Mañana segunda ronda electoral

En la reciente campaña fueron muchas las inquietudes de la comunidad administrativa que ustedes tuvieron que atender. De esas ¿cuáles son las tres a las que usted le daría prioridad como parte de sus funciones si eventualmente es electo miembro del Consejo Universitario y por qué?

Esta primera ronda fue muy enriquecedora porque pudimos palpar las inquietudes del sector.

Hay temas que son súper clásicos como la Junta de Ahorro y Préstamo, el interinazgo y buscar una mayor representación del sector en los órganos de toma de decisiones.  Esos temas son inclaudicables.

Sin embargo en la coyuntura actual yo no pierdo de vista la defensa de nuestra Convención Colectiva que se vence en el 2017, porque aunque la negocia la administración, el Consejo Universitario es el que la ratifica y tendríamos influencia política en ese proceso.

La negociación del FEES, que ya inició, está muy dura con el Ministerio de Hacienda y los miembros del Consejo Universitario deben apoyarla políticamente para lograr la mejor negociación para los próximos cinco años.

Y en tercer lugar creo que es importantísimo conciliar en procura de lograr acuerdos en materia salarial, para proteger los derechos adquiridos y la consolidación de todos los puestos de trabajo.

La actual administración ha dicho que hay que revisar el sistema salarial. Sin embargo eso tiene un límite y el límite objetivo jurídico son los derechos adquiridos de buena fe por parte de los funcionarios.

Si se pueden revisar y como miembros del Consejo Universitario es válido, pero sin pasar por encima de los derechos válidamente adquiridos.  Esa es mi posición.

Le daría prioridad al interinazgo, porque los interinos tienen el mismo peso presupuestario: cuesta igual pagar a un interino que a una persona que está en propiedad. Lo importante es analizar con la Oficina de Recursos Humanos cuáles son esas plazas, cuáles son susceptibles de sacar a concurso y sacarlas a concurso. Acabo de conversar con un funcionario hace dos horas, que tiene 20 años de ser interino en la Universidad. Eso no puede ser.

En segundo término, articular y crear la Asamblea de Funcionarios Administrativos y en tercer lugar devolverle la confianza al sector que es lo que encontré más deteriorado en mis giras por la universidad.

Y ¿cómo se le devuelve la confianza a este sector? Con trabajo, ejerciendo un liderazgo positivo en el Consejo Universitario y que nuestro representante sea una mezcla entre firmeza y conocimiento profesional de los temas, y que mantenga una comunicación permanente con el sector.

Algo que también le va a devolver la confianza al sector es que el representante tenga un pie dentro y otro fuera del Consejo Universitario, que rinda cuentas por todos los medios de comunicación existentes.  Esto último prácticamente es un clamor: que el miembro administrativo en el Consejo Universitario no solo realice su trabajo, sino que diga en qué está trabajando, que no se desconecte del sector. Para ello, me comprometí a hacer visitas periódicas a las sedes porque no quiero que digan me vino a pedir el voto y nunca más volvió. Yo separaría las tardes de los viernes para dedicarme a visitar centros de trabajo y a recibir gente. Porque yo tengo un buen nombre y al salir del Consejo Universitario en cuatro años quiero seguir teniéndolo.

Hay dos temas sobre la mesa pendientes que usted ya los mencionó: el referente a las anualidades, si se van a bajar o no, y el de la Convención Colectiva que, aunque no se sabe si alguna de las partes la denunciará, está vigente hasta el 2017. ¿Ha pensando en cómo podría contribuir usted desde el Consejo Universitario a que para ambas temáticas se den alternativas positivas tanto para la Institución como para las y los trabajadores?

En estos días me he enterado que personas mal intencionadas han empezado a esparcir rumores de que soy el candidato de la administración. Siempre satanizan a la persona que no pertenece al sindicato. Sin embargo en mi despegable informativo yo resalto fundamentalmente esos temas: Convención Colectiva, negociación del FEES y defensa de los derechos adquiridos, concretamente el 5.5% de anualidad y cualquier otro derecho laboral.

