Universitarios presentan proyecto de ley sobre el derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional

Los derechos humanos y la seguridad alimentaria según el nuevo proyecto de ley tiene relación con aspectos de salud, infraestructura, comercio, así como con la agricultura familiar que ha resguardado el patrimonio agronómico del Planeta (composición fotográfica Cristian Araya).

Un grupo interdisciplinario de especialistas en Derecho, Nutrición y Ciencias Agroalimentarias, que conforman la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR (CISAN-UCR), coordinada por la profesora de la Escuela de Nutrición, Dra. Marcela Dumani Echandi, tuvieron la iniciativa de presentar esta semana ante la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Se trata de un ambicioso documento fruto de la revisión de más de 60 leyes relacionadas con esta temática y promulgadas durante las últimas siete décadas. La elaboración de este proyecto de ley ha sido apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y en ella han intervenido representantes de diversas instituciones como: la Universidad de Costa Rica que coordinó el proceso, los ministerios de Agricultura y Salud, el Instituto Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Producción, el Instituto de Desarrollo Rural y la Defensoría de los Habitantes, la Municipalidad de Santa Ana, algunos diputados y sus asesores, así como representantes de la Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación de Centroamérica (ADHAC).

El profesor de la Facultad de Derecho de la UCR y miembro de la CISAN, Dr. Hugo Alfonso Muñoz Ureña, quien ha tenido a su cargo la facilitación del proceso y la redacción del proyecto, comentó que tras un año de trabajo ha visto la luz un nuevo proyecto, el cual busca aprovechar al máximo los diferentes esfuerzos que se realizan en el país en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional y darles una estructura de sistema que facilite el conocimiento y la gestión de estos derechos en beneficio de la población.

“Hemos querido que el proyecto sea apolítico, porque ha sido trabajado de una forma muy técnica, interdisciplinaria y rigurosa, es un proyecto robusto en ese sentido” manifestó satisfecho el Dr. Muñoz.

Añadió que será presentado este martes 23 de agosto y entregado a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, integrada por diputados y diputadas de varias fracciones, quienes han mostrado mucho interés en la iniciativa.

El Dr. Hugo Alfonso Muñoz Ureña presentó este martes 23 de agosto, ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios los principales alcances del proyecto de ley redactado por un grupo interdisciplinario de especialistas en derecho, nutrición y agronomía. A su lado la Licda. Marlen León integrante de la comisión que redactó el proyecto (foto Laura Rodríguez).

En esta oportunidad estarán presenten también legisladores de otros países de América Latina, que integran el Frente Parlamentario contra el Hambre, un órgano patrocinado por la FAO y que están reunidos esta semana en Costa Rica.

Aprovechamiento de los recursos

De acuerdo con los estudios realizados en el seno de la comisión que elaboró el proyecto, existe más de un centenar de actividades, programas y competencias que en este momento tienen incidencia en la seguridad alimentaria y nutricional del país. Éstas han sido creadas por leyes aun vigentes y son financiadas con fondos públicos. El nuevo proyecto de ley busca articular estos cien componentes.

Debido a que el tema es transversal a varios ministerios e instituciones públicas, la idea no es crear una nueva institución, ni atribuir una rectoría a uno solo de esos ministerios. Se propone la creación de órganos de dirección política y coordinación técnica que articulen procesos y que permitan el funcionamiento del sistema.

Se trata además, dijo el Dr. Muñoz, de que esta ley sea la columna vertebral de dicho sistema, cuyo objetivo es cumplir con el Derecho Humano a la Alimentación; “esto permite pasar del discurso a la práctica, y le da un carácter justiciable al derecho humano” dijo el jurista, quien añadió que con esta ley los ciudadanos pueden exigir este derecho incluso acudiendo a las tribunales, de ser necesario.

Sin embargo, aclaró que la denominación de este derecho humano puede llevar a confusión; “éste obliga al Estado a crear las condiciones para que las personas tengan acceso o puedan producir sus alimentos, y solo en situaciones excepcionales conlleva la obligación del Estado de dar alimentos directamente”.

La defensora de los habitantes Monserrat Solano estuvo presente en la exposición del proyecto de ley y lo calificó de equitativo y participativo. A su lado el decano de la Facultad de Derecho de la UCR, Dr. Alfredo Chirino Sánchez (foto Laura Rodríguez).

Más allá de un plato de comida

Este proyecto de ley no solo tienen que ver con los granos, los frutos y la carne que consumen las personas, sino también con la manera en que la sociedad como tal se organiza para hacer llegar estos alimentos a la mesa de cada uno de sus integrantes en forma digna.

El derecho humano a la alimentación tiene que ver así con la calidad de vida y con el desarrollo de una sociedad, por lo que la ley toca aspectos tan variados como la salud, el agua potable, el ordenamiento territorial, el acceso al crédito y a los mercados.

El Dr. Muñoz mencionó que el proyecto crea un comité ciudadano de control, que participaría en la elaboración de políticas y planes nacionales, y fortalecería la rendición de cuentas.

También, estará legitimado para representar los intereses de la sociedad en materia alimentaria. Esto último podría ser determinante en la lucha contra el fraude alimentario, cuando se utilicen, por ejemplo, materias primas de menor calidad o cuando los alimentos contengan menos cantidad de lo que dice el empaque.

Otro aspecto novedoso de esta ley sería la protección de las agriculturas familiares, las cuales han resistido a la globalización, son más resilientes ante el cambio climático, se basan en la diversidad, son amigables con el ambiente y han resguardado el patrimonio agronómico del Planeta.

Las agriculturas familiares, podrán tener un acceso privilegiado al crédito, contar con un sello que las identifique y les ayude a mejorar la comercialización de sus productos y, además, estos estarán exonerados del pago del registro sanitario.

Los municipios tendrán en este aspecto una mayor participación y, con ello, podrán implicarse en el tema para contribuir al desarrollo humano de su cantón.

Presentación en la Asamblea Legislativa

El proyecto de ley fue entregado a la comisión de asuntos agropecuarios de la Asamblea Legislativa este martes 23 de agosto, el cual fue avalado con la firma de 28 diputados de las distintas fracciones parlamentarias. La diputada Marlen Madrigal Flores valoró la transversalidad del documento, porque contempla la protección del derecho humano a la alimentación desde el uso del suelo hasta la venta del producto.
La defensora de los Habitantes Monserrat Solano Carboni reconoció que dicho proyecto es una iniciativa basada en los derechos humanos y toma en cuenta la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, la medición de resultados, la equidad de género  y pone énfasis tanto en lo regional como en lo local.
Añadió Solano que es un esfuerzo para que las iniciativas que hay en este tema puedan trabajar de manera articulada.
En este enlace pueden ver un video donde se muestra la presentación del proyecto de ley https://www.youtube.com/watch?v=nf4f6Bq7sEQ