Mediante recopilación de datos, revisión de titulares y análisis del contexto actual del país, la Tercera Mesa Redonda del Foro Institucional 2017 dio lugar a una fuerte crítica sobre la forma en que los intereses políticos y económicos de los grandes consorcios de comunicación limitan el pluralismo informativo.
El espacio contó con la participación del Dr. Randall Blanco Lizano, Director del Programa Centroamericano de Posgrado en Sociología; la M.Sc. Luisa Ochoa Chaves, profesora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y la Dra. Patricia Vega Jiménez, Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM)
El Dr. Randall Blanco Lizano afirmó que los medios de comunicación constituyen emporios empresariales con capitales diversos, cuya dinámica diaria forma parte del “juego político” y por tanto, los intereses de sus dueños son diferentes a los de la colectividad.
Agregó que, cualquier grupo o persona que quiera ser partícipe de un espacio mediático será convertido en “enemigo de la libertad de expresión” y ante la carencia de recursos económicos que lo respalden, “su palabra podrá ser la más justiciera del mundo, pero es marginal”.
El académico criticó la banalización de las agendas informativas, la autocensura, así como la apropiación del sensacionalismo y el amarillismo por parte de las audiencias, como resultado de una “aguda virulencia discursiva”.
“En la guerra por el rating, se banaliza la violencia, se apela a fotos dolorosas de las víctimas, se normalizan y normativizan culturas patriarcales y misóginas, se convierte a las víctimas en victimarios, se redactan medias verdades” enfatizó el académico.
Ante este contexto, la M.Sc. Luisa Ochoa Chaves planteó el “apagón analógico” que tendrá el país este año como una oportunidad tecnológica para avanzar contra la concentración mediática, pues permitirá el aumento en la cantidad de canales de televisión disponibles.
La investigadora afirmó que los vacíos legales que presenta la actual “Ley de telecomunicaciones”, creada desde 1954, impide que se reconozca la participación de los medios locales y comunitarios, mientras “permite el traspaso y venta de frecuencias”.
Ochoa aseguró que, aunque la concentración mediática del país no se evidencia al realizar una primera revisión a las listas de concesionarios, basta indagar en la propiedad de los grupos empresariales para descubrir los intereses económicos a los que responden las parrillas de programación.
Por su parte, la Dra. Patricia Vega Jiménez advirtió que, los medios que dominan el mercado impondrán siempre a sus consumidores o proveedores las condiciones que beneficien sus ganancias, con lo cual sacrifican el pluralismo informativo.
“Resulta gravemente perjudicial para el pluralismo que un grupo de comunicación tenga simultáneamente, una fuerte presencia en radio, prensa, televisión o medios multimedia, ya que el público recibirá mensajes muy similares por los distintos medios de transmisión, sin que en muchas ocasiones esté consciente de que la fuente de toda esa información es una misma empresa”, explicó Vega.
La comunicadora enfatizó la necesidad de asegurar las condiciones para que un número cada vez mayor de informaciones e interpretaciones circulen dentro y fuera de los países, pues representa una “condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia”.
“La preocupación de la normativa debe tener por objeto, prohibir las concentraciones que disminuyen el número de voces distintas, que participan en el debate y por consiguiente, la diversidad de opiniones”, concluyó.
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