Sabiendo inclusive que la negociación de la Convención Colectiva es del resorte de la administración y del sindicato, y sabiendo también que las decisiones en materia salarial son del resorte de la administración, si un asunto de estos llega al Consejo Universitario soy del criterio de que los derechos válidamente adquiridos se respetan, no se cuestionan. Cualquier moción dirigida cambiar esto va a tener de mi parte un voto negativo.

Si la administración quisiera revisar lo relacionado con el 5.5% de anualidad, ya pasaron los cuatro años que la Ley de Administración Pública concede para revocar un acto administrativo. Entonces, en sede administrativa no se puede cambiar esto, tendría que llevarse a un Proceso Contencioso Administrativo de Lesividad y ahí la administración tendría que presentar estudios. Pero, si el Consejo Universitario quiere tomar un acuerdo por sí mismo para revocar el 5,5% de anualidad, yo estoy comprometido a votar en contra, porque no es el procedimiento legalmente correcto, mal haría yo votándolo a favor.

Con respecto la Convención Colectiva, no necesitamos un líder que a ultranza crea que él es el bueno y los otros los malos, eso es maniqueísmo.  Necesitamos un líder del sector que camine por la senda del equilibrio. Considero que puedo ser ese líder que hable tanto con el sindicato como con la administración. Lo importante es llamar a negociación cuanto antes y como autoridad universitaria sería un líder positivo para llamar a la unidad de toda la universidad sobre todo en esta coyuntura con tantas amenazas externas e internas. Tenemos que construir juntos.

De la Junta de Ahorro se ha hablado mucho también en la campaña. ¿Qué cambios podría gestionar usted desde el Consejo Universitario para que este ente responda de forma más adecuada a las necesidades de los usuarios?

En el año 1993 me correspondió el honor de integrar el equipo que le realizó una Auditoría Integral a la Junta de Ahorro y Préstamo, que sentó las bases de la que hoy es la Junta de Ahorro y Préstamo. En este 2016, también me ha correspondido integrar el equipo de auditores que hemos realizado una Auditoría Integral a la Junta de Ahorro y Préstamo.

Hasta ahora hemos presentado informes parciales para validar resultados en administración de créditos, naturaleza jurídica de la Junta, tecnologías de la información, tasas de interés, inversiones, políticas de crédito, funcionamiento de la Junta Directiva, etc.

Por lo tanto tengo todo el conocimiento para proponer desde el Consejo Universitario mejoras para los próximos 15 años. Como el informe no ha sido emitido, estoy bajo el umbral de la confidencialidad. La buena noticia es que este informe será remitido al Consejo Universitario y espero ser de los que lo analicen para poner en marcha las recomendaciones. Esto llevaría a una mejora sustancial en la Junta de Ahorro y Préstamo.

De cara a toda la comunidad universitaria y a la sociedad costarricense ¿cuál es la visión que usted tiene de las funciones que debe jugar el Consejo Universitario?

El Consejo Universitario debe ejercer y llevar a cabo lo estipulado en el artículo 30 del Estatuto Orgánico. Fundamentalmente debe emitir políticas reales, alcanzables, fiscalizar la gestión de la Universidad apoyado por la Oficina de Contraloría Universitaria y la Oficina Jurídica.

Además, debe tener el liderazgo que la Universidad necesita en esta coyuntura en la cual la comunidad nacional está pidiendo cuentas por cada colón invertido y tenemos que ser un modelo.

Yo creo que la Universidad de Costa Rica ha dado mucho a la sociedad costarricense y puede dar mucho más, pero tiene que contar con un Consejo Universitario integrado por personas sanas, con compromiso, trayectoria, capacidad de negociación y de disentir con respeto, y con conocimiento jurídico, nociones presupuestarias, visión administrativa, experiencia en la gestión universitaria, inteligencia emocional y firmeza para decir que sí o que no sin enojarse nunca.

