cita el inicio del debate indígena desde la época de la colonia. El primer reconocimiento como personas dentro de un sistema ocurrió precisamente en ese momento. Para la corona, lo importante era sacar la mayor cantidad de recursos del nuevo continente. En orden de que los indios pudiesen tributar, se les otorgó ese reconocimiento como individuos. A partir de ahí, se dio una asimilación de su cultura a la sociedad, obligándolos a adoptar el sistema dominante.

Para el año 1921, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzó a abordar la situación de los denominados “trabajadores aborígenes” en las colonias europeas. Era evidente la importancia de contar con una protección especial en los casos en que se veían expulsados de sus dominios ancestrales, convirtiéndose en trabajadores temporeros, migrantes, serviles o domésticos. De esta lucha nació en el año de 1930, el Convenio sobre el Trabajo Forzoso. Todo esto fue el preámbulo para el Convenio No.107 de 1957, en donde se deja en claro el derecho de esta población al trabajo, posesión de las tierras, educación entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo humano.

Costa Rica presenta una amplia población indígena. Actualmente un 7% del territorio nacional es de su ocupación. De ahí la importancia del Estado de establecer una relación clara con este grupo. Para entender un poco esta situación, es necesario remitirse al Convenio 167 de la OIT el cual ratifica el principio de autonomía indígena. En su artículo 7 se les otorga el derecho a decidir sus prioridades como grupo social, a controlar sus tierras, además de su desarrollo económico y cultural. Este artículo adquirió relevancia gracias a resoluciones de la Corte Internacional de los Derechos Humanos que reconocen esos derechos patrimoniales, haciendo que el concepto de territorialidad se expanda.

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica Ruben Chacón Castro, su trabajo se especializa en asuntos indígenas. 

Conflicto de intereses

El profesor Chacón, señaló con preocupación el conflicto actual entre entidades gubernamentales, privadas y grupos indígenas en relación con el uso de los recursos naturales. Si bien se han establecido convenios y declaratorias, la práctica de muchas de ellas es algo diferente. La cantidad de propuestas por parte de grupos empresariales para desarrollar proyectos en zonas de ocupación es grande, y la consulta es el único mecanismo existente para que los indígenas planteen modificaciones, consientan o bien rechacen dichas propuestas. Esto más un sinnúmero de presiones han generado una gran rivalidad debido a un interés de irrespetar el principio de que toda riqueza natural debe ser tratada bajo el concepto establecido de autonomía indígena.

A pesar de los derechos previamente establecidos, los sistemas manifiestan su posición de no involucrase con claridad en resoluciones sobre el uso de recursos como el agua. La situación ha creado una serie de reclamos por parte aquellos que protegen el uso de los recursos frente a al interés de transnacionales por explotar recursos de potencialidad económica.

En los últimos años se ha incrementado la discusión sobre ratificar los derechos indígenas. A pesar de las conquistas obtenidas en esta materia, en el tema de los derechos quedan muchas asignaturas pendientes. Hay jurisprudencia y leyes, más la falta de una posición clara en momentos claves enturbia el panorama de un área con criterios encontrados y donde para algunos el debate sobre los alcances de las leyes de protección a los recursos indígenas continúa.