Universidad de Costa Rica
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) hizo pública una nueva exhortación al diálogo entre todas las fuerzas sociales, poderes y sectores políticos, para que se superen las barreras ideológicas y los intereses políticos, y se haga realidad y garantice la inversión pública en educación de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política.
En una declaración conjunta, los rectores de las cinco universidades públicas costarricenses se manifiestan complacidos con el voto número 2016-012803 de la Sala Constitucional, que obliga al Estado a presupuestar el 8% del PIB a la Educación Pública.
Alberto Salom Echeverría, rector de la Universidad Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE); Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica; Julio César Calvo Alvarado, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Luis Guillermo Carpio Malavassi, rector de la Universidad Estatal a Distancia; y Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional, dieron de esta manera su apoyo decidido a este fallo por cuanto constituye una clara reafirmación de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho, del incuestionable impulso al modelo nacional de desarrollo humano inclusivo, centrado en la educación como un Derecho Humano Fundamental que obliga a los poderes públicos, a crear las condiciones para su ejercicio y pleno respeto.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el plan de gastos del Ministerio de Educación Pública (MEP) durante el año 2015, por no cumplir con el mandato constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública en Costa Rica.
Los magistrados se pronunciaron así sobre una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) en el año 2015 y que se tramitaba en el expediente 15-015092-0007-CO, con una sentencia que fue redactada por el Magistrado Fernando Cruz Castro y acogida por unanimidad. En la misma, advierten al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, no volver a incurrir en la omisión de dar el 8% del gasto público para la educación pública.