Quiero devolverle la confianza al sector con compromiso, entusiasmo, diligencia y sacrificio. Esa es mi meta.

En la reciente campaña fueron muchas las inquietudes de la comunidad administrativa que ustedes tuvieron que atender.  De esas inquietudes ¿cuáles son las tres a las que usted les daría prioridad como parte de sus funciones si eventualmente es electo miembro del Consejo Universitario y por qué?

Una primera prioridad es lo referente a la defensa de la Convención Colectiva. La Constitución Política habla de las convenciones colectivas y el Código de Trabajo establece quiénes las negocian. Pero el Consejo Universitario como órgano ficalizador tiene que velar por el cumplimiento de la ley, tiene que conocerla y respetarla.

Esa sería una negociación entre el SINDEU y la Rectoría como corresponde, pero desde el Consejo Universitario como lo establece el artículo 30 del Estatuto Orgánico estaríamos también siendo parte de la defensa de la Convención Colectiva: primero, porque no se puede negociar a la baja, sino en mejoría.

Sabemos que la actual Convención Colectiva adolece desde hace años de una verdadera política de manejo de los recursos humanos que lleve al nombramiento de personas en igualdad de condiciones en todas las unidades académicas, lo cual se violenta aún más cuando se habla de contrataciones vía FUNDEVI, que va por la libre a pesar de que sus directores son todos vicerrectores.

En la UCR adolecemos de un médico que atienda las enfermedades laborales. Hace seis meses solicité a Recursos Humanos un informe de los principales accidentes laborales atendidos en el INS y la CCSS, para ubicar qué áreas de la Universidad tienen más problemas. Esa debe ser la base de la salud laboral, pero no ha sido posible obtener la información.

Por eso desde el Consejo Universitario vamos a solicitar que se haga esa radiografía necesaria para conocer cuántos accidentes existen, por qué, si se dan en hombres o mujeres. Hemos escuchado de oficinas donde se da mucho el cáncer en mujeres asociado con el estrés. Desde ese punto de vista la Universidad tiene una ausencia total de una política de manejo de los recursos humanos.

A veces estas afirmaciones me convierten en una persona incómoda, pero lo que es molesto es que trabajemos en una Universidad donde en sus aulas se indique qué se debería hacer en una empresa pública o privada en la materia, y que a lo interno eso no se aplique.

El otro gran tema es el de la seguridad. Tal vez la gente no lo percibe tanto, pero en esta vivencia cotidiana sabemos que los campus están creciendo y los edificios cada vez son más, lo cual es muy bueno.

La queja va en el sentido de la mala planificación. Si se construye un edificio eso debe contemplar no solo la compra de muebles y equipos, sino al personal y las condiciones de trabajo de ese personal. La visión que a uno lo inquieta es quién toma decisiones en la universidad con respecto a las inversiones.

La respuesta creo que la sabemos todos: la Rectoría. ¿Y el Consejo Universitario? Hace años que el Consejo Universitario dejó de ser el contrapeso político con respecto a esas decisiones y también dejó de ser el órgano que genera las políticas institucionales. Aquí se ha perdido el rumbo, pareciera que las políticas institucionales las dicta la Rectoría y arrastra al Consejo Universitario hacia donde quiere. Eso es muy grave y es lo que ha estado sucediendo.

Esto es palpable en el aspecto de la seguridad del que hablaba. Hoy día hay 50 oficiales de seguridad menos y una población creciente. Tenemos informes de los asaltos que ocurren en el campus, que se trasiegan drogas e incluso armas dentro de la universidad, situaciones altamente riesgosas. La falta de vigilancia hace que seamos altamente vulnerables.

Al respecto uno se pregunta ¿qué pasa con el Consejo Universitario? y ¿qué pasa con los medios de comunicación universitarios?, que hoy día son voceros oficiales de la política de la Rectoría.

Desde el Consejo Universitario vamos a ir trabajando sobre todos esos puntos que garanticen un ambiente más democrático y más estable. También de llegar al Consejo Universitario, en noviembre estaría convocando a la primera asamblea general del personal administrativo y en los meses de enero y febrero iniciaríamos las visitas a las sedes, todo en busca de una universidad más democrática.

En resumen buscaremos consensos donde los hay, pero seremos férreos en la defensa de la Convención Colectiva, el FEES y la Autonomía Universitaria.

Hay otro tema adicional al de la Convención Colectiva que usted ya mencionó y es el referente a las anualidades, si se van a bajar o no. ¿Ha pensando en cómo podría contribuir usted desde el Consejo Universitario a que se dé una alternativa positiva en ambos temas tanto para la Institución como para las y los trabajadores?

El beneficio para la Institución es uno. ¿Qué nos marca? La Constitución Política, que dice que somos una entidad de educación superior donde hay libertad de cátedra y de expresión. Tenemos autonomía para darnos gobierno. Pero también la Constitución Política dice en otro de sus artículos que aquí se aplica el imperio de la ley. Está claro que la Universidad no es una entidad privada, si no pública autónoma.

Entonces no cabe la interpretación de nadie sobre ¿qué va a pasar con la Convención Colectiva? La convención está dictaminada en la Constitución Política y en el Código de Trabajo en seis o siete artículos, que mencionan quiénes negocian una convención, qué pasaría si incluso desaparece el sindicato y al día de hoy la ley es muy clara: la Convención Colectiva está, la convención no muere ni siquiera desapareciendo el SINDEU, porque los derechos están garantizados por la Constitución y el Código de Trabajo.

Esto me sirve para aclarar algunas informaciones totalmente infundadas que se han generado en el sentido de que el SINDEU no tiene la capacidad legal para firmar la Convención Colectiva. Eso es falso, muy grave y está generando mucho temor.

En cuanto a las anualidades, es el rector el que ha venido diciendo que es la anualidad la que genera distorsión en el presupuesto institucional. En los dos foros que se efectuaron en setiembre de 2015 sobre el tema y en el que me tocó en suerte participar, usando los documentos de la UCR firmados por el vicerrector Carlos Araya en cuatro o cinco párrafos dice que la universidad goza de estabilidad financiera, que tiene solidez y no se vislumbra ningún problema.

Lo que está claro es que el rector es quien debería explicar por qué fue a la Asamblea Legislativa en el 2013 a decir que venía una crisis y empezó a atemorizar con eso. La administración montó una estructura en la que algunos especialistas de Ciencias Económicas mostraban unos cuadros y decían que la Universidad colapsaba financieramente en el 2015. Y resulta que eso no es cierto. Incluso Pablo Sauma indicó entonces que esas eran estimaciones, que podían ser o no ser. Creo que en esos foros se logró demostrar que lo que el rector dice es su parecer, incluso llegó a afirmar que algunas obras de infraestructura no se realizaron por culpa de las anualidades.

Al respecto yo pregunto ¿quién determina en esta universidad qué inversiones de infraestructura se hacen? Yo quisiera saber si OEPI u OPLAU cuentan con una lista de edificios a construir o remodelar. Si llegamos al Consejo Universitario vamos a pedir esa lista, porque por sentido común la Universidad debería tener una que indique qué edificios requieren ya de una intervención. Sabemos que el edificio de Bellas Artes tiene años se estarse cayendo, pero no lo han intervenido, ¿será porque no tiene peso político?

Entonces ¿por qué el rector culpó a los trabajadores de la crisis financiera cuando no la hay? Es más ya se dejó de hablar al respecto. La anualidad es un derecho que está consagrado en la Convención Colectiva. Es cierto que en un artículo se habla de un 3%. Pero está también el artículo 79 de la misma que indica que todo aquello que llegue de más a beneficiar a las y los trabajadores, se queda. No fuimos los trabajadores quienes aumentamos la anualidad, fue el Consejo Universitario. Eso no se puede tocar. En principio ningún trabajador puede renunciar a un derecho, porque al hacerlo daña a la colectividad.

Lo que sí es una preocupación son los empréstitos. En el 2015 se hablaba de seis mil millones. La universidad está pagando por decirlo así alquileres por un dineral a los organismos financieros y seguimos endeudando a la Universidad. ¿No se estará poniendo en riesgo el futuro de la Universidad?

Debe quedar claro que el tema de la anualidad está agotado, porque no es el que está causando distorsión en el presupuesto. A mediano plazo, por la situación que vive el país, deberíamos sentarnos con las autoridades a ver qué ajustes se hacen, pero no en aspectos fundamentales y teniendo siempre como meta el compromiso social con la sociedad.

De la Junta de Ahorro se ha hablado mucho también en la campaña… ¿Qué cambios podría gestionar usted desde el Consejo Universitario para que este ente responda de forma más adecuada a las necesidades de los usuarios de sus servicios?

El tema de la Junta de Ahorro y Préstamo es fundamental y prioritario, porque toca a la gran mayoría de funcionarios y funcionarias. Al respecto todo parece indicar que el problema no es un uso indebido de fondos, sino una mala planificación en el uso de los mismos. Esto ha sucedido porque hace unos años el Consejo Universitario le extendió a la Junta un cheque casi en blanco para que se manejara por sí misma y eso hizo que se alejara de algunos conceptos sociales.

Sé que para algunas personas con muchos recursos créditos para segunda vivienda, viajes al exterior e inclusive para cirugías estéticas es algo bueno, pero eso es perder el norte de lo que estipula la ley de 1956 de la Junta que especifica su fin social. Creo que la Junta debería ser promotora y gestora para la compra de vivienda. ¿A cuántos compañeros universitarios ni siquiera les da el salario para pagar un préstamo para compra de vivienda? Y no olvidemos que hay compañeros que están endeudados hasta más no poder y a uno le preocupa que la Junta se esté convirtiendo más que en una junta de ahorro en una de endeudamiento.

Desde el Consejo Universitario existe una responsabilidad de rescatar esos valores, porque la Junta hay que sostenerla y mejorarla, pero con un sentido social. Estamos esperando un informe de la Contraloría Universitaria al respecto que nos ayudará a ver cómo está realmente la situación.

De cara a toda la comunidad universitaria y a la sociedad costarricense ¿cuál es la visión que usted tiene de las funciones que debe jugar el Consejo Universitario?

El papel que le asigna el Estatuto Orgánico. Al Consejo Universitario le compete fiscalizar toda la labor de la Universidad, desde por qué se está despidiendo a un compañero violentándole sus derechos hasta aspectos de planificación macros.

El presupuesto de la Universidad es monstruoso. Yo quisiera que los compañeros en las unidades académicas lean el presupuesto y si no están de acuerdo con lo que las autoridades superiores les han designado me indiquen qué partida consideran que se debe mejorar o cambiar y desde el Consejo Universitario empezar con grupos de trabajo a decir por qué una partida no es la correcta. Todo esto en apoyo a la docencia, porque justamente el personal administrativo es el que más conoce al respecto, es el que lleva las bases de datos, el que hace el trabajo de campo, etc.

Reitero, el Consejo Universitario debe volver a sus funciones originales y personalmente si llego al Consejo iré a hablar uno por uno con los otros miembros para hablar de estos temas y buscar consensos, porque ¿qué estudiante se va a oponer a que hayan más aulas, más profesores, más oferta académica, mejores becas, más oportunidades? y ¿qué docente o funcionario administrativo se va a oponer a que haya más trabajo bien pagado y estable y condiciones de respeto?

Yo visualizo que lograremos verdaderos consensos y en ciertos temas que cada quién vote según su pensamiento. No vamos contra nadie, queremos que la Universidad sea una verdadera democracia, un lugar de intercambio de ideas, que cada quién cumpla con su norte a sabiendas de que los administrativos no somos personal de apoyo sino complemento en la docencia, la investigación y la acción